Los habitantes de localidades rurales establecerán una acción civil a la que se están sumando diversos afectados por los cortes de luz causados por estas organizaciones criminales.
La operación “Oro Rojo” permitió desbaratar una red internacional dedicada al robo, blanqueamiento y exportación de cables de cobre. Sin embargo, hasta ahora las comunidades rurales siguen sufriendo este delito y necesitan que se haga justicia.
Imputado como líder de la banda capturada es un destacado “empresario minero”, dirigente y excandidato a alcalde por el Partido Republicano. Francisco San Martín acumuló un cuantioso patrimonio, incluso traspasando 14 propiedades a una sociedad que formó pocos días antes de ser capturado, para evitar embargos. Así consta en la investigación del Ministerio Público.
La ciudadanía, además de exigir penas de cárcel para estos criminales, demanda una retribución por los daños sufridos y que ésta provenga de los millones acumulados por los delincuentes.
En Ovalle, con el apoyo del senador Daniel Núñez y la consejera Cortés, se reunieron vecinas y vecinos afectados para exponer sus problemáticas y levantar una demanda civil colectiva contra el principal imputado y contra quienes siguen operando en este lucrativo negocio ilegal.
El abogado Luis Acevedo se encuentra recopilando antecedentes en la provincia de Limarí y posteriormente en La Higuera, otra de las zonas golpeadas por estas bandas.
Al respecto, la presidenta de la Comunidad Agrícola de Cerro Blanco, Cecilia Núñez, señaló que es un daño tremendo para los vecinos, porque quedan desconectados por largos días.
“En la última ocasión estuvimos tres días desconectados en nuestras necesidades básicas, nuestros vecinos no pueden gestionar sus riegos, ya que funcionamos desde bombas eléctricas, así que es algo que nos afecta mucho”.
Por su parte, Janet Andrade, presidenta de los crianceros de Ovalle, expresó que “Fuimos súper afectados, porque eran dos días que nos quedábamos sin energía, se corta también la comunicación, hay muchos adultos mayores que los hijos no están con ellos por trabajo, entonces se comunican por teléfono, entonces cortándose la cobertura se quedan sin comunicación y eso igual los complica”.
En la misma línea, Pamela Viera, del sector Sonora Los Acacios, indicó que el delito afectó a la población más vulnerable como son los niños y los adultos mayores.
“Para nosotros fue muy invasivo, ya que tenemos luminarias públicas y hay muchos adultos mayores en el sector, además que esto se ha provocado en la tarde noche, las personas que lavamos la ropa, los chicos que estudian, se ha visto muy afectado y nosotros pedimos que haya una sanción para las personas que resulten responsables ante estos robos”.
Ante estas múltiples voces que piden mayor rigor de la justicia contra los cabecillas de estas bandas, el senador y la consejera regional están recopilando antecedentes.
El parlamentario señaló que “Esta gente que se enriqueció, como el militante republicano Francisco San Martín que amasó una fortuna con más de 14 propiedades con las ganancias de esta actividad ilícita, debe responder de forma civil y pagarle perjuicios a todos los afectados por robo de cobre, así que hemos iniciado esta labor con el abogado Luis Acevedo, estamos recopilando en toda la región personas afectadas por el robo de cobre para incluirlos en esta demanda civil”.
Para el senador Núñez es “Importante combatir todo tipo de delitos en Chile, en especial aquellos que se enriquecen, quitarles su riqueza ilícita con que generan una industria delictual”.
Finalmente, la core Tatiana Cortés puntualizó que “Hay una sensación de injusticia además, porque luego se descubre que este sujeto también estaba involucrado en política, es decir, doblemente peligroso, claro, tiene una tremenda situación económica perjudicando a personas de nuestra región”.
Con esta iniciativa se apunta a retribuir a las víctimas del robo y a evitar que sigan proliferando estas organizaciones que no han dejado de enriquecerse en la región.