Loreto Orellana abordó la problemática de los cientos de estudiantes afectados por el cierre del colegio ubicado en Las Compañías así como el preocupante aumento de denuncias de connotación sexual y por discriminación en la zona durante el año 2025.
La superintendenta de Educación, Loreto Orellana Zarricueta, visitó la región para conocer la realidad local en materia de gestión y convivencia educativa. En su periplo recorrió los recintos Rayito de Sol de Vicuña, y Dulce Mirada de La Serena. Además se reunió con los funcionarios del organismo.
En ese contexto, abordó con El Día los distintos desafíos de la Superintendencia de Educación que encabeza y las estadísticas regionales de denuncias en el ámbito escolar.
-Uno de los temas desconocidos que como Superintendencia abordan es la infraestructura y que los recursos estén bien implementados por los sostenedores.
“Así es. Nosotros tenemos varios mandatos legales. Uno tiene que ver con la fiscalización de los establecimientos y la normativa que existe para ello, lo que contempla infraestructura, seguridad y, por otro lado, el uso de los recursos. En definitiva, se trata de verificar que todo lo que nosotros otorgamos en subvención a los establecimientos se haya gastado en lo que corresponde. Entre otras temáticas, que son variadas, están los temas de convivencia, que es lo que la gente creo que más conoce de la superintendencia”.
-De las más de 700 denuncias que han recibido en la zona, ¿a qué ámbitos corresponden?
“En la Región de Coquimbo tenemos un aumento que no es muy distinto al resto del país en términos porcentuales. En general, aumentamos un 20% anual el número de denuncias y, efectivamente, las temáticas son similares a las del resto del país, aunque con algunas variaciones. En la región han aumentado las denuncias relacionadas con temas de connotación sexual y también aquellas que tienen que ver con la discriminación. Desde que se promulga la Ley de Autismo, los padres comienzan a estar más informados de sus derechos y existe una mayor conciencia sobre situaciones que ocurren al interior de los establecimientos y que involucran a estudiantes con necesidades educativas especiales, principalmente con estudiantes con autismo. Como aparece esta ley, los apoderados saben que hoy los colegios deben cumplir con ciertos protocolos y los exigen, y cuando estos no se cumplen o no están ajustados, se producen denuncias. Por eso también hay un aumento en las denuncias por discriminación, básicamente por esta razón”.
-¿Están preparados los colegios para enfrentar este tipo de situaciones con niños con necesidades especiales?
“Los colegios están mejor preparados que antes. Afortunadamente, creo que han tenido una muy buena comprensión de la normativa y han ido ajustando sus protocolos y capacitando a sus equipos para enfrentar de mejor manera esta matrícula de estudiantes, que en algunos colegios es alta, respecto de las necesidades educativas especiales. Hoy sabemos que han aumentado los diagnósticos de autismo y que todos los establecimientos deben cumplir ciertos protocolos, como el plan de manejo individual de cada estudiante. También deben capacitar a sus equipos para que las denuncias que muchas veces se presentan, incluso por parte de docentes respecto del maltrato o las desregulaciones, puedan ser abordadas adecuadamente. Hoy incluso desde la Subsecretaría de Educación se ha suscrito un convenio con la Asociación Chilena de Seguridad, que contempla una capacitación específica para los docentes para manejar las desregulaciones, lo que es un aprendizaje, ya que ninguno de ellos fue capacitado en la universidad para atender este tipo de situaciones”.
-Este aumento de denuncias de connotación sexual en la región, ¿se da entre compañeros o involucra a docentes?
“Actualmente estamos realizando ese análisis desde la superintendencia, a partir de las denuncias que nos llegan, lo que es distinto al informe de la Contraloría. Hay algunas que efectivamente son entre compañeros y eso cuenta con protocolos muy bien definidos dentro de los establecimientos de acuerdo con la normativa. Cuando los hechos tienen carácter delictivo y son adultos contra menores, existe también un protocolo que obliga al colegio a denunciar dentro de las 24 horas siguientes. Todo esto está muy bien resguardado para que estas situaciones tengan una atención rápida, oportuna y que proteja a las víctimas. Hoy estamos analizando las denuncias para tener mayor claridad, pero en general se da con mayor frecuencia desde adultos hacia menores”.
-En cuanto a los sostenedores, por ejemplo, la Corporación Municipal Gabriel González Videla, presentaba una serie de irregularidades en el uso de recursos para educación.
“Sí, el proceso de rendición de cuentas es parte de lo que llevamos como superintendencia desde un inicio y, al ser declarativo, es donde muchas veces se producen estas irregularidades. Los sostenedores suben a la plataforma la información con la que cuentan o, en ocasiones, lo hacen de forma desordenada u omiten antecedentes. Cuando termina el proceso, que generalmente es a fines de marzo, generamos programas de fiscalización respecto de las inconsistencias detectadas. En ese caso, la Corporación Gabriel González Videla fue acumulando un no pago de imposiciones durante un periodo, lo que constituye una falta grave a la normativa, y por ello se han iniciado los procesos administrativos correspondientes, que es parte de las facultades de la superintendencia”.
-Otro problema grave con sostenedores fue el del colegio Christ School.
“Ese es un ejemplo de aquello, exactamente. Ahí existe un contrato entre privados que no se cumple; hay un juicio y una serie de faltas que ya estaban determinadas. El juicio establece un lanzamiento, es decir, el inmueble iba a ser embargado y debía ser entregado. En ese contexto, la facultad que tenemos es determinar un administrador provisional, lo que se hace para proteger la trayectoria educativa de los estudiantes. El administrador provisional cumple una función específica, que es el ordenamiento del establecimiento, generalmente con miras al cierre o al retorno al sostenedor cuando se subsana la crisis financiera u otra situación. En este caso, eso no se cumplía, ya que no hubo acuerdo respecto del bien inmueble, no existía contrato y no se cumplían los requisitos. Finalmente, la facultad que nos asiste es la revocación del reconocimiento oficial. Para ello se designó un administrador que está finalizando su labor, y la seremi tiene la misión de reubicar a los alumnos que hoy quedan sin poder ser parte de la comunidad del Christ School, ya que existe oferta educativa en la región. Pueden ser reubicados en otros establecimientos, aunque esa es una decisión de los padres y apoderados, muchos de los cuales optaron por la educación pública. Desde la seremi nos señalan que cerca del 80% ya tendría su matrícula. Este ha sido, creo yo, el caso más complejo en bastante tiempo”.