Seis trabajadores de programas sociales aseguran haber ingresado una denuncia colectiva por presunto acoso laboral, acusando hostigamiento reiterado, afectación a su salud mental, precariedad contractual y falta de información sobre el avance del proceso. El municipio confirmó la recepción de la denuncia e indicó que existe una investigación en curso.
Una denuncia colectiva presentada bajo el marco de la Ley Karin mantiene en alerta a un grupo de funcionarios que se desempeñan en programas sociales ejecutados por el municipio de Ovalle. Se trata de seis trabajadores de la dirección de Desarrollo Social, quienes acusan situaciones de acoso laboral sostenidas en el tiempo, además de una falta de respuesta institucional tras formalizar el reclamo.
Según relataron dos de las funcionarias afectadas a El Ovallino, el conflicto no corresponde a un hecho puntual, sino a situaciones que se habrían extendido por años y que terminaron por afectar gravemente el bienestar emocional y la estabilidad laboral. situación que finalmente los llevó a denunciar de manera conjunta. “Somos un equipo completo. Seis hicimos la denuncia en conjunto porque la situación ya no daba para más”, señaló una de ellas.
De acuerdo con el relato de las denunciantes, el acoso laboral se habría manifestado principalmente a través de hostigamiento psicológico y profesional, con prácticas como descalificaciones reiteradas, acusaciones infundadas, amenazas veladas de desvinculación, asignación de tareas ajenas a sus funciones y un trato denigrante tanto en espacios internos como frente a terceros. Aseguran que estas conductas se mantuvieron de forma sostenida en el tiempo, generando un clima laboral deteriorado y un progresivo impacto en su salud mental.
“No fue una decisión fácil denunciar”
Las denunciantes explicaron que “no fue una decisión fácil denunciar, porque trabajamos a honorarios y siempre existe el miedo a quedar sin trabajo. Yo llevo más de 13 años y aguanté mucho tiempo por lo mismo”, afirmó la primera entrevistada.
Según su relato, el acoso se manifestó principalmente de forma psicológica y profesional. “Me acusaban de cosas graves, como robo o falsificación de documentos, sin pruebas. Me empezaron a aislar, a quitar funciones, a hacerme sentir que todo lo hacía mal”, relató. Esta situación, agregó, terminó afectando directamente su salud. “Eso te genera una inseguridad tremenda, no solo en el trabajo, también en la vida personal y familiar”, dice.
La funcionaria indicó que cuenta con un diagnóstico de enfermedad profesional asociado al conflicto laboral y que estuvo con licencia médica recientemente. “Esto no es solo un problema laboral, es un daño real a la salud”, enfatizó.
Denuncia colectiva y afectación a la salud
La segunda funcionaria entrevistada, trabajadora social y parte del mismo equipo denunciante, reforzó que la decisión de denunciar fue colectiva y motivada por el desgaste acumulado. “Esto viene de años. El maltrato estaba tan normalizado que denunciar parecía ser lo anormal”, sostuvo.
La funcionaria aseguró que la situación ha tenido consecuencias graves en el bienestar del equipo. “Todos estamos con apoyo psicológico y varios con medicación. En mi caso no puedo tomar licencia porque, al ser honorarios, no me la pagan”, explicó, apuntando a la precariedad contractual como un factor que agrava el problema.
Ambas entrevistadas coincidieron en que, tras ingresar la denuncia, no han recibido información clara por parte del municipio sobre el estado del proceso. “Han pasado casi tres meses y nadie se ha acercado a decirnos en qué va la investigación. No hay plazos, no hay información, solo silencio”, señaló.
Falta de acompañamiento y temor a represalias
Otro punto crítico mencionado por las denunciantes es la ausencia de acompañamiento institucional. “No hubo apoyo psicológico ni orientación desde el municipio. Todo el apoyo lo tuvimos que gestionar nosotros”, indicaron.
Asimismo, manifestaron temor a eventuales represalias, especialmente considerando su condición contractual. “Denunciar no debería significar quedar en la incertidumbre laboral, pero hoy sentimos miedo. Muchas personas no denuncian por lo mismo”, afirmaron.
en investigación
Consultado por El Ovallino, desde el municipio indicaron que se recibió la denuncia mencionada. En cuanto al estado actual del proceso, este se encuentra en fase de investigación, a cargo del fiscal administrativo.
Desde la casa consistorial indicaron que, por tratarse de un sumario en curso, no es posible entregar mayores detalles, ya que el procedimiento es secreto en esta etapa investigativa.
Asimismo, se adoptan medidas de resguardo para los denunciantes, como el cambio de dependencia física de la persona denunciada, tal como lo indica el protocolo de la Ley Karin.
Mientras el municipio sostiene que el proceso se encuentra en etapa investigativa y bajo reserva legal, las funcionarias denunciantes insisten en que la falta de información y acompañamiento institucional mantiene un clima de incertidumbre laboral y emocional. El caso vuelve a poner en el centro del debate la aplicación efectiva de la Ley Karin y los mecanismos de resguardo para trabajadores que denuncian situaciones de acoso en el ámbito municipal.