Mientras el gobernador regional, Cristóbal Juliá, valora la coordinación con la futura administración, funcionarios públicos expresan inquietud ante eventuales desvinculaciones y recuerdan experiencias previas de recortes estatales.
Distintas sensaciones se viven en la Región de Coquimbo a medida que se acerca el 11 de marzo, fecha en que asumirá el nuevo gobierno liderado por José Antonio Kast.
Desde la gobernación regional se observa con optimismo el inicio de una nueva etapa administrativa, mientras que entre funcionarios públicos predomina la preocupación ante eventuales despidos, especialmente considerando experiencias pasadas de reducción de personal en el aparato estatal.
UNA NUEVA ETAPA
El gobernador regional, Cristóbal Juliá, sostuvo que la llegada de la nueva administración representa el inicio de un ciclo relevante tanto para el país como para las regiones.
“Como gobierno regional valoramos que se inicie este nuevo ciclo con una disposición clara al trabajo coordinado entre el nivel central y los gobiernos regionales, entendiendo que los principales desafíos del desarrollo requieren colaboración, diálogo y decisiones oportunas”, señaló la autoridad.
Según explicó, en la Región de Coquimbo existen prioridades definidas: seguridad, reactivación económica, empleo, infraestructura pública, gestión hídrica, fortalecimiento social y desarrollo productivo.
“En todos estos ámbitos, nuestra voluntad es seguir avanzando con una mirada estratégica, responsable y centrada en entregar soluciones concretas a las personas”, agregó.
Asimismo, destacó la designación de Víctor Pino como delegado presidencial, calificándola como una señal positiva.
“Es una persona que hemos tenido la oportunidad de conocer en el ejercicio de nuestras funciones, con quien existe una relación de trabajo respetuosa y constructiva. Estoy convencido de que, junto al nuevo gobierno de Chile y la delegación presidencial, vamos a continuar desarrollando un trabajo serio y colaborativo, alineado con las prioridades de la región”, indicó.
PREOCUPACIÓN FUNCIONARIA
En contraste, desde la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) regional manifestaron inquietud ante el cambio de autoridades. El presidente regional del gremio, Patricio López, explicó que existe preocupación generalizada en los servicios públicos ante anuncios de reducción del tamaño del Estado.
“A propósito de la asunción de las nuevas autoridades hay preocupación en todos los servicios públicos por las promesas de achicar el Estado. Además, no se aprobaron las llamadas leyes de amarre que buscaban justificar desvinculaciones, por lo que efectivamente existe inquietud”, afirmó.
El dirigente aclaró que no se trata de temor, sino de incertidumbre basada en experiencias anteriores.
“Ya vivimos algo similar el año 2010 cuando asumió el gobierno de Sebastián Piñera y se despidieron 11 mil funcionarios públicos a nivel nacional. Hoy se habla de cifras mucho mayores, incluso de 180 mil trabajadores, que corresponden prácticamente a todo el gobierno central. Sabemos que esos números son difíciles de alcanzar, pero la preocupación existe”, sostuvo.
Trabajadores del sector público coinciden en ese diagnóstico. Si bien algunos descartan despidos masivos inmediatos, reconocen un ambiente de incertidumbre respecto a lo que ocurrirá una vez que las nuevas autoridades asuman sus funciones.
De esta forma, mientras las autoridades regionales proyectan coordinación y continuidad en las políticas públicas, entre los funcionarios predomina la cautela, a la espera de definiciones concretas que permitan despejar dudas sobre el futuro laboral en el aparato estatal.