Representantes de distintos sectores productivos de la región analizaron las posibles implicancias que podría tener la iniciativa, el que busca acordar condiciones laborales comunes para un mismo sector económico. En tanto, la seremi del Trabajo aseguró que esta propuesta de ley “constituye un avance histórico”.
El gobierno ingresó al Congreso el proyecto de ley que introduce en el sistema de relaciones laborales la negociación colectiva multinivel, que es un compromiso del programa del Presidente Gabriel Boric y parte de los acuerdos entre el ejecutivo y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
La iniciativa busca permitir que trabajadores y empleadores de un mismo sector económico puedan acordar estándares mínimos sobre diversas materias relacionadas con condiciones de trabajo, como salud y seguridad laboral. También posibilitará abordar aspectos como salarios, distribución de la riqueza, productividad, desafíos de la transición del mercado del trabajo y reglas de implementación de los distintos convenios, entre otras materas.
Al respecto, la seremi del Trabajo, Monserrat Castro, destacó que “el proyecto de ley de negociación colectiva multinivel es un compromiso programático del gobierno del Presidente Gabriel Boric y parte de acuerdos entre el ejecutivo y la CUT. Constituye un avance histórico y estructural para las relaciones laborales del país, ya que amplía de manera efectiva el derecho a la negociación colectiva, permite que trabajadores y empleadores de un mismo sector acuerden estándares mínimos en materias como salarios, condiciones de trabajo, salud y seguridad laboral, y fortalece el diálogo social como base para una mayor productividad, cohesión social y desarrollo económico, poniendo en el centro la mejora de la calidad de vida de las y los trabajadores y sus familias”, explicó.
GREMIOS EN CONTRA
Por su parte, Ricardo Guerrero, gerente de la Corporación Industrial para el Desarrollo Regional de Coquimbo (CIDERE), sostuvo que “que la negociación ramal, en caso de convertirse en ley, dañará el empleo y afectará a las empresas, sobre todo a las medianas y pequeñas”.
En esa línea, argumentó que “la negociación interempresas contaminará las relaciones entre empleadores y trabajadores, al introducir a personas ajenas a cada empresa en los debates sobre salarios y beneficios laborales, con lo cual los procesos de negociación se harán más rígidos y difíciles de resolver, pues tenderán a no respetar las particularidades de cada empresa. Como consecuencia, se harán más difícil la gestión de las empresas más pequeñas, cuya capacidad de adaptación sea menor, y aumentarán los incentivos a reemplazar trabajadores por tecnología. No deberíamos ignorar estos riesgos: la robótica y la inteligencia artificial llegaron para quedarse y son los principales desafíos para los trabajadores de todo el mundo”, aseguró.
“Sabemos que en este momento las mayores urgencias en materia económica son aumentar la inversión y el empleo, pero al introducir este debate ahora solo haremos más difícil cumplir con esas metas”, afirmó.
Por su parte, Ignacio Pinto, gerente del Consejo Regional Minero de Coquimbo (CORMINCO), dijo que “pretender realizar un cambio estructural a las relaciones laborales en Chile, sin la participación del mundo empresarial parece un camino equivocado y muy riesgoso”.
Desde el punto de vista jurídico, aseveró, “hemos observado que el proyecto cuenta con serias incompatibilidades que no recogen nuestra jurisprudencia y difícilmente podría prosperar, pues afecta directamente la libertad de contratación y aspectos sobre la cadena de valor, por nombrar algunos, que ya han sido definidos a nivel constitucional”.
En esa línea, explicó que, en el caso de la minería -un pilar estratégico para el desarrollo del país-, “se instalarían trabas complejas para un entorno empresarial que ya enfrenta múltiples desafíos y con un impacto directo sobre la contratación de mano de obra, especialmente en la pequeña y mediana minería”.
Por su parte, Marcos Carrasco, presidente de la Multigremial de la Región de Coquimbo, indicó que “en esa mesa de discusión faltan actores relevantes que permitan avanzar en un proyecto que no impacte de manera negativa a las pequeñas y medianas empresas. La afectación a las pymes puede ser muy grave, especialmente si se considera la posible pérdida de oportunidades, una mayor concentración económica y el aumento de los costos laborales, los que podrían resultar desproporcionados para pymes y emprendedores”.
Según Carrasco, “la negociación ramal además pone en evidencia una pérdida de flexibilidad laboral, lo que puede generar múltiples impactos y resultar particularmente perjudicial para las pequeñas y medianas empresas”.