Cansados de una seguidilla de delitos que afectan el riego y encarecen la producción, empresas y agricultores están invirtiendo en infraestructura defensiva para resguardar sus transformadores. Mientras el gremio advierte pérdidas millonarias y cuestiona la baja penalidad del delito, el gobierno confirmó un foco investigativo por posible banda organizada.
La reiteración de robos de transformadores eléctricos en sectores rurales del Limarí está empujando a los agricultores a adoptar medidas extremas de autoprotección, como la construcción de bóvedas de hormigón para resguardar su infraestructura, ante un escenario de pérdidas millonarias, interrupciones productivas y una persistente sensación de inseguridad.
Uno de los casos más representativos corresponde a una empresa agrícola de la comuna, que durante el año 2025 ha sufrido cinco robos de transformadores en distintos predios, situación que terminó por gatillar la decisión de invertir en seguridad estructural para evitar nuevos ataques.
“Durante 2025 sufrimos cinco robos de transformadores en distintos predios de la empresa, lo que nos obligó a destinar recursos adicionales en seguridad, encareciendo la operación”, señalaron desde la firma, agregando que el último hecho ocurrió hace algunos meses, pero que la amenaza sigue latente.
La preocupación no se limita solo a los transformadores. En el entorno agrícola, los productores advierten que también se han registrado robos de cables, equipos de riego e incluso maquinaria, lo que ha instalado un clima de alerta constante en sectores rurales.
“Si no hay soluciones de fondo, tenemos que proteger nuestros bienes. Hoy la sensación es que hay que cuidarse todo el tiempo; ya no basta con poner carteles de propiedad privada”, lamentaron.
ROBO CERCANO A LA CIUDAD Y PÉRDIDAS MILLONARIAS
La problemática también ha afectado directamente a dirigentes del sector. El director de la Sociedad Agrícola del Norte (SAN), Ulises Contador, fue víctima del robo de un transformador el pasado 24 de diciembre, en el sector El Reloj, un área agrícola ubicada a escasa distancia del radio urbano de Ovalle.
Según explicó, el impacto de estos delitos va mucho más allá del equipo sustraído. “El daño no es solo el transformador. Cuando se corta la energía se queman bombas, fallan los tableros eléctricos y se pierden días completos de riego”, señaló, detallando que en algunos casos las pérdidas por poste pueden fluctuar entre 5 y 9 millones de pesos, considerando los daños colaterales.
Contador advirtió además que este tipo de hechos se tipifican como robo en lugar no habitado, una figura penal que a su juicio no refleja la gravedad del daño provocado. “Es uno de los delitos con menor penalidad en Chile, pese a que genera perjuicios enormes para la agricultura. Eso influye directamente en que se repita”, sostuvo.
Desde el gremio agrícola también alertan que los transformadores no son retirados completos, sino destruidos en el lugar para extraer el cobre, lo que refuerza la sospecha de una acción planificada. “Aquí no se roban el transformador: lo destruyen para sacar el cobre, que puede llegar a cientos de kilos según el tamaño del equipo”, explicó.
AUTORIDADES CONFIRMAN FOCO INVESTIGATIVO
Frente a este escenario, el seremi de Seguridad Pública, Adio González, reconoció que los robos de transformadores y otros equipos agrícolas se han vuelto reiterados en Ovalle y en distintos puntos de la provincia del Limarí, afectando directamente el riego y la producción.
“Hemos detectado robos de transformadores, paneles solares y válvulas de riego en predios agrícolas, lo que genera pérdidas importantes y no permite regar las plantaciones”, indicó la autoridad, detallando que hace aproximadamente un mes y medio se conformó un equipo de tarea interinstitucional con Carabineros, PDI, fiscalía, municipios y agricultores afectados.
Como parte de ese trabajo, la fiscalía local de Ovalle levantó un foco investigativo para agrupar las causas, analizar los modos de operar y perseguir penalmente estos delitos. “Creemos que está operando una banda organizada que está robando particularmente transformadores, botando postes y cables de cobre”, afirmó González, precisando que si bien aún no hay detenidos, existen sujetos de interés y reuniones de seguimiento programadas para evaluar avances.
El seremi destacó además el trabajo público-privado, por el cual los agricultores han optado por instalar cámaras y mejorar luminarias, con apoyo técnico en georreferenciación y especificaciones, mientras las policías refuerzan patrullajes y análisis investigativos.
Mientras avanzan las investigaciones, los agricultores del Limarí reconocen que la construcción de bóvedas, el reforzamiento de instalaciones y la inversión en seguridad se han vuelto parte del nuevo paisaje rural. Una respuesta forzada ante la reiteración de robos que, advierten, no solo amenaza la producción, sino también la tranquilidad de quienes viven y trabajan en el campo.