Pese a que en un inicio se habría reconocido la existencia de una deuda con los desarrolladores de viviendas sociales, a través de una declaración, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo negó dicha situación. En tanto, desde el gremio, llamaron al ejecutivo a liberar los fondos comprometidos, considerando el escenario del sector.
Según han indicado algunos actores del sector, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, liderado por Carlos Montes, mantendría una deuda que supera los US$ 1.000 millones con distintas inmobiliarias, constructoras y proveedores, que van desde pymes hasta grandes empresas, repartidas por todas las regiones del país y todas ellas vinculadas a la construcción de viviendas sociales.
Hasta hace algunos días, esta situación era un rumor entre las empresas del sector, pero durante la semana el propio ministerio la confirmó a través de correos electrónicos enviados a las empresas involucradas.
En uno de esos correos, al que accedió Diario Financiero, el MINVU explicó a una inmobiliaria que, si bien existía ejecución presupuestaria, no había “disponibilidad de caja ni aporte fiscal suficiente que permita concretar los pagos autorizados”.
No obstante, a través de una declaración, el MINVU, señaló que no existe una deuda de mil millones de dólares con desarrolladores de viviendas sociales. “Subrayamos que el Plan de Emergencia Habitacional sigue su marcha. Asimismo, hacemos un llamado a no distorsionar la realidad creando incertidumbre en empresas, dirigencias y familias”, se afirmó desde la institución.
“El sector construcción ha enfrentado un complejo escenario financiero y de ejecución de obras derivados de la pandemia, donde el MINVU sostuvo a la industria. En este contexto, la inversión pública en vivienda e infraestructura urbana ha aumentado de manera significativa a través de distintos programas sociales, lo que naturalmente genera una mayor presión de actividad en el sector”, se agrega en la declaración.
Además, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo informó que, tras un monitoreo junto a la Cámara Chilena de la Construcción, las cifras de pagos pendientes son mucho menores a las publicadas en algunos medios. Recordó además, que el presupuesto anual contempla el pago de compromisos de gobiernos anteriores y que la política habitacional es continua y “de Estado”.
El ministerio reconoció asimismo, que algunos SERVIU a nivel local, especialmente en la Región Metropolitana, proyectan un gasto mayor al presupuesto, situación que está siendo analizada. Respecto a los programas DS19 y DS49, aclaró que los pagos se realizan según normativa y disponibilidad de recursos. Además, precisó que BancoEstado no ha otorgado un préstamo al MINVU, sino que opera un mecanismo habitual desde 2011 para adelantar facturas aprobadas.
Finalmente, reafirmó que todas las obligaciones financieras del Estado se cumplen conforme a la legalidad vigente.
En esa línea, el seremi del MINVU de la Región de Coquimbo, José Manuel Peralta, indicó que, como cartera, cuentan con el presupuesto para cumplir los compromisos programados, destacando además, que el Plan de Emergencia Habitacional llega al 90% en la Región de Coquimbo.
LLAMAN A AGILIZAR GESTIONES CON DIPRES
Desde el ambito gremial, Carlos Marambio, director ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores de Viviendas Sociales, hizo un llamado a la DIPRES y al Ministerio de Hacienda, “para que logren solucionar esto. La solución es que se entreguen los recursos necesarios para pagar los compromisos contraídos. Esto hay que corregirlo a la brevedad porque genera impactos muy grandes en la industria y en las familias, porque hemos visto casos de familias que no pueden habitar sus viviendas. Ojalá esta conversación que tiene el Ministerio con la DIPRES se resuelva pronto porque ha pasado bastante tiempo. Y esperamos que sea en favor de poder pagar los compromisos que se adeudan, que son cifras muy, muy grandes”.
Consultado si se han detenido construcciones de viviendas por esta situación explicó que “hay de todo en este momento. Las empresas se han ido arreglando cada uno por su lado. Hay algunas empresas que han asumido el riesgo, y han tenido que ir a conversar con la banca para solucionar el no pago del anticipo o los estados de pago. El costo de paralizar una obra es muy grande”.
En tanto, Ricardo Guerrero, gerente de la Corporación Industrial para el Desarrollo Regional de Coquimbo (CIDERE), indicó que “la situación de crisis financiera en el programa de viviendas sociales es muy grave. Si bien, afortunadamente, en la Región de Coquimbo no se refleja este problema, pues se concentra en las regiones Metropolitana, Valparaíso y Antofagasta, entre otras, una deuda de mil millones de dólares, como es lo que se calcula, afecta a todo el sistema. Primero porque haría necesario afrontar todo ese pasivo como arrastre para el año 2026, lastrando así el presupuesto fiscal del próximo año, agravando el déficit que ya es de por sí delicado. Segundo porque si el MINVU no le paga a sus proveedores, muchas empresas, incluyendo grandes contratistas y pequeños subcontratistas, van a quebrar, y ya está pasando en otras regiones. Es decir, esto va traer muchos efectos colaterales que, a la larga, nos complicarán de todos modos”, subrayó.