Mientras el Congreso discutía la normativa que ampliaba el número de notarías, la cual, incidía directamente en los intereses de Sergio Yáber, los cuestionados parlamentarios mantenían vínculos con el suspendido conservador y exnotario, los que nunca fueron transparentados, pero que hoy, quedan expuestos en documentos bancarios y registros judiciales.
Sin querer, una arista de la denominada trama “muñeca bielorrusa”, que reveló un entramado de vínculos comerciales y personales cuyas sombras se extienden hasta el corazón del Poder Legislativo y Judicial, ha terminado por centrarse en la Región de Coquimbo, involucrando a figuras como el exjuez de Garantía de La Serena y hoy ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, y a los actuales senadores Sergio Gahona y Matías Walker.
Cabe recordar que, en el centro de esta compleja red se encuentra Sergio Yáber Lozano, el suspendido conservador de Bienes Raíces (CBR) de Puente Alto y quien fuera por años notario de Coquimbo, y quien hoy está siendo investigado por su presunta participación en maniobras destinadas a ocultar pagos de coimas a figuras del Poder Judicial.
Respecto a los senadores Walker y Gahona, su relación con el exnotario ha quedado registrada en documentos bancarios y antecedentes judiciales a los que ha tenido acceso la prensa de investigación, revelando un vínculo estrecho y no declarado entre Yáber y los parlamentarios.
Esta conexión —que incluyó arriendos de propiedades en la exclusiva costanera de Coquimbo y un cheque de alto monto— nunca fue transparentada por los congresistas. Incluso, mientras en el Parlamento se discutía una ley que afectaba directamente a los intereses profesionales y económicos de Yáber, como era la norma destinada a aumentar el número de notarías.
CHEQUE POLÉMICO
La transacción más significativa revelada hasta ahora entre Yáber y Sergio Gahona es el cheque por $4 millones que el conservador emitió a favor del senador el 4 de enero de 2023.
Lo cierto es que la revelación de este pago puso en aprietos al parlamentario. Cuando el medio Reportea consultó inicialmente al senador Gahona sobre esta trasnacción, éste lo negó rotundamente, afirmando que solo había realizado transferencias al abogado por el arriendo de un departamento. Sin embargo, confrontado con la evidencia física del cheque, Gahona rectificó su versión, argumentando que se trató de un “préstamo” personal.
El senador explicó que el dinero fue solicitado para “enfrentar gastos imprevistos de salud y de instalación familiar en Santiago, dado todos los gastos que ello implica”.
No obstante, la investigación periodística subraya un hecho crucial: el parlamentario no ha aportado ningún comprobante que demuestre la devolución de este dinero, y los registros bancarios de Yáber tampoco muestran depósitos que evidencien tal reintegro. El cheque se emitió precisamente mientras la hija de Gahona, Paulina, trabajaba para Yáber en el Conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, percibiendo un sueldo promedio de $1,5 millones mensuales entre abril de 2022 y mayo de 2023. Cabe recordar que Gahona reconoció haber “facilitado” el contacto laboral de su hija con Yáber.
Este cheque, junto a una transferencia de $1,6 millones a Matías Walker por concepto de un pago de un pasaje aéreo para una pasantía de su hijo en Canadá y de otra suma por una emergencia médica, son parte de las nuevas investigaciones que la fiscalía regional de Los Lagos, bajo la dirección de Carmen Gloria Wittwer, asumió debido a su complejidad y su conexión directa con el caso “muñeca bielorrusa”.
Consultada por El Día la fiscalía de Los Lagos si es que con los nuevos antecedentes se podía ampliar la investigación contra el senador Gahona, desde el organismo se limitaron a sostener que no es posible adelantar alguna diligencia o acción que se tome respecto al caso, pero que la investigación sigue con diligencias en curso.
ARRIENDOS EN LA COSTANERA
Pero más allá de la controversia por las sumas transferidas, Gahona y Walker mantenían una relación comercial con Yáber que se extendió por años y que involucró el arriendo de departamentos en edificios exclusivos de la costanera de Coquimbo, en primera línea de playa.
