Aunque Carabineros informó que los antecedentes serían puestos en conocimiento de la fiscalía correspondiente, no ha sido posible confirmar si estos ya fueron formalmente remitidos a la Fiscalía Militar. Desde el Gobierno, en tanto, el seremi de Seguridad condenó los hechos y respaldó el actuar institucional, confirmando la desvinculación de un funcionario.
La denuncia por presuntos hechos de connotación sexual al interior de la Escuela de Formación de Carabineros (Esfocar) de Ovalle continúa generando repercusiones institucionales, luego de que se confirmara la desvinculación de un funcionario y la apertura de una investigación administrativa.
Pese a que Carabineros comunicó que los antecedentes del caso serían derivados a la instancia judicial correspondiente, hasta ahora no ha sido posible confirmar si dicha remisión ya fue efectivamente materializada ante la Fiscalía Militar, que sería la competente en este tipo de situaciones ocurridas al interior de un recinto policial.
El Ovallino realizó consultas tanto a nivel regional como central, a través de los canales de comunicaciones institucionales y ante la Fiscalía Militar, sin obtener confirmación sobre la fecha de envío ni respecto del eventual ingreso formal de los antecedentes a dicha jurisdicción. Hasta ahora, no ha sido posible establecer si estos ya se encuentran en manos de la Fiscalía Militar para su investigación.
Desde el Ministerio Público, al ser consultados, indicaron que la causa no ha ingresado a esa institución, precisando que, por tratarse de hechos presuntamente ocurridos al interior de un recinto policial, la competencia corresponde a la jurisdicción militar.
Postura del Gobierno
En medio de este escenario, el seremi de Seguridad Pública, Adio González, condenó los hechos y confirmó que el funcionario involucrado fue dado de baja.
“Es efectivo. El funcionario fue dado de baja y el caso lo investiga la Fiscalía Militar. La supervisión es permanente, lo que queda en evidencia con la denuncia del hecho y la decisión posterior. Existe transparencia en el actuar de la institucionalidad de Carabineros, toda vez que se actúa de inmediato frente a este tipo de hechos”, sostuvo la autoridad.
En la misma línea, el seremi señaló que la institución cuenta con mecanismos establecidos para enfrentar este tipo de situaciones, tanto en el ámbito formativo como operativo, asegurando que existen protocolos claros cuando los hechos revisten características de delito.
“Carabineros es una institución que tiene diversos protocolos de actuación, no solo en los procesos de formación, que son rigurosos, sino también en los procesos operativos donde, frente a hechos que revisten características de delito, los canales son oportunos y eficaces”, indicó.
Agregó que desde el Ejecutivo existe la exigencia de un estándar superior de comportamiento para quienes forman parte del sistema de seguridad, el cual no permite faltas a la ética, a la probidad ni a la fe pública.
“Como institución no vamos a permitir que situaciones como estas pasen de forma disimulada. La falta de probidad, la falta de ética, la corrupción y todo lo relacionado con la fe pública no lo vamos a permitir y lo vamos a perseguir. En ese sentido, no vamos a transar nuestros principios”, enfatizó.
Contexto del caso
De acuerdo con información publicada por un medio nacional, la situación se habría conocido tras la circulación de registros audiovisuales vinculados a un grupo de aspirantes al interior del recinto formativo. Dichos antecedentes darían cuenta de hechos de connotación sexual presuntamente ocurridos en dependencias de la escuela.
El episodio involucraría a varios alumnos y habría afectado a uno de ellos, quien habría sido expuesto a conductas de carácter sexual sin su consentimiento. La difusión del material motivó la apertura de un proceso interno por parte de la institución, con el fin de determinar eventuales responsabilidades administrativas y posibles derivaciones a sede judicial.
Carabineros confirmó que se inició una investigación administrativa y que, como medida inmediata, se procedió a la desvinculación de un funcionario vinculado al caso, mientras se esclarecen los hechos y se evalúan los antecedentes recopilados.
Mientras avanza la investigación administrativa y se mantiene la expectativa sobre el eventual ingreso formal de los antecedentes a la jurisdicción militar, el caso continúa generando repercusiones institucionales en la región, en un escenario donde las autoridades han reiterado la necesidad de actuar con transparencia y con estándares estrictos frente a hechos que puedan afectar la probidad y la fe pública.