La Dirección General de Aguas declaró admisible una denuncia presentada por organizaciones de Agua Potable Rural del Limarí por una eventual extracción no autorizada en el sector Potrerillos Alto. Dirigentes advierten que la situación podría afectar un pozo comunitario y reabre la preocupación por el uso irregular del recurso en medio de la escasez hídrica.
Una denuncia por una eventual extracción no autorizada de aguas subterráneas en el sector Potrerillos Alto, en la comuna de Ovalle, motivó el inicio de un proceso de revisión por parte de la Dirección General de Aguas (DGA), luego de que el organismo declarara admisible un requerimiento de fiscalización presentado por organizaciones de Agua Potable Rural (APR) de la provincia del Limarí.
La solicitud fue ingresada por la Asociación Gremial de Servicios de Agua Potable Rural del Limarí, entidad que agrupa a decenas de comités que abastecen de agua potable a comunidades rurales del territorio. Según los dirigentes, la preocupación surge ante una posible captación de agua que eventualmente podría afectar el funcionamiento de un pozo comunitario utilizado para el suministro de familias del sector.
De acuerdo con la resolución emitida el 10 de marzo por la DGA, el requerimiento cumple con los antecedentes necesarios para su revisión, por lo que el organismo continuará con el procedimiento administrativo destinado a evaluar la situación denunciada.
Alerta desde los sistemas de agua potable rural
Desde la Asociación Gremial de APR del Limarí, su presidente Luis Alfaro explicó que la inquietud comenzó tras detectarse una perforación de mayor profundidad que las existentes en el sector, lo que generó preocupación entre los dirigentes.
“Lo que me llamó la atención primeramente es que hicieron un pozo mucho más profundo que los demás. Los pozos más profundos que hay aquí son de 80 o 100 metros, y el APR tiene uno de 120; eso generó inquietud entre los dirigentes”, señaló.
El dirigente indicó que posteriormente algunos sistemas cercanos comenzaron a registrar variaciones en el nivel del agua, lo que encendió las alertas entre los comités.
“Cuando comenzó a explotarse ese pozo empezamos a notar descensos en el nivel del agua, lo que podría afectar el abastecimiento del sistema de agua potable rural”, afirmó.
En la provincia del Limarí existen cerca de 97 sistemas de Agua Potable Rural, los que abastecen a miles de familias en sectores apartados. Por ello, la protección de estas fuentes es considerada prioritaria por las organizaciones comunitarias.
“El agua destinada al consumo humano representa una pequeña fracción del total del recurso que se utiliza, por lo que es fundamental proteger esas fuentes”, agregó Alfaro.
Escasez hídrica y responsabilidad en el uso del agua
La situación también vuelve a poner sobre la mesa la importancia del uso responsable del recurso hídrico en una provincia marcada por una prolongada sequía.
El presidente de la Junta de Vigilancia del Río Limarí, Río Grande y sus afluentes, José Eugenio González, explicó que en el territorio existe una cultura de respeto por el uso del agua, aunque reconoció que eventualmente surgen situaciones que deben ser revisadas.
“En la provincia del Limarí existe bastante conciencia sobre el respeto por el uso del agua, aunque eventualmente ocurren situaciones que requieren revisión”, indicó.
El dirigente agregó que cualquier extracción irregular puede generar efectos en otros usuarios de la cuenca.
“Cuando se saca agua se está privando de ese recurso a quienes tienen derecho a utilizarla, por lo que naturalmente genera afectación”, señaló.
Asimismo, recordó que, según la legislación vigente, el abastecimiento para consumo humano tiene prioridad.
“El agua para el consumo humano tiene prioridad y si una extracción termina afectando ese uso, es aún más grave”, afirmó.
Escasez hídrica y responsabilidad en el uso del agua
La situación también vuelve a poner sobre la mesa la importancia del uso responsable del recurso hídrico en una provincia marcada por una prolongada sequía.
El presidente de la Junta de Vigilancia del Río Limarí, Río Grande y sus afluentes, José Eugenio González, explicó que en el territorio existe una cultura de respeto por el uso del agua, aunque reconoció que eventualmente surgen situaciones que deben ser revisadas.
“En la provincia del Limarí existe bastante conciencia sobre el respeto por el uso del agua, aunque eventualmente ocurren situaciones que requieren revisión”, indicó.
El dirigente agregó que cualquier extracción irregular puede generar efectos en otros usuarios de la cuenca.
“Cuando se saca agua se está privando de ese recurso a quienes tienen derecho a utilizarla, por lo que naturalmente genera afectación”, señaló.
Asimismo, recordó que, según la legislación vigente, el abastecimiento para consumo humano tiene prioridad.
“El agua para el consumo humano tiene prioridad y si una extracción termina afectando ese uso, es aún más grave”, afirmó.
Investigación en curso
La admisibilidad del requerimiento por parte de la DGA no implica una infracción confirmada, sino el inicio de un proceso de revisión administrativa que permitirá determinar si existe o no una captación irregular y cuáles podrían ser sus efectos.
Mientras tanto, desde las organizaciones de agua potable rural señalan que el caso refleja una preocupación más amplia sobre la protección del recurso hídrico en la provincia, especialmente en zonas rurales donde el abastecimiento depende directamente de pozos comunitarios.
En ese contexto, dirigentes del sector sostienen que fortalecer la fiscalización y promover el uso responsable del agua resulta clave para resguardar el acceso al recurso, particularmente en un escenario de escasez hídrica que continúa afectando al Limarí.
Este medio consultó a la Dirección General de Aguas de la región de Coquimbo para conocer mayores antecedentes sobre la denuncia y las acciones de fiscalización que podrían realizarse en el sector. No obstante, hasta el cierre de esta edición no se había recibido una respuesta oficial por parte del organismo.
En un escenario marcado por la escasez hídrica, dirigentes y autoridades coinciden en que resguardar las fuentes destinadas al consumo humano es fundamental para asegurar el abastecimiento de las comunidades rurales y evitar conflictos por el uso del recurso en la provincia.