En el marco de la conmemoración de los 100 años del organismo, la autoridad del Consejo de Defensa del Estado conversó con Diario El Día sobre las causas emblemáticas en que ha participado la institución, así como también los desafíos que implica velar por los intereses del Estado, una labor que en algunos casos puede pasar inadvertida, pero que es relevante.
El abogado procurador fiscal de La Serena del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Carlos Alberto Vega Araya, encabeza desde hace 33 años el equipo jurídico del organismo que representa y defiende los intereses públicos en la Región de Coquimbo.
Un ámbito relevante de la labor que desarrolla dicha procuraduría fue dado a conocer este viernes, en un conversatorio que abordó aspectos teóricos y prácticos de la función pública y de los litigios de carácter laboral que a dicha institución corresponde asumir ante los tribunales de justicia.
La actividad tuvo positiva acogida entre autoridades y representantes académicos de la región, quienes acompañaron al procurador fiscal y al presidente del organismo, Raúl Letelier, en el aniversario 130 de la institución, una de las más antiguas del país, y de los 100 años de existencia que, este 2025, conmemoran, también, siete de sus 17 procuradurías fiscales.
La labor a cargo del CDE, según explicaron, es dinámica y diversa. De acuerdo con su mandato legal, le corresponde asumir la representación y defensa judicial de los intereses del Estado en litigios de distinta índole y materias, cuyo volumen a nivel nacional registró más de 24.800 juicios vigentes a fines de 2024, interpuestos contra el Fisco ante diferentes sedes jurisdiccionales a lo largo del territorio nacional: tribunales superiores, tribunales ordinarios, tribunales especiales, juzgados de garantía y tribunales ambientales.
Del total de litigios, 800 se encuentran a cargo del equipo encabezado por el abogado procurador fiscal Carlos Alberto Vega, cuya dotación se compone de 14 funcionarios. La cohesión del equipo, conformado por seis abogados, dos procuradores y cinco funcionarios que desarrollan tareas de soporte administrativo, es una condición que se valora y se cuida.
“Disponer de un adecuado clima laboral resulta una condición indispensable para el desarrollo de un trabajo que requiere ser altamente colaborativo, ya que el ingreso de asuntos y juicios no cesa”, indicó el abogado.
-¿Cuál es la importancia de tener un equipo con respaldo?
“En mi parecer, todo ello da cuenta de una cultura funcionaria que se remonta a los orígenes del Consejo, de la cual nos sentimos orgullosos, y que se aprende y adopta con fuerza al desempeñarse en él”.
-¿Cómo aportan estos elementos a la defensa de los intereses del Estado?
“La experticia técnica, independencia y versatilidad que requiere la defensa judicial del Estado son valores que orientan el trabajo y que puedes identificar en todos los equipos del Consejo. Ello, y la convicción de que su labor debe desarrollarse con el único y principal objetivo de defender los intereses del Estado de Chile”.
-¿Cómo es llegar a los 100 años de la institución?
“El nacimiento de las primeras procuradurías quedó estrechamente ligado a la publicación del Decreto Supremo N° 638 (publicado en el Diario Oficial que marcó el comienzo de la descentralización territorial de la defensa fiscal) y, en nuestro caso, pocos conocen que también nos correspondió atender los pleitos acaecidos en las provincias de Atacama y Coquimbo, cuyos tribunales se encontraban bajo la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de La Serena”.
-Llama la atención que solo cinco funcionarios se hayan desempeñado en el cargo de abogado procurador fiscal.
“Ello da cuenta del alto valor que se otorga a la independencia y autonomía con que el Consejo determina sus nombramientos internos, condición ajena a cambios consustanciales propios de la administración central”.
-¿Quiénes han pasado por dicho cargo?
“Desde su creación, en 1925, y hasta 1943, el cargo lo sirvió don Luis Santana, sucediéndole don Aurelio del Río Rondanelli, quien se desempeñó como procurador fiscal hasta 1969. Luego, don Waldo Lazo Correa ejerció dicha función hasta 1981, seguido por don Daniel Magna González, quien se retiró en 1992. A partir del 15 de marzo de ese año, he tenido el profundo honor de desempeñarlo”.
“PAPAYA GATE”
-¿Qué rol juegan en materia penal?
“En efecto, entre la multiplicidad de materias de competencia del CDE, quizás la más conocida se refiere a la labor de persecución penal de quienes defraudan al Estado, la que se lleva a cabo con firmeza, porque la corrupción daña especialmente la confianza que las personas han puesto en las instituciones”.
-¿Cómo han enfrentado el caso “Papaya Gate”?
“Desde que tuvo conocimiento de los hechos, el Consejo ha desplegado una consistente actividad en cada una de las etapas del caso. Desde ya, una vez que se contó con antecedentes suficientes, a mediados de 2021, presentó una querella criminal por el delito de fraude al Fisco contra tres altos funcionarios del gobierno regional de Coquimbo a esa fecha, así como contra quien ejercía la representación legal de las inmobiliarias involucradas. Salvo uno, los imputados fueron formalizados en mayo pasado por la fiscalía regional”.
-¿Qué labor han desarrollado?
“A ese respecto, puedo asegurarle que la labor que hemos desarrollado como querellantes en la causa fue medular para arribar a la fase de formalización de la investigación. Asimismo, tras tres maratónicas jornadas de audiencias, el tribunal acogió los argumentos que presentamos junto al Ministerio Público y concedió las medidas cautelares solicitadas para dos de los tres imputados. En este momento el plazo de seis meses fijado para la investigación se encuentra vigente y con diligencias en curso solicitadas por el CDE”.
]
-Otro de los temas en que se desempeña el CDE es por la defensa del medio ambiente.
“El Consejo desarrolla una constante labor de resguardo de las potestades de las instituciones frente a múltiples intentos de impugnarlas, lo que obstaculiza y pone en riesgo el oportuno y adecuado cumplimiento de su labor o el desarrollo de políticas públicas en diversos ámbitos del desarrollo de nuestro país. En ese sentido, la labor que desempeñamos desde la procuraduría bajo la dirección de la Unidad de Medio Ambiente del Consejo permitió que el año pasado se concretara la creación de un Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos en el Archipiélago de Humboldt, ubicado en las costas de la provincia del Elqui”.