Informe detectó que Sernageomin fiscalizó en promedio solo el 20% de las faenas entre 2022 y 2024. El organismo ordenó medidas urgentes, mientras el servicio respondió que la mayoría de las faenas no fiscalizadas no se encuentran operativas.
Una significativa disminución en la cobertura de fiscalización minera a nivel nacional reveló el 18° Consolidado de Información Circularizada (CIC) de la Contraloría General de la República. El informe detectó que el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) fiscalizó en promedio solo un 20% de las faenas mineras del país durante el período 2022-2024, evidenciando una tendencia decreciente en su labor inspectiva.
Según el documento, la cobertura nacional de fiscalizaciones pasó de un 25% en 2022 a un 21% en 2023, descendiendo a apenas un 14% en 2024. Este escenario resulta especialmente sensible considerando que la minería es un sector estratégico para Chile, aportando más del 10% del Producto Interno Bruto (PIB) y generando importantes ingresos fiscales y exportaciones, aunque también implica riesgos relevantes en materia ambiental y de seguridad laboral.
De acuerdo con la información reportada por Sernageomin a la Contraloría, entre 2022 y 2024 existieron en promedio más de 8.800 faenas mineras sujetas a fiscalización cada año, en distintos estados de producción. En ese período, el servicio registró 43.595 inspecciones a nivel nacional, cifra que incluye diversos procesos de control efectuados en una misma faena.
El análisis regional da cuenta de importantes brechas territoriales. Las regiones con menor porcentaje de fiscalización fueron Atacama (13%), Arica y Parinacota (14%) y Valparaíso (14%). En contraste, Magallanes (50%), Maule (44%) y Los Lagos (42%) registraron los niveles más altos de control.
En este contexto, la Región de Coquimbo aparece como una de las zonas más rezagadas del país. Según el informe de Contraloría, durante el período analizado existían 1.863 faenas mineras sin fiscalización en la región, ubicándola junto a Atacama y Valparaíso entre las regiones con mayor número absoluto de faenas no inspeccionadas. A nivel nacional, la cifra alcanza a 7.150 faenas sin fiscalizar por períodos superiores a dos años, situación que el organismo contralor calificó como un “riesgo crítico” para la supervisión minera.
El documento advierte que esta falta de fiscalización constituye una situación persistente que requiere “medidas urgentes de priorización y fortalecimiento del rol fiscalizador de Sernageomin”.
Entre los factores que explicarían el bajo nivel de control en regiones como Coquimbo, la Contraloría identifica la alta carga de trabajo de los fiscalizadores. Mientras en algunas regiones del sur un inspector debe revisar menos de 10 faenas, en Coquimbo —que cuenta con 15 fiscalizadores y 7.867 faenas registradas— cada funcionario tiene a su cargo, en promedio, 492 faenas.
Ante este escenario, la Contraloría instruyó a Sernageomin adoptar medidas para una asignación territorial más eficiente de sus fiscalizadores, considerando la concentración de faenas activas, el número de instalaciones por faena y aquellas no fiscalizadas por más de dos años, además de fortalecer de manera urgente su capacidad de supervisión.
FAENAS NO OPERATIVAS
Consultados por El Día, Sernageomin emitió una minuta en la que aclaró que las cifras de Contraloría consideran un universo de faenas que incluye “registros históricos y administrativos que no distinguen entre faenas activas, paralizadas, cerradas o sin actividad operacional”, lo que, a juicio del servicio, “sobredimensiona el número de instalaciones supuestamente no fiscalizadas”.
Según señala el informe del propio Sernageomin, al 31 de diciembre de 2025 existían 3.512 faenas mineras operativas en el país, y el servicio fiscaliza de manera “permanente y sistemática las faenas efectivamente operativas, priorizando aquellas de mayor riesgo para la seguridad de los trabajadores y el entorno”.
Así, según el organismo el porcentaje de cobertura de fiscalización sobre faenas operativas alcanza niveles superiores al 80%, precisando que la normativa vigente no exige inspecciones anuales para todas las faenas, ya que estas se definen según su tipo, nivel de riesgo y condición operativa.
En relación con las faenas no fiscalizadas, Sernageomin afirma que, de acuerdo con su información actualizada, “aproximadamente un 88% corresponde a faenas no operativas, es decir, instalaciones que se encuentran fuera de operación, sin personal trabajando y sin desarrollo efectivo de actividades mineras”. En el caso específico de la Región de Coquimbo, el servicio indicó que de las 1.863 faenas señaladas por la Contraloría, 1.736 no se encuentran operativas, lo que equivale al 93%.
Respecto de la dotación de fiscalizadores, Sernageomin señaló que la cifra utilizada por la Contraloría corresponde a un “levantamiento histórico” que incluye duplicaciones y funcionarios que ya no pertenecen a la institución, lo que habría generado “cargas artificialmente elevadas” en algunas regiones. No obstante, según los datos entregados por la propia minuta, la dotación ha disminuido, pasando de 65 fiscalizadores en 2022 a 56 en 2024.
Finalmente, el servicio reiteró que “no desconoce los desafíos existentes” y manifestó su disposición a colaborar con los órganos de control y a seguir mejorando sus procesos, enfatizando la importancia de que los análisis públicos se realicen con “datos actualizados, metodologías comparables y una adecuada contextualización técnica”, para evitar percepciones erróneas sobre la seguridad minera en el país.
Las operaciones de mediana y gran minería involucran faenas con un gran número de instalaciones de gran envergadura y con procesos complejos lo que exige mayores tiempos de inspección, análisis técnico y seguimiento por parte de los fiscalizadores. En este sentido, equiparar la eficiencia fiscalizadora únicamente en función del número de faenas no permite una comparación técnica homogénea entre regiones con realidades productivas distintas.