Prestadores de servicios de distribución de agua rural suspendieron – parcialmente – por esta jornada, la entrega de agua potable en Ovalle y Punitaqui, acusando retrasos de hasta seis meses en los pagos por parte de la delegación presidencial provincial del Limarí, la que informó que, tras una reunión con los proveedores, el servicio fue retomado y que los pagos pendientes se concretarán antes de fin de mes.
Una paralización parcial de camiones aljibe se registró este lunes en la provincia del Limarí, luego de que prestadores de servicios encargados de la distribución de agua potable en sectores rurales decidieran suspender sus recorridos ante prolongados retrasos en los pagos por par
te de la delegación presidencial provincial de Limarí.
A diferencia de lo que podría suponerse, los afectados no son conductores dependientes, sino proveedores del servicio, dueños de camiones aljibe, quienes además contratan choferes, financian el combustible y asumen los costos de mantención. Según relatan, la falta de pago hace inviable seguir operando, especialmente en un contexto de sequía y altas temperaturas.
Ovalle: siete rutas sin suministro
En la comuna de Ovalle, Claudio Ossandón, prestador del servicio de entrega de agua potable rural, explicó que decidió paralizar tras seis meses sin recibir pagos, pese a haber cumplido regularmente con las rutas asignadas. “La paralización es netamente por el no pago. Son seis meses sin recibir nada y sin ninguna respuesta clara”, señaló.
En su caso, la suspensión afecta siete rutas rurales, que abastecen sectores como La Placa, Las Ánimas, Panulcillo, Romeralcillo, La Verdiola, Los Canelos, Rincón de la Calera, Caleta El Toro, El Olivo, Sector 7, El Teniente y Caleta Sierra, entre otros puntos, como los APR de los Nogales y el APR de Lagunillas, sectores que dependen del agua potable mediante camiones aljibe.
Ossandón detalló que mantener el servicio implica un alto costo mensual. “Solo en combustible se gasta cerca de un millón de pesos por camión. A eso se suman sueldos de conductores, mantenciones y reparaciones. Llevar esos gastos acumulados por seis meses es insostenible”, afirmó, indicando que ha debido recurrir a créditos para intentar sostener la operación.
Ovalle: siete rutas sin suministro
En la comuna de Ovalle, Claudio Ossandón, prestador del servicio de entrega de agua potable rural, explicó que decidió paralizar tras seis meses sin recibir pagos, pese a haber cumplido regularmente con las rutas asignadas. “La paralización es netamente por el no pago. Son seis meses sin recibir nada y sin ninguna respuesta clara”, señaló.
En su caso, la suspensión afecta siete rutas rurales, que abastecen sectores como La Placa, Las Ánimas, Panulcillo, Romeralcillo, La Verdiola, Los Canelos, Rincón de la Calera, Caleta El Toro, El Olivo, Sector 7, El Teniente y Caleta Sierra, entre otros puntos, como los APR de los Nogales y el APR de Lagunillas, sectