La entrada en vigencia de la Ley 21.172, que estipula el retiro de cableado obsoleto por parte de empresas eléctricas y de telecomunicaciones, bajo la mirada de los gobiernos nacional y municipales abre un nuevo desafío para las comunas limarinas para mantener la seguridad y ornato de sus calles, aunque se requiere de un financiamiento que hasta ahora no está determinado.
La entrada en rigor de la ley “Chao Cables” supone una nueva oportunidad y un desafío para autoridades nacionales y municipales de eliminar miles de metros de tendido eléctrico y telefónico en desuso de cientos de ciudades del país.
Y es que tras la reciente publicación en Gaceta Oficial de la Ley 21.172, vendrá un -lento y largo- proceso de verificación y eliminación de cableado inerte en todo el país, gestión en la que tendrán responsabilidad intituciones públicas y privadas, nacionales y municipales.
Según afirmó a Radio Bío Bío el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, el primer retiro de cables en desuso que se exige a las empresas de telecomunicaciones por motivos de orden, limpieza y seguridad, podría demorar entre dos y tres años.
Por ello el despacho a su cargo solicitó a las municipalidades un catastro de los sectores más críticos de las comunas, mientras pidió a las empresas uno para definir qué cables son de su responsabilidad y cuáles están en desuso.
Recién con esa información, se podrá armar el primer plan, señaló Araya.
“El trabajo de este primer empellón va a ser mucho mayor que el recurrente. Creo que estamos hablando de un trabajo que nos va a tomar perfectamente dos a tres años un primer despeje”, adelantó el Subsecretario.
Informó que trabajan en la constitución de mesas de retiro de cables, coordinando la labor de los municipios con las empresas de telecomunicaciones.
“Se define un sector prioritario, y la gracia es que cuando lo trabajamos de esa forma, con todas las empresas, cada una se hace cargo de una cuadra, incluyen aquellos cables que no tienen un dueño”.
Detalló que son las empresas las que tienen la primera responsabilidad en ejecutar este plan. “Si es que hubiese empresas que no cumplen con la normativa, primero, los municipios, a través de una ordenanza municipal, están facultados para sancionar a la empresa. Además, los municipios están facultados para proceder con el retiro”, dijo.
Puntos críticos
La capital limarina no escapa de la realidad que ha afectado a decenas de comunas a nivel nacional. Al respecto desde la Municipalidad de Ovalle indicaron a El Día que se han identificado al menos 100 puntos críticos en los que se mantienen suspendidos cables sin uso.
La mayoría de las ubicaciones detectadas por la municipalidad limarina se concentran en el centro de la ciudad, en puntos que van desde calle Portales hasta la Alameda y desde calle Tangue a Pescadores, es decir, en pleno casco histórico.
Precisaron que una vez establecidos los principales cien puntos de conflicto, éstos se trabajarán en conjunto con la Subsecretaría de Telecomunicaciones para resolver los nodos.
El alcalde de la comuna, Héctor Vega Campusano, destacó que desde su despacho estaban expectantes a la promulgación de la ley para exigir los trabajos de retiro del cableado estéril.
“Esta es una ley que estábamos esperando hace bastante años en la municipalidad, porque nos va a permitir ordenar, mejorar y eliminar la contaminación visual que tienen nuestras ciudades, especialmente en los sectores céntricos y en las poblaciones, donde hay bastantes cables sin uso. Ahora esta ley nos va a permitir que las empresas eléctricas y las empresas de telecomunicaciones hagan estos arreglos, que nosotros muchas veces los hemos notificado para que los hicieran, pero no había una ley, es decir un marco legal que nos permitiera ejercer mayor presión para que nuestras calles estuvieran despejadas, y para obviamente eliminar esa contaminación visual que es bastante desagradable para todos los transeúntes de nuestras calles”, destacó el edil ovallino.
Sin recursos
En tanto, el edil de Monte Patria, Cristian Herrera, aplaudió la medida, porque aborda una temática de seguridad, pero criticó que no venga acompañada de los fondos suficientes.
“La problemática del cableado aéreo es una problemática que es transversal, en todos los municipios de nuestro país. En nuestro caso se da principalmente en los sectores urbanos como Chañaral Alto, El Palqui y Monte Patria, donde están los sectores más comerciales. Allí tenemos abundantes cables y muchos de ellos de empresas que ya no existen, por lo cual se dificulta poder realizar la pesquisa de quién es el propietario de aquellos cables”.
Señaló que por estar en desuso mucho tiempo, hay cables que están más bajo que lo que estipula la norma y cada cierto tiempo son pasados a llevar por algún vehículo, que no solamente lo corta, sino que también genera complicaciones con los postes y que pueden causar algún accidente más grande.
“Una vez que se implementó la ley y se generaron los instrumentos para poder aplicarla, comenzamos a generar desde nuestro departamento jurídico, una ordenanza municipal que nos permita realizar los cobros que dice la ley, entendiendo que en los municipios más pequeños y más alejados, como el nuestro, las empresas no se van a hacer responsables, sobre todo aquellas empresas que no existen y no hay dónde ubicarlas, sino que vamos a tener que ser los municipios los que asumamos el costo del retiro. Una vez más hacemos el llamado a los parlamentarios, porque son leyes importantes, pero una vez más viene con recursos insuficientes para que los municipios podamos implementarlas. Nos cargan de una responsabilidad, pero sin los recursos financieros adecuados para poder aplicar y realizar este control y este retiro de los cables”, puntualizó Herrera.