Tras reunirse con dirigentes agrícolas de Ovalle y Río Hurtado, el parlamentario ofició al SAG para exigir respuestas frente a la grave crisis que golpea a la pequeña agricultura del Limarí.
La Provincia del Limarí enfrenta una grave crisis agrícola producto de la plaga de la mosca de la fruta (Ceratitis capitata), que afecta principalmente a los pequeños agricultores de comunas como Ovalle, Monte Patria y Río Hurtado. La emergencia ha provocado pérdidas de hasta un 80% en cultivos de cítricos, paltas y uvas, y mantiene más de 20 millones de kilos de fruta en cuarentena, mientras que 48 mil kilos ya han debido ser destruidos para evitar la propagación.
Tras reunirse con dirigentes agrícolas en la Cooperativa Control Pisquero en Ovalle y en Pichasca, Río Hurtado, el diputado Víctor Pino, presidente de la Comisión de Economía, decidió ingresar oficios al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). Estas solicitudes buscan conocer cómo se están ejecutando las campañas para combatir la mosca de la fruta y aclarar los protocolos de fiscalización sobre el uso de plaguicidas, ya que los agricultores de Monte Patria denuncian multas por la muerte de abejas pese a la emergencia que enfrentan.
“Nuestros agricultores están sufriendo pérdidas millonarias y el riesgo de un colapso económico que golpeará el empleo rural. Necesitamos respuestas claras del Estado y apoyo real para quienes producen los alimentos de nuestra región”, señaló el parlamentario representante de la región de Coquimbo.
En este sentido, el diputado recalcó que muchos productores quedaron sin compensación, ya que las pérdidas ocurrieron antes de la entrada en vigencia del seguro de $800 por kilo perdido anunciado por el Ministerio de Agricultura. “No es justo que quienes han trabajado toda su vida la tierra hoy enfrenten la pérdida total de sus cosechas sin recibir un solo peso de ayuda. No podemos dejar solos a los pequeños agricultores”, enfatizó Pino.
El parlamentario aseguró que seguirá fiscalizando y acompañando a los pequeños productores, para que no queden desprotegidos ante una crisis que amenaza la economía local y la seguridad alimentaria de la región.