Son 40 acciones de agua las que tres regantes mayoritarios no habrían cedido, condición clave para que el Estado invirtiera US$81 millones en la construcción del embalse Valle Hermoso, obra destinada a asegurar el consumo humano de agua para cerca de 30 localidades rurales de la comuna.
La ministra de Obras Públicas, Jessica López, recibirá el próximo 6 de febrero, en Santiago, a dirigentes del Consejo Regional Campesino para abordar el crítico escenario hídrico que enfrenta la comuna de Combarbalá y el incumplimiento de un acuerdo clave por parte de tres regantes mayoritarios, quienes no cedieron las 40 acciones comprometidas como condición para que el Estado invirtiera US$81 millones en la construcción del embalse Valle Hermoso, inaugurado hace cinco años.
El proyecto, concebido con el objetivo de priorizar el consumo humano de agua, contemplaba el abastecimiento de cerca de 30 localidades rurales de la comuna, además de un APR colectivo que permitiera acumular el recurso y destinarlo también a la actividad productiva local. Sin embargo, la ruptura del acuerdo por parte de estos tres regantes derivó en que la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) presentara una alternativa paralela de abastecimiento, la que no obtuvo Recomendación Satisfactoria por parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MIDESO).
El rechazo se fundamentó en dos observaciones técnicas de fondo: la ausencia de derechos de aprovechamiento y dominio sobre el agua, y una factibilidad proyectada de solo 80 litros por habitante al día, cifra inferior a los 100 litros exigidos por el Código de Aguas.
Desde las organizaciones campesinas advierten que la propuesta de la DOH considera el uso de volúmenes de agua sin dominio legal -equivalentes a cerca de 680 m³ anuales-, lo que impacta directamente en el riego agrícola, ya severamente restringido por la escasez hídrica que afecta a la zona. Asimismo, recalcan que la subvención estatal parcial del proyecto fue retirada tras el incumplimiento del acuerdo, obligando a las comunidades a asumir el 100% del financiamiento de las obras, las que además permanecen actualmente paralizadas.
La diputada Nathalie Castillo, quien gestionó la reunión con la ministra, sostuvo que “lo que ocurre en Combarbalá constituye una vulneración grave y persistente del derecho humano al agua, reconocido en instrumentos internacionales suscritos por Chile y en nuestro propio ordenamiento jurídico. Existió un compromiso expreso del Estado para asegurar el acceso al agua para consumo humano, compromiso que hoy se encuentra incumplido por la acción u omisión de algunos actores, mientras las comunidades rurales continúan siendo las principales afectadas. Llevamos años realizando gestiones formales ante las autoridades competentes, sin obtener respuestas eficaces ni soluciones concretas, lo que configura un pésimo precedente institucional y una falta inaceptable al deber de garantía del Estado”.