Concejales presentan requerimiento en el TER contra ex alcalde Jonathan Acuña

El pasado 8 mayo se dio a conocer en el Concejo Municipal de Ovalle las conclusiones de un informe de la Contraloría General de la República realizado entre enero y diciembre del año 2024, correspondiente a la gestión del exalcalde Jonathan Acuña, los que revelaron una serie de irregularidades, entre ellas, compras, pago a personal a honorarios sin justificación, y desorden en la entrega de combustible, que la nueva gestión municipal, en algunos casos, deberá subsanar, pues de no justificarse significarán un perjuicio al patrimonio municipal.

Respecto a las compras, quedaron en evidencia algunas poco justificadas o sin respaldo suficiente. Un ejemplo llamativo es la adquisición de 246 tortas por un monto total de $10.730.036, que fueron entregadas a diversas organizaciones sociales. También se detectaron gastos por celebraciones de aniversarios de agrupaciones comunitarias, los cuales ascendieron a $7.282.800, sin que se adjuntaran los documentos que acrediten los criterios de asignación.

Tras conocer este informe un grupo de concejales integrado por Víctor Venegas, Víctor Lara, David Álvarez y Teodosio Guerrero presentaron este jueves un requerimiento ante el Tribunal Electoral Regional, TER, en La Serena, para solicitar la suspensión de Jonathan Acuña, por cinco años para ocupar un cargo público por haber incurrido en una infracción grave al principio de probidad administrativa.

Al respecto, el concejal Víctor Venegas, manifestó que el informe de Contraloría deja en evidencia el notable abandono de deberes y la falta a la probidad en la cual se habría incurrido en la administración anterior, lo cual hoy día, asegura, los tiene sumidos “en el más absoluto déficit municipal”, lo que les impide poder generar todas las políticas públicas que puedan ir en beneficio de la comunidad.

“Es una falta a la probidad en el sentido de poder hacer campaña electoral en medio del ejercicio de sus funciones, ocupando el establecimiento municipal, recursos municipales y publicidad en medios financiada por la misma municipalidad para poder ejercer el proceso de su campaña”, explicó.

Mientras que su par, Víctor Lara, aseguró que se logró determinar la utilización de medios de la municipalidad para propaganda política, lo que está reñido con la ley. “A nosotros nos corresponde la fiscalización y obviamente tomar las acciones necesarias para ver qué es lo que se puede hacer ante esta falta de probidad”, indicó Lara.

Por su parte, el abogado que representa al grupo de concejales, señaló que con el requerimiento en el TER se busca que el ex alcalde Jonathan Acuña quede inhabilitado por cinco años para ejercer cargos públicos.

“No estamos buscando una sanción de tipo penal, pero eventualmente en el futuro si se llegasen a encontrar delitos que pudiesen sustentar o tipificar un delito penal, eventualmente podría haber una sanción de ese tipo. Pero lo que hicimos hoy en día es solo un requerimiento que inhabilite al exalcalde de ejercer cargo público”, explicó el profesional.

ACUSACIONES SIN SUSTENTO

Con tono firme y acusando una “clara estrategia de persecución política”, el exalcalde de Ovalle, Jonathan Acuña, respondió a las denuncias formuladas . A juicio del exjefe comunal, dichas acusaciones carecen de sustento real y buscan dañar su imagen con fines personales y políticos, especialmente con miras a una eventual candidatura futura.

“Creo que no buscan transparentar nada, sino desacreditar la gestión que encabecé tras la salida del exalcalde Claudio Rentería”, sostuvo Acuña. Y añadió que “esto representa una utilización instrumental de las herramientas institucionales, alejadas del verdadero interés que tiene la comunidad”.

Cabe señalar que uno de los cuestionamientos más graves en contra del exjefe comunal apunta a un supuesto déficit financiero municipal de $11.000 millones. Al respecto, el exalcalde desmintió tajantemente la cifra. “ Ellos debiesen estudiar un poco más cómo funciona las finanzas municipales. Cuando se presenta una cuenta pública, están todos los números respaldados, incluidas las deudas históricas que arrastraba el municipio, sobre todo en educación, desde 2016 y 2017”, subrayó.

Acuña agregó que, durante su gestión, debieron redestinar recursos al área educativa, lo que agravó la situación financiera.

Y respecto a las acusaciones por un supuesto uso de recursos públicos con fines electorales, como el uso de redes sociales institucionales y la compra de insumos para celebraciones mientras se encontraba en campaña, Acuña fue enfático en señalar que ello “es completamente falso. Fuimos sumamente cuidadosos. El informe de Contraloría nos llegó a solo días de dejar la gestión, y alcanzamos a responder parte de sus observaciones”.

Explicó además que una de las críticas del órgano contralor fue el uso reiterado de su imagen en las redes sociales municipales. “Nuestra intención nunca fue hacer campaña, sino informar a la comunidad. De hecho, cuando se nos notificó el preinforme, instruí al equipo de comunicaciones que moderaran el uso de mi imagen para evitar cualquier tipo de interpretación errónea”, aseveró.

También se refirió a la polémica por la compra de bombas a través de una empresa externa, proceso observado por la Contraloría. “Eso ocurrió en enero de 2023, apenas un mes después de que asumí como alcalde suplente. Era un proceso administrativo iniciado por la administración anterior. En ese caso, activamos sumarios internos y buscamos responsabilidades”, puntualizó.

En ese sentido, Acuña insistió en que todo forma parte de un intento por inhabilitarlo políticamente. “Uno de los concejales que hoy me acusa trabajó codo a codo conmigo como jefe de Rentas y Patentes. Jamás levantó reparos durante su labor. Me parece curioso que hoy aparezca como denunciante”, cuestionó.