El asesinato, ocurrido en marzo de 2024, estaría ligado a redes de crimen organizado y deja en evidencia la fragilidad de la protección a testigos en Chile.
La madrugada del 16 de marzo de 2024, un brutal homicidio conmocionó a Ovalle y al país: la joven venezolana de 19 años, Maira Gabriela Martínez Graterol, fue asesinada de varios disparos mientras cargaba combustible en un servicentro de las calles Socos y Victoria, a solo pasos de la plaza de armas.
Tras meses de investigación, la fiscalía regional de Coquimbo formalizó a dos sujetos por su participación en el crimen. Se trata de A.A.M.R., ciudadano venezolano, señalado como autor material del ataque, y de J.R.LL.T., chileno, acusado de haber participado en la planificación de la emboscada. Ambos quedaron con la medida cautelar de prisión preventiva.
El fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, destacó que se trata de un caso de alta complejidad. “En el Juzgado de Garantía de Ovalle se formalizó a dos sujetos por su participación en el homicidio de una mujer de nacionalidad extranjera. Uno de los formalizados habría sido el autor directo de la muerte y el otro, uno de los encargados en darle muerte en las circunstancias”, señaló.
La investigación reveló que el crimen fue preparado con antelación. El 15 de octubre de 2023, A.A.M.R. gestionó un vehículo para trasladarse a Ovalle, pagando $700 mil por el encargo. Cinco meses después, en marzo de este año, el sujeto esperó a la víctima y la atacó con un arma de fuego calibre 9 milímetros, disparando en cinco oportunidades a corta distancia.
El hecho cobró mayor gravedad porque la víctima había prestado declaración meses antes en calidad de testigo reservada en una causa sobre secuestros y homicidios en Concepción, vinculados al Tren de Aragua. Esa colaboración con la justicia la habría dejado expuesta ante represalias del crimen organizado.
“Se trata de una investigación complejísima, que demandó muchos esfuerzos. El equipo ECOH se constituyó en el lugar de los hechos y junto a la PDI buscaron evidencia científica como registros de ADN, huellas y material fotográfico, entre otras”, añadió Cooper.
El fiscal también confirmó que el trabajo ha permitido resultados concretos. “El caso tuvo connotación nacional y regional. Me complace compartir que en Ovalle fue formalizado el autor material del hecho, además de un autor intelectual. Además existen dos órdenes pendientes para otros dos sujetos. Este ha sido un trabajo largo de la SACFI Coquimbo y de la fiscalía regional, dando tranquilidad a la gente de que el crimen está resuelto”, afirmó.
Si bien la audiencia de formalización se realizó en Ovalle, el caso quedó radicado en Concepción, donde se investigan los delitos relacionados con las bandas trasnacionales
Con la prisión preventiva decretada para los imputados, la fiscalía avanza en una investigación que no solo busca justicia para la víctima, sino también dar un golpe al crimen organizado, cuya violencia y alcance han quedado en evidencia con este caso.
CRIMEN ORGANIZADO Y VULNERABILIDAD DE TESTIGOS
El exgeneral de Carabineros y posgrado de criminología, Jorge Tobar, destacó que el crimen organizado está presente en la región, especialmente en la provincia del Choapa y en el Limarí, donde se han registrado ajustes de cuentas vinculados al narcotráfico. “Carabineros ha debido reforzar la presencia del OS7 en Ovalle, instalando una segunda unidad, lo que no es común en otras regiones de Chile”, señaló.
Sobre la protección de testigos, Tobar valoró el trabajo de las unidades especializadas del Ministerio Público, aunque advirtió que la vulnerabilidad aumenta cuando no se siguen estrictamente las indicaciones de seguridad. “Las URAVIT del Ministerio Público han sido bastante eficientes en proteger a víctimas y testigos. A pesar de hechos aislados y excepcionales, la probabilidad de que sufran ataques estando bajo protección es hoy por hoy, de muy baja probabilidad”, explicó.
Sin embargo, el especialista advirtió que ciertos factores aumentan el riesgo. “Ocurre cuando estas personas no siguen las orientaciones de seguridad, divulgan información o asumen hábitos de riesgo. Esto ha sido señalado como la máxima debilidad en sistemas de protección de testigos, incluso en programas internacionales como el federal, de EEUU”, explicó.
Por lo demás, Tobar subrayó el impacto comunitario de un ataque a un testigo. “Golpea muy fuerte a la comunidad que ya enfrenta altos niveles de temor, como ocurre en la Región de Coquimbo. Aun así, revisando los programas nacionales del Ministerio Público, estos siguen siendo servicios de alta efectividad y confiables”, subrayó.