Las autoridades se mostraron dispuestas a someterse a cualquier examen que fortalezca la transparencia, apuntando además, a los desafíos que implicará la puesta en marcha de la nueva normativa que viene a redefinir el rol municipal en seguridad. Eso sí, llaman a adecuar la ley a las realidades urbanas y rurales.
El Senado aprobó la pasada semana el proyecto de ley que fortalece el rol preventivo de los municipios en materia de seguridad pública, marcando un hito en la tramitación de una de las iniciativas más relevantes del último tiempo en el ámbito local. Con este respaldo, la propuesta avanza a su tercer trámite legislativo en la Cámara de Diputados, acercándose a su fase final antes de convertirse en ley.
La iniciativa busca modernizar y consolidar la institucionalidad municipal en la prevención del delito, otorgando un marco legal claro al trabajo que hoy realizan cientos de funcionarios en patrullajes, fiscalizaciones, sistemas de televigilancia y apoyo operativo a las policías. En paralelo, responde a una demanda creciente de los territorios por mayor presencia preventiva ante el aumento de delitos y la sensación de inseguridad en diversas comunas del país.
UN MARCO CLARO
Al respecto, la alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, destacó que el proyecto delimita de manera precisa las funciones municipales, sin traspasar atribuciones exclusivas de Carabineros y la PDI.
“Justamente lo que hace esta ley es determinar claramente las funciones que cumplirían los municipios en relación a la seguridad ciudadana. No traspasa el límite de las facultades de las policías, porque deja establecido que la seguridad y el orden público siguen bajo su responsabilidad”, afirmó la edil.
La edil explicó que, una vez publicada la ley, los municipios podrán participar formalmente en los comités policiales y reforzar labores que ya desempeñan, como patrullajes preventivos, análisis de información y fiscalización de situaciones que afecten la convivencia local. En La Serena, indicó, existen experiencias previas como los patrullajes mixtos con Carabineros bajo el convenio OS-14.
UN MARCO CLARO
Al respecto, la alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, destacó que el proyecto delimita de manera precisa las funciones municipales, sin traspasar atribuciones exclusivas de Carabineros y la PDI.
“Justamente lo que hace esta ley es determinar claramente las funciones que cumplirían los municipios en relación a la seguridad ciudadana. No traspasa el límite de las facultades de las policías, porque deja establecido que la seguridad y el orden público siguen bajo su responsabilidad”, afirmó la edil.
La edil explicó que, una vez publicada la ley, los municipios podrán participar formalmente en los comités policiales y reforzar labores que ya desempeñan, como patrullajes preventivos, análisis de información y fiscalización de situaciones que afecten la convivencia local. En La Serena, indicó, existen experiencias previas como los patrullajes mixtos con Carabineros bajo el convenio OS-14.
RECURSOS, UN PUNTO CRÍTICO
Uno de los temas que genera mayor inquietud, sin embargo, es la disponibilidad de recursos frescos y permanentes para sostener las nuevas obligaciones. Norambuena fue enfática en cuanto a que la efectividad de la ley dependerá de su financiamiento.
“Esperemos que no sea letra muerta. Tiene que venir con recursos, porque la ley en papel no sirve para las labores preventivas. Me imagino que el reglamento posterior establecerá una distribución equitativa según población y complejidad delictual”, sostuvo.
Al respecto, la autoridad agregó que los municipios deberán seguir postulando a proyectos de la Subsecretaría de Prevención del Delito para mejorar equipamiento, tecnología y capacidades operativas.
No obstante, Norambuena destacó que La Serena se ha adelantado a los requerimientos del proyecto, preparando perfiles de cargo acorde a las exigencias del curso OS-10, además de capacitaciones constantes con Carabineros.
Sobre el uso de tecnologías de monitoreo, aseguró que la privacidad de los vecinos está protegida, ya que la información solo se trabaja con las policías y el Ministerio Público. La comuna, añadió, cuenta con un protocolo formal para el tratamiento y difusión de imágenes de televigilancia.
Respecto al equipamiento que contempla la ley —que incluye bastones retráctiles, esposas y elementos de protección personal— la alcaldesa sostuvo que “es fundamental resguardar a los inspectores, que se ven expuestos a situaciones de riesgo. Ya hemos tenido casos de agresiones”. Sin embargo, precisó que estos elementos solo se utilizarán en operativos específicos, según lo establezca la normativa.
TEST DE DROGAS
La iniciativa también establece la obligatoriedad de someterse a test de drogas de manera periódica, algo ante lo cual, Norambuena se declaró totalmente de acuerdo.
“Estoy disponible para realizarme el test y creo que debería aplicarse a todas las autoridades. Quienes ejercemos labores públicas debemos dar el ejemplo”, enfatizó, señalando que los exámenes deben aplicarse de manera rigurosa y sin previo aviso.
La ley también establece que si un inspector, director o funcionario de seguridad no cumple los requisitos, será desvinculado inmediatamente.
ADECUAR LAS EXIGENCIAS
Por su parte, el alcalde de Monte Patria, Cristian Herrera, planteó que la realidad rural debe considerarse a la hora de la implementación de la ley, advirtiendo dificultades para cumplir con las altas exigencias de contratación.
“Para nosotros es mucho más difícil encontrar personal altamente calificado. Esperamos que la ley aporte más recursos, porque sus costos son mayores”, señaló.
En ese sentido, Herrera subrayó que los funcionarios municipales no deben sustituir a las policías.
“Los municipios jamás deben reemplazar a Carabineros. No comparto que deban portar armas o elementos que puedan causar daño. El rol debe ser colaborativo, no de reemplazo”, recalcó.
El edil, también llamó a los parlamentarios a considerar la realidad de aquellas comunas con alta dispersión geográfica, caminos de tierra y problemas de conectividad. “Muchas leyes se aprueban pensando en ciudades grandes, pero no tienen sentido en la ruralidad”, sostuvo el alcalde.
Sobre el test de drogas, Herrera dijo estar disponible, pero planteó que la medida debe aplicarse “en toda la línea de autoridades públicas: alcaldes, parlamentarios, ministros y jueces”.
FORTALECER CAPACIDADES LOCALES
En tanto, el alcalde de Coquimbo, Ali Manouchehri, valoró el avance legislativo y sostuvo que representa “un paso significativo para profesionalizar a nuestro personal, que es la primera línea en la prevención del delito”.
Destacó que contar con atribuciones claras permitirá aumentar el personal municipal de seguridad. Sin embargo, coincidió en la necesidad de un mayor financiamiento para equipamiento y herramientas que permitan enfrentar incivilidades y delitos en coordinación con Carabineros, la PDI y otras instituciones.
Sobre el uso de tecnología, aseguró que su objetivo es exclusivamente preventivo y de apoyo investigativo, sin vulnerar la privacidad de los vecinos.
Respecto al test de drogas, afirmó que “contribuye a entregar credibilidad a quienes lideran políticas y acciones de seguridad. Pero debería ampliarse a todas las autoridades que ejercen cargos de elección popular”.
Con la aprobación del Senado, el proyecto ingresa ahora a su tercer trámite en la Cámara de Diputados, donde se revisarán las modificaciones y se buscará un acuerdo final. Mientras tanto, los municipios se preparan para un escenario donde la seguridad ciudadana se transformará en una tarea cada vez más profesionalizada, pero también más exigente y dependiente del financiamiento que se asigne.