Mientras los especialistas la ven como una política necesaria para lograr manejar el gasto con eficiencia, gremios de trabajadores sostienen que ello impactará negativamente en su bolsillo, afectando su carrera funcionaria.
Tras cuatro meses de trabajo, la Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público entregó su informe final al ministro de Hacienda, y a la directora de Presupuestos.
Se trata de 34 recomendaciones organizadas en siete áreas de trabajo: educación superior, salud, control presupuestario, empleo público, oferta programática, institucionalidad y otros ámbitos.
Sin embargo, una de estas propuestas causó molestia en un grupo de funcionarios públicos ya que recomienda congelar la cantidad de personal de planta y los salarios de los trabajadores del Estado.
Y es que según algunos estudios, la cifra de empleados públicos ha crecido en un 57% los últimos 10 años, sin considerar el traspaso de los Servicios Locales de Educación, mientras que las ocupación en el sector privado aumentó un 12% en el mismo periodo. En paralelo, los salarios de los trabajadores del Estado subieron 50% y los bonos asociados sumaron US$900 millones en un solo año.
Ante estas medidas, el economista, académico y director de Investigación, Innovación y Postgrado de la Universidad Central sede Coquimbo, Orlando Robles, explica que medidas como congelar la contratación de funcionarios debiese tener una lógica donde se siguen prestando los servicios. “Justamente el objetivo es la optimización, tanto de la función pública como del gasto público. Ahora el congelar los sueldos es una arista también un poco más compleja, en el sentido de que eso implica que estas personas, frente a la inflación, se volverían un tanto más pobres. Es decir, disminuiría su poder adquisitivo, su ingreso real, por así decirlo, desde una perspectiva un poco más técnica”, señaló el economista.
Robles sostuvo que es importante tener en consideración que para los funcionarios públicos, lo importante se centra en la carrera funcionaria y las escalas de sueldo respecto a determinados cargos. “Hay algunas reparticiones públicas donde la carrera de funcionarios está cooptada y eso también complica finalmente lo que es una retribución justa, lo que es el desempeño de funciones de algunos funcionarios públicos”, indicó el académico de la UCEN.
Por su parte, para Rodrigo Muñoz, dirigente de la ANEF, las medidas planteadadas por la comisión tienen varios matices. “En el caso de los gobiernos regionales, éstos son uno de los tres o cuatro servicios descentralizados que existen en Chile, y los funcionarios alcanzan unos 2.400 en todo el país y no tienen el mismo peso en un presupuesto regional. Por otra parte, está el debate de fondo, que es la comparación con el mundo empresarial.
La única manera que una empresa tiene para aumentar la producción es contratando mano de obra, es decir, recursos humanos. Pero la sociedad pide más y más productividad con menos y menos inversión. Ahí surge un gran dilema: cuando el Estado invierte, por ejemplo en tecnología, son inversiones cuantiosas —como renovar toda la plataforma informática de un ministerio— algo que, además, toma tiempo. Incluso puede implicar un aumento temporal en las contrataciones hasta que todo el sistema funcione correctamente. Ese es el conflicto: la gente quiere más, pero con menos, y juzga en consecuencia”, advierte Muñoz.
El dirigente agrega que si se reduce personal o no se contratan más funcionarios, la sobrecarga laboral será evidente. Además, se suma al tema de las licencias médicas, lo que muchas veces complica a los equipos.
“Ahora, si además se congela el sueldo de los trabajadores, el panorama es más complejo, porque se toca directamente el bolsillo de los funcionarios y se frenan los aumentos que cada cierto tiempo reciben. Hay que entender que la carrera funcionaria es un derecho, y que aspirar a progresar en la vida también lo es. Ese desarrollo se traduce en mayores responsabilidades y, naturalmente, en mejores ingresos”, subrayó Rodrigo Muñoz.
Por su parte, la presidenta de la Nueva Asociación de Funcionarios del Gobierno Regional, la abogada Beatriz Hidalgo, también expresó su rechazo a lo propuesto por la comisión asesora.
“No estamos de acuerdo con un congelamiento de las remuneraciones actuales, pero estimamos que lo que se requiere con urgencia es regular de manera eficaz las contrataciones en el sector público, en particular las contratas y honorarios”, señaló Hidalgo.
La dirigente de los funcionarios explica que el problema radica en que desde hace ya bastante tiempo, no se respeta la carrera funcionaria.
“No se llevan a cabo los concursos de ingresos y tampoco los de promoción interna y las remuneraciones se van incrementando a los funcionarios de manera poco transparente” , aseveró.
En ese sentido, Hidalgo asevera que las distintas administraciones asumen sus funciones no solo con su equipo de confianza, sino además con funcionarios sin previo concurso e, incluso, con mejores remuneraciones de aquellos que llevan más tiempo y poseen más experiencia en el servicio.
“Debería haber un control real y eficaz en cuanto a las contrataciones a honorarios por el número
elevado de éstas y excesivos montos que implican”, añadió la funcionaria regional.