Menor presencia pública, restricciones comunicacionales y reiterados cambios de autoridades marcan el cierre de la actual administración, tanto a nivel nacional como regional.
A pocos meses de que el gobierno entregue el mando a una nueva administración, comienzan a evidenciarse señales que en el mundo político se conocen como el “síndrome del pato cojo”, fenómeno que afecta a los gobiernos en su etapa final y que se traduce en una menor capacidad de acción, pérdida de impulso y cautela en la toma de decisiones, aun cuando el mandato formal es gobernar hasta el último día.
Si bien este proceso suele ser inevitable, en la práctica se han observado resquebrajamientos en el funcionamiento habitual del aparato público. Entre ellos, destacan instrucciones internas que impactan directamente en las comunicaciones y en la relación con los medios, como la restricción para abordar ciertos temas o la disminución de actividades públicas por parte de distintas carteras.
En el caso del actual gobierno, aunque no se reconozca oficialmente, se percibe una baja en la intensidad de su accionar. Son varios los personeros que han optado por evitar pronunciamientos públicos, especialmente en materias que podrían generar controversia o complicaciones políticas.
A nivel regional, ha trascendido que en los días posteriores al proceso electoral el 14 de diciembre pasado existieron instrucciones del Ministerio del Interior para reducir la exposición pública de algunas autoridades. Un ejemplo de ello es el delegado presidencial, Galo Luna, quien tras las elecciones tomó días de descanso y redujo significativamente su presencia en actividades públicas.
No obstante, una constante — con contadas excepciones — ha sido la dificultad para obtener respuestas de parte de personeros del gabinete regional frente a requerimientos periodísticos, una situación que, en tos caso, no es nueva y que se arrastra desde el inicio de la actual administración. Casos evidentes se registraron, por ejemplo, en la vocería de Gobierno, donde pocas veces se observó proactividad ante temas de contingencia, predominando una lógica reactiva más que anticipatoria.
Desde los partidos oficialistas defienden el desempeño de las autoridades, señalando que el ritmo de trabajo no ha disminuido y que se continúa operando con normalidad. Sin embargo, reconocen en privado que se han cometido errores, particularmente en el ámbito comunicacional, donde no se logró instalar con claridad la obra ni los logros del gobierno.
Otro factor que marcó esta administración fue el elevado número de cambios en las seremis. Mientras en algunas reparticiones — seis de ellas — las autoridades se mantuvieron desde el inicio, en otras hubo hasta tres relevos durante el período. Esta rotación permanente implicó que cada nuevo jefe de servicio debiera reiniciar procesos, ralentizando la gestión y afectando la continuidad de las políticas públicas.
Durante el primer año, además, se evidenció una fuerte centralización en la toma de decisiones, ya que ante solicitudes de información regional, la respuesta recurrente era que se debía consultar previamente a Santiago o que los ministerios respondían directamente desde la capital.
A pocos meses de que el gobierno entregue el mando a una nueva administración, comienzan a evidenciarse señales que en el mundo político se conocen como el “síndrome del pato cojo”, fenómeno que afecta a los gobiernos en su etapa final y que se traduce en una menor capacidad de acción, pérdida de impulso y cautela en la toma de decisiones, aun cuando el mandato formal es gobernar hasta el último día.
Si bien este proceso suele ser inevitable, en la práctica se han observado resquebrajamientos en el funcionamiento habitual del aparato público. Entre ellos, destacan instrucciones internas que impactan directamente en las comunicaciones y en la relación con los medios, como la restricción para abordar ciertos temas o la disminución de actividades públicas por parte de distintas carteras.
En el caso del actual gobierno, aunque no se reconozca oficialmente, se percibe una baja en la intensidad de su accionar. Son varios los personeros que han optado por evitar pronunciamientos públicos, especialmente en materias que podrían generar controversia o complicaciones políticas.
A nivel regional, ha trascendido que en los días posteriores al proceso electoral el 14 de diciembre pasado existieron instrucciones del Ministerio del Interior para reducir la exposición pública de algunas autoridades. Un ejemplo de ello es el delegado presidencial, Galo Luna, quien tras las elecciones tomó días de descanso y redujo significativamente su presencia en actividades públicas.
No obstante, una constante — con contadas excepciones — ha sido la dificultad para obtener respuestas de parte de personeros del gabinete regional frente a requerimientos periodísticos, una situación que, en tos caso, no es nueva y que se arrastra desde el inicio de la actual administración. Casos evidentes se registraron, por ejemplo, en la vocería de Gobierno, donde pocas veces se observó proactividad ante temas de contingencia, predominando una lógica reactiva más que anticipatoria.
Desde los partidos oficialistas defienden el desempeño de las autoridades, señalando que el ritmo de trabajo no ha disminuido y que se continúa operando con normalidad. Sin embargo, reconocen en privado que se han cometido errores, particularmente en el ámbito comunicacional, donde no se logró instalar con claridad la obra ni los logros del gobierno.
Otro factor que marcó esta administración fue el elevado número de cambios en las seremis. Mientras en algunas reparticiones — seis de ellas — las autoridades se mantuvieron desde el inicio, en otras hubo hasta tres relevos durante el período. Esta rotación permanente implicó que cada nuevo jefe de servicio debiera reiniciar procesos, ralentizando la gestión y afectando la continuidad de las políticas públicas.
Durante el primer año, además, se evidenció una fuerte centralización en la toma de decisiones, ya que ante solicitudes de información regional, la respuesta recurrente era que se debía consultar previamente a Santiago o que los ministerios respondían directamente desde la capital.
PROYECCIONES POLÍTICAS
Tradicionalmente, algunas autoridades logran proyectarse políticamente más allá del gobierno que integraron. Sin embargo, en esta administración, a nivel regional, ello ocurrió de manera excepcional.
El único caso relevante fue el del exsubsecretario de Desarrollo Regional, Bernardo Salinas, quien resultó electo diputado.
Quienes justifican esta situación sostienen que se trató de autoridades comprometidas con la gestión y que no utilizaron sus cargos como trampolín político. Aun así, hubo intentos, como el del exdelegado presidencial Rubén Quezada, quien dejó su cargo para explorar una candidatura a gobernador regional, opción que finalmente no prosperó dentro de la coalición oficialista.
La retirada gradual del actual gobierno se extenderá hasta marzo, período en el que se estima poco probable que se produzcan nuevos cambios de autoridades.