La activación de los protocolos escolares permitió que la Fiscalía conociera los hechos y se investigara al imputado. La sentencia de 11 años de cárcel reflejó la importancia del trabajo coordinado entre colegios, profesionales y autoridades judiciales para proteger a los menores.
El Tribunal Oral en lo Penal de Ovalle condenó a un hombre a 11 años de cárcel por violación y abuso sexual continuado de una menor de 11 años en Monte Patria. Los hechos ocurrieron entre 2020 y 2022 y la sentencia reflejó la gravedad de los delitos y la certeza con que fueron probados en el juicio.
Según la Fiscalía, el imputado cometió reiterados abusos sexuales con contacto físico desde 2020 hasta principios de 2021 y posteriormente violaciones entre enero de 2021 y febrero de 2022, al interior del domicilio de la víctima, aprovechando la confianza depositada en él por la familia. Tras la audiencia de juicio, el tribunal determinó 4 años de presidio por abuso sexual continuado y 7 años por violación continuada, todos con cumplimiento efectivo.
La fiscal de delitos sexuales de ovalle, rocío valdivia, destacó que “Resultó absolutamente relevante el testimonio de la víctima, así como el de los funcionarios de la escuela que son parte del equipo de convivencia, quienes recibieron la develación del hecho, activaron el protocolo, denunciaron y derivaron el caso a la Fiscalía, así como también declararon en el juicio. Fue absolutamente relevante además el testimonio de una asistente social y un psicólogo, funcionarios de Monte Patria, a cargo de la recuperación emocional de la víctima”, explicó.
Protocolos escolares
La Secretaría Regional Ministerial de Educación de Coquimbo indicó que: “Los establecimientos educacionales cuentan con protocolos específicos para la identificación y actuación frente a distintos tipos de situaciones. Estos están diseñados para ser aplicados por equipos directivos, encargados de convivencia escolar y profesionales del área, quienes reciben capacitación para actuar de manera oportuna y respetuosa ante cualquier tipo de sospecha o denuncia”, explicó.
En este sentido, “impulsamos acciones preventivas en los establecimientos educacionales de la región, orientadas a fortalecer ambientes seguros con el fin de garantizar que cada estudiante pueda ejercer su derecho a educarse en un entorno protegido, libre de cualquier tipo de violencia”, señaló la Secretaría Regional Ministerial.
El rol del acompañamiento
Este caso evidencia la efectividad de los protocolos escolares y del trabajo coordinado entre colegios y autoridades, subrayando la relevancia de que los niños y niñas tengan espacios seguros para comunicar situaciones de abuso, lo que permite que la justicia actúe con rapidez y eficacia.
De igual forma destaca la importancia del acompañamiento profesional y la aplicación de los protocolos en la protección de los niños. Según Vanessa Torrejon, asistente social diplomada en Convivencia libre de violencia e Inclusión Educativa, del instituto Santo Tomas, los colegios cumplen un rol clave al identificar señales de abuso: “En el caso del abuso sexual infantil, los niños pueden mostrar retraso en su desarrollo, retraimiento, conductas hipersexualizadas o cambios en sus juegos que reproducen escenas que han presenciado”, señaló.
Incluso cuando el agresor es un familiar cercano, el apego de la víctima puede dificultar la detección del abuso: “He visto niñas muy apegadas a sus agresores; esto puede confundir a los adultos porque parecen relaciones normales”, comentó.
Una vez detectada la situación, el protocolo establece que “el profesional que recibe la revelación del niño o niña tiene 24 horas para hacer la denuncia directamente a la Fiscalía, para que pase al tribunal de familia”. Además, el acompañamiento psicológico es inmediato: “La primera medida es la confidencialidad, además se le explica al niño o niña que tendrá que contar lo sucedido, porque es importante para que pueda recibir ayuda de otras personas que lo protejan”, expresó.
Este caso evidencia que la protección de los menores depende de la coordinación efectiva entre colegios, profesionales y autoridades judiciales, así como de la detección oportuna de señales de abuso. La condena refuerza la necesidad de que los niños y niñas puedan comunicar situaciones de riesgo en entornos seguros, mientras que la implementación de protocolos y el acompañamiento psicológico se consolidan como herramientas fundamentales para prevenir y enfrentar casos de violencia infantil, garantizando que la justicia actúe con rapidez y que los derechos de los menores sean protegidos de manera integral.