Respecto al senador Sergio Gahona, éste arrendó un inmueble (a nombre de la esposa de Yáber) en el condominio Costa Mansa, entre 2017 y 2020, con una renta de $350.000 y gastos comunes. Si bien los depósitos mensuales por arriendo figuran sin falta en los registros bancarios de Yáber, los pagos por gastos comunes solo aparecen en tres ocasiones durante 2019 – marzo, mayo y septiembre -, sin registrarse ninguno durante todo 2020.
Por su parte, Matías Walker confirmó que arrendó uno de estos departamentos entre 2017 y 2019, con renta
s que fluctuaron entre $350.000 y $420.000, más gastos comunes. Los pagos eran gestionados por su entonces asistente en Coquimbo.
Pero un análisis de las cartolas de Yáber muestra ausencias significativas: en 2018 faltan registros de pagos de gastos comunes de seis meses, y en 2019, de cinco meses. Respecto al arriendo, en 2019 no se registran pagos en julio, agosto, septiembre y noviembre.
Consultado sobre la falta de un contrato escrito, Walker declaró a Ciper que “el contrato de arriendo no es solemne, es consensual” y que no recordaba si se había firmado por escrito “dado el vínculo de confianza”. Walker ha defendido que su relación con Yáber fue “simétrica y transparente, sin subordinaciones o liberalidades encubiertas”, asegurando que los pagos eran “gastos personales”.
CONFLICTO ÉTICO
Sin embargo, el principal conflicto que se genera a raíz de estos nexos comerciales y personales, es que éstos se desarrollaron mientras en el Congreso se tramitaba una reforma estructural al sistema de notarios y conservadores, en la que ambos parlamentarios participaban. En aquel periodo, Sergio Yáber no era solo un notario, sino también una figura influyente que representaba los intereses del gremio que buscaba frenar la modernización.
Entre 2017 y 2018, cuando aún era notario de Coquimbo y se discutía la creación de 101 nuevas notarías autorizadas por decreto ministerial, Yáber actuó como vocero de la Asociación de Notarios de la Región de Coquimbo. En esta calidad, denunció que el decreto que creaba las nuevas plazas estaba “totalmente viciado” e incurría en una serie de ilegalidades, incluyendo no respetar el informe de la Corte de Apelaciones de La Serena.
En paralelo, el entonces diputado Sergio Gahona (UDI), quien mantenía ya un vínculo con Yáber, se alineó con la postura del gremio, mostrándose “contrario al mandato de Justicia” por lo que presentó un requerimiento ante la Contraloría General de la República, tal como lo hizo la asociación de notarios para declarar nulo el concurso y suspender el proceso administrativo. El parlamentario argumentó que la creación masiva de notarías, justo al final de un gobierno – la segunda administración de Bachelet – , era una maniobra “sospechosa” para “pagar favores políticos” y beneficiar a personas cercanas a la coalición de turno.
El cuestionamiento de Gahona al proceder ministerial, que él mismo validó posteriormente al conocer el dictamen de Contraloría, se superpone con los favores económicos y comerciales que recibía de Yáber, una de las voces más importantes del gremio de notarios opuesto a la reforma.
En ese entonces, el diputado y actual senador Daniel Núñez (PS), se refirió a la acción de Gahona afirmando que éste se había equivocado “rotundamente” al recurrir a Contraloría, y que estaba más preocupado del “negocio privado de los notarios y no de lo que la gente estaba pidiendo”.
Consultado sobre la situación actual, Núñez indicó que son privilegios al que ningún ciudadano de la Región de Coquimbo tiene acceso. “Es obvio que esos préstamos o aportes económicos, como quieran llamarlos, se hicieron en el contexto de la relación y la influencia que tenían en su minuto, ya sea como diputados o senadores. Me parece a mí que esto no es una práctica sana. Acá tiene que haber transparencia de si es que hubo algún tipo de apoyo que esté detrás de esos aportes económicos y obviamente lo que necesitamos es que las autoridades no se dejen influenciar por ningún personaje, no reciban aportes económicos de empresas o de personas por decisiones que, de una u otra manera, los pueden involucrar, porque obviamente eso nos quita transparencia en la acción pública”, señaló el senador del PC.