La tendencia genera cuestionamientos sobre los mecanismos de supervisión vigentes y reabre la responsabilidad en los procesos de excarcelación.
El último tiempo Gendarmería de Chile ha sido objetivo de duros y numerosos cuestionamientos, debido a una seguidilla de irregularidades que incluyen el macabro caso de canibalismo que se dio en el Centro Penitenciario de Huachalalume en La Serena, además de las recientes liberaciones de reos por error, como la del sicario vinculado al “rey de Meiggs”, que evidenció fallas en los sistemas y motivó la creación de una mesa de trabajo entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público y el Poder Judicial para reforzar los controles, implementando un nuevo plan que exige un doble chequeo obligatorio antes de concretar cualquier liberación.
Asimismo, se reforzó la coordinación entre Gendarmería y los tribunales, en medio de cuestionamientos sobre una eventual premeditación de funcionarios, lo que llevó al subsecretario de Justicia a solicitar a la Fiscalía investigar posibles responsabilidades.
Y es que de acuerdo a los registros de la institución penitenciaria a los que La Tercera tuvo acceso dan cuenta de que en los últimos 10 años se liberó a 159 sujetos por error en Chile, destacando que la cifra más alta se alcanzó los años 2016 y 2018, cuando se contabilizaron 26 de este tipo de situaciones, seguido del año 2017, en que fueron 25 y de ahí en más los casos fueron más bien a la baja, con el año 2023 cómo el lapso de tiempo en que menos libertades por error se detectaron.
SITUACIÓN REGIONAL
Al ser consultados por los casos de libertad mal otorgadas en la Región de Coquimbo durante los últimos 10 años, desde Gendarmería de Chile respondieron que desde el 2016-2019 no se registraron casos; el 2020 se registró 1 caso (CDP de Ovalle); el 2021 se registró 1 caso (CDP de Ovalle); el 2022 no se registraron casos; el 2023 se registró 1 caso (CP de La Serena); el 2024 se registraron 2 casos (CP de La Serena); y el 2025 se registraron 2 casos (CP de La Serena).
“Las libertades mal otorgadas no son un fenómeno nuevo, ya sea por errores administrativos de los tribunales, o por negligencias inexcusables por parte del personal penitenciario”, indicaron.
Además de esto, desde la institución recalcaron que “de acuerdo a las cifras, el año 2016 se registraron 26 libertades mal otorgadas a nivel nacional, mientras que, en 2023, al inicio de la actual administración, éstas se redujeron a seis en todo el país, aun contando con un aumento exponencial de la población penal, y el creciente flujo de personas que pasan por una cárcel, anualmente. Uno de esos casos, corresponde al Complejo Penitenciario de La Serena, donde se determinó las responsabilidades individuales, y han sido debidamente sancionadas de acuerdo a la falta de exhaustividad y rigurosidad que nuestro trabajo exige”.
En relación a las medidas tomadas para hacer frente a esta situación, especificaron que “la instrucción desde el mando superior es mantener un control exhaustivo, bajo el llamado principio de doble control y principio de responsabilidad, reforzando los mecanismos internos y la supervisión en unidades penales y tribunales de todo el país, con el objetivo de fortalecer los procesos de revisión y evitar que situaciones de esta naturaleza se repitan”.
También se indicó que todas estas situaciones han sido informadas al Ministerio Público y tienen sumarios administrativos respectivos.
SIN RESPUESTA
Desde el diario el Día se consultó con la Seremia de Justicia al respecto de si se está haciendo alguna investigación para determinar si existe una eventual premeditación en este tipo de errores, la Seremia de Justicia, pero al cierre de esta edición no fue posible contar con una respuesta.
INVESTIGACIÓN A FONDO
Con respecto a esta polémica, el senador Sergio Gahona advirtió que “cuando se producen liberaciones irregulares de personas privadas de libertad, no estamos frente a un simple error administrativo, sino ante situaciones que pueden poner en riesgo directo la seguridad de las familias chilenas”.
“Estos hechos deben ser investigados a fondo y con total transparencia para determinar si se trata de negligencias graves, fallas estructurales o eventuales responsabilidades individuales. Si existiera premeditación o conductas dolosas, las sanciones deben ser ejemplares”, agregó.
El diputado Juan Manuel Fuenzalida también se refirió a esta problemática, señalando que “todos sabemos que hay focos de corrupción que avanzan cada día más y que están permeando nuestro sistema público. Acá, obviamente el Ministerio de Justicia, a través de su ministro, tiene que iniciar las investigaciones de rigor, a través de Gendarmería, del Ejecutivo y del Poder Judicial”.
Por su parte, el diputado Marco Antonio Sulantay sostuvo que “como en todas las situaciones criticables donde están involucradas instituciones del Estado, acá hay una mezcla de ineficiencia, negligencia, falta de preparación, falta de recursos y corrupción. La situación de Gendarmería sólo va a encontrar solución con una reforma profunda y con amplio sentido profesional, en circunstancias donde la asignación de más recursos es un pilar fundamental”.