Las cifras revelan un aumento sostenido en los procedimientos por Ley de Control de Armas, convirtiéndose en el delito de mayor crecimiento. Mientras Carabineros atribuye parte del alza a fiscalizaciones estrictas que detectan armas, la Delegación destaca que las incautaciones fortalecen la seguridad y golpean al narcotráfico.
Un aumento silencioso pero contundente quedó al descubierto en los reportes del sistema STOP de Carabineros: en el último año, los procedimientos por infracción a la Ley de Control de Armas en el Limarí crecieron un 20,5%, la cifra más alta entre todos los delitos monitoreados por la institución. Esta tendencia no solo refleja más operativos policiales, sino también una mayor presencia de armas ilegales en circulación.
En lo que va del 2025, la provincia registra 235 procedimientos, superando ampliamente los 195 del mismo periodo del año anterior. Un alza de 40 casos que marca una señal de alerta para la seguridad local.
Epicentro del fenómeno
El análisis comunal expone una tendencia clara: Ovalle concentra más del 70% de los casos del total provincial. Según los registros del sistema STOP, la capital del Limarí acumula 173 procedimientos en lo que va del año, cifra que supera por amplio margen al resto de las comunas y refleja la presencia más activa de controles policiales, decomisos y operativos preventivos en sectores urbanos.
La concentración de casos en Ovalle contrasta con el comportamiento de otras comunas rurales que muestran bajas importantes como Combarbalá registrando este año 22 decomisos mientras que el año anterior fueron 45 casos, al igual que Monte Patria con 25 este año y anteriormente 32 incidentes, Punitaqui se mantiene estable este año con 13 y antes 14 casos, mientras que Río Hurtado registró un alza registrando 2 este año y antes solo un incidente.
El panorama confirma que el fenómeno no es homogéneo, sino que está concentrado en áreas urbanas donde la movilidad delictual es mayor y donde las bandas o delincuentes reiterados operan con más frecuencia.
Estrictas fiscalizaciones
Desde la Tercera Comisaría de Ovalle, el mayor Erwin Orellana explicó que el aumento del 20,5% en los procedimientos por Ley de Control de Armas no refleja necesariamente una mayor circulación delictiva de armamento, sino que responde en gran medida al reforzamiento de las fiscalizaciones administrativas. “No interpretamos estas cifras como un aumento descontrolado de la tenencia ilegal, sino como el resultado directo de una mayor eficacia y presencia en nuestras labores de fiscalización”, señaló.
Los controles intensificados han revelado dos situaciones frecuentes: armas heredadas que nunca fueron regularizadas tras el fallecimiento de su propietario, y pérdidas o robos de armamento que no fueron denunciados oportunamente por sus legítimos dueños. En ambos escenarios, la normativa obliga a cursar infracciones y derivar los antecedentes al Ministerio Público.
“La ley busca entregar un alto sentido de responsabilidad a quien tiene un arma. Aunque la persona haya sido víctima de un hurto, si no denunció a tiempo queda inhabilitada para volver a inscribir un arma en el futuro”, explicó Orellana. Agregó que el alza registrada por el sistema STOP “obedece a un trabajo policial riguroso en terreno y a un control estricto de los inscritos, garantizando que la tenencia de armas cumpla con todas las exigencias legales de seguridad”, agregó.
Gobierno destaca labor policial
Desde la Delegación Presidencial del Limarí valoraron el incremento de las incautaciones como un resultado directo del reforzamiento de los operativos policiales en la provincia. El delegado Eduardo Alcayaga afirmó que “el Gobierno analiza respalda y destaca la gran labor de Carabineros que en sus respectivos procedimientos han logrado aumentar la incautación de armas con un notable trabajo y que tiene consecuencias directas en entregar mayor seguridad a las familias de la provincia, labor que también realiza por su parte, la Policía de Investigaciones”, señaló
Alcayaga enfatizó que estos decomisos no solo previenen delitos asociados al porte ilegal de armas, sino que también impactan en estructuras delictivas más complejas. “Con estas incautaciones se disminuye la inseguridad en términos tangibles y se evita que se produzcan otros delitos; se golpea también al narcotráfico y al crimen organizado”, sostuvo.
Destacó además el rol del OS7 en el territorio. “Es importante subrayar la implementación del OS7 en el Limarí, que en su foco al narcotráfico y especialmente a los narcocultivos, también ha incautado armamento en muchos casos de carácter militar”, indicó.
Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar de manera preventiva. “Invitamos a entregar voluntariamente cualquier armamento que tengan en sus hogares, especialmente aquellos obtenidos de manera irregular, pues además de constituir un grave peligro para sus propias familias, estas armas pueden caer en manos de delincuentes y darles uso en delitos”, señaló.
El aumento de los procedimientos deja en evidencia tanto una fiscalización más estricta como la necesidad de reforzar la prevención y el control en Ovalle y el resto del Limarí. Mientras avanza el trabajo institucional, el desafío será evitar que el armamento termine alimentando nuevos escenarios de riesgo en la provincia.