Profesores advierten que la violencia, el tráfico y consumo de drogas, así como el porte de armas, no son casos aislados, mientras los protocolos preventivos se aplican tarde y la protección legal sigue siendo insuficiente.
“Los profesores estamos asustados, no nos sentimos seguros para venir a trabajar”. Con esa frase una profesora del Liceo Politécnico de Ovalle, que prefirió resguardar su identidad, graficó una realidad que se ha vuelto cotidiana: estudiantes ingresando con armas, consumo abierto de drogas dentro de los establecimientos y protocolos de seguridad que no logran anticiparse a los hechos.
Aunque el debate se reactivó tras los recientes casos de menores detenidos por portar armas en liceos locales, la preocupación de los docentes va mucho más allá de esos hechos. Los docentes aseguran que la violencia y el consumo de drogas dentro de las aulas ya no son hechos aislados, sino parte del ambiente cotidiano.
Rogelio Pizarro, presidente del Colegio de Profesores de Ovalle, señaló que “en los últimos años hemos visto una espiral de hechos de violencia al interior de los establecimientos educativos y claramente en la enseñanza media los hechos de violencia son de mayor gravedad”. La preocupación es constante: “Es habitual que en la semana siempre tengamos llamados de profesores de distintos establecimientos educativos, en los que ocurren diversas situaciones, a veces no muy violentas, pero sí a diario estamos recibiendo quejas y reclamos”, añadió.
El reciente caso del Liceo Politécnico, donde un estudiante fue sorprendido portando un arma de fuego, evidenció la gravedad de la situación. “Los hechos de violencia han ido en aumento y las autoridades no están tomando el peso de lo que ocurre en los establecimientos educativos”, afirmó Pizarro.
En la misma línea, Rogelio cuestionó los protocolos de seguridad. “En muchos casos los protocolos se activan tarde o simplemente no se activan. Vemos que algunos equipos directivos prefieren bajar el perfil a los hechos en vez de sancionar o hacer seguimiento”, enfatizó.
El dirigente gremial explicó que la raíz de estos episodios no nace desde dentro de los liceos. “La violencia es estructural, hoy en día se vive en el país en general y lamentablemente los profesores no podemos hacer mucho, ya que viene de los barrios y del entorno familiar de los estudiantes”, sostuvo.
Pizarro también criticó la falta de protección legal hacia los docentes. “Hoy no existe ninguna normativa que efectivamente proteja al docente de hechos de violencia. Y cuando esto ocurre y afecta a algún docente, ya sea a nivel emocional o físico, vemos que lamentablemente ni el Estado ni el sostenedor entrega los apoyos suficientes para los docentes afectados”, señaló y propuso la necesidad de sanciones más duras y leyes específicas para proteger al personal educativo.
“Las familias se han ido desligando del rol formador, especialmente en lo valórico. No podemos cargar a las escuelas y liceos con responsabilidades que le corresponden al hogar”, sostuvo
Finalmente, el presidente del Colegio de Profesores hizo un llamado a las familias y a las autoridades a involucrarse activamente en la formación de los estudiantes. “Es fundamental que los padres asuman su rol en la educación y que los equipos directivos apliquen los protocolos de manera efectiva, incluyendo sanciones cuando corresponda”, concluyó.
AUMENTO SOSTENIDO EN LA REGIÓN DE COQUIMBO
De acuerdo con datos públicos disponibles en la plataforma estadística de la Superintendencia de Educación, actualizados al 30 de septiembre de 2025, la Región de Coquimbo registra 573 denuncias por temas de convivencia escolar en lo que va del año. Esta cifra representa un incremento del 34,5% respecto al mismo periodo de 2024, superando ampliamente el promedio nacional, que se situó en un 25,3%.
El informe detalla que 228 denuncias corresponden al segundo trimestre y 234 al tercero, evidenciando una tendencia al alza durante el año. Estos antecedentes, de carácter público y de libre acceso, permiten dimensionar la magnitud del fenómeno en los establecimientos de la zona, tanto del sistema municipal y de servicios locales como en colegios particulares subvencionados.
Desde la Superintendencia de Educación explican que el aumento de denuncias no necesariamente implica un empeoramiento de la convivencia escolar, sino que refleja una mayor disposición de las comunidades a denunciar vulneraciones y confiar en la institucionalidad. “Cada denuncia es también una señal de confianza en la institucionalidad, una forma de decir “esto no está bien” y esperar una respuesta.”, señalan desde el organismo.
Pese a la gravedad de las declaraciones y al aumento sostenido de las denuncias, ni la Dirección de Educación Municipal (DEM), ni la Seremi de Educación ni la propia Superintendencia quisieron referirse al tema.