Luego de tres años de trabajo colaborativo, se inicia en Ovalle un proyecto piloto que permitirá reducir en un 65% los costos energéticos de tres sistemas de Agua Potable Rural. La iniciativa busca consolidarse como un modelo replicable en toda la provincia del Limarí.
Una serie de coletazos ha generado la nota de Diario El Día aparecida en la edición de este viernes, en la que se revela la existencia de una denuncia interpuesta ante la Contraloría General de la República por presunto mal uso de un inmueble fiscal por parte de Horacio Rabuco Ramírez, expareja de la actual seremi de Bienes Nacionales, Mabel Iturrieta y actual jefe provincial de la cartera en Ovalle.
En concreto, de acuerdo a la denuncia a la cual tuvo acceso El Día, se sindica a Rabuco de hacer uso, desde el año 2023, de un inmueble fiscal ubicado en el pasaje Álvarez Jofré 715 en la comuna de Ovalle, con fines habitacionales, pero sin una documentación de por medio, como un contrato de arriendo, una concesión o un acto administrativo que respalde legalmente dicha ocupación.
Dicha denuncia, que fue recibida el pasado miércoles por el ente contralor y a la que se le asignó el folio N°84659, apunta a que tanto la seremi de Bienes Nacionales como su expareja son funcionarios de la misma repartición pública y que, al tener un hijo en común, habría una relación personal y familiar directa entre ellos.
Por tal motivo, quienes cuestionaron dicha situación plantean que, de confirmarse la falta de regulación o pago por el uso del inmueble, se estaría frente a un eventual uso indebido de un bien fiscal y un posible conflicto de interés, contraviniendo el principio de probidad consagrado en la Ley Nº 18.575.
RECHAZOS CONSECUTIVOS
Cabe recordar que, según antecedentes a los que accedió Diario El Día, Horacio Rabuco solicitó poder utilizar la vivienda fiscal el 12 de abril de 2023, sin embargo le rechazaron la petición.
No obstante, insistió con una segunda solicitud en febrero de 2024, que nuevamente fue denegada.
A raíz de esta situación, Diario El Día se comunicó con la seremi de Bienes Nacionales, quien reconoció que, hasta el momento, no existe documentación que autorice la ocupación de la vivienda fiscal mencionada.
“Al realizar esta revisión nos dimos cuenta que, este caso en específico, no estaba totalmente tramitado, ante lo cual, instruí de forma inmediata la normalización administrativa”, afirmó al respecto, la autoridad.
No obstante, considerando que el funcionario ignoró las negativas a su petición, la seremi afirmó que se instruyó “un procedimiento disciplinario para esclarecer el retraso de la tramitación de dicho expediente
GOBIERNO RESPALDA ACTUAR DE SEREMI
Consultada por dicha situación, Paulina Mora Lara, seremi de Gobierno, valoró “el trabajo (de la seremi) y resguardamos el correcto funcionamiento de todas las instituciones públicas. Respecto a este tema y tal como lo ha señalado desde la seremi de Bienes Nacionales, se ha instruido un proceso disciplinario para esclarecer los hechos y entregar certezas a la ciudadanía. Confiamos en que esta instancia permitirá aclarar la situación, y respaldamos plenamente la labor que ha venido desarrollando la encargada de esta cartera en la Región de Coquimbo, quien ha actuado con transparencia, responsabilidad y compromiso con el interés público”, agregó.
PIDEN ESCLARECER SITUACIÓN
Desde la oposición en tanto, el diputado Juan Manuel Fuenzalida, afirmó que “esta es una situación que hay que esclarecer y esto se hace vía sumario y vamos a tener que esperar el resultado de esto para poder saber bien qué es lo que ocurrió en este caso. Asimismo, espero que la Contraloría tramite con la mayor rapidez posible esta denuncia de manera de tener un pronto resultado. Acá creo que los tiempos sí importan para esclarecer este tipo de situación y saber qué es lo que pasó y si se requiere o no hacer efectiva la responsabilidad administrativa y, de esa forma, cuando es una resolución oportuna, uno puede confiar aún más en las instituciones”, aseveró.
En tanto, la diputada Carolina Tello, aseguró que “es una situación que ya está siendo objeto de investigación y que es muy importante esclarecer toda vez que este tipo de situaciones dañan la confianza de la ciudadanía y en las instituciones. Valoramos que los organismos competentes hayan acogido la denuncia y esperamos que la justicia continúe avanzando para garantizar la legalidad. Debemos cuidar el patrimonio de todas y todos, actuando con probidad. Es esencial cuidar el uso de recursos y bienes públicos”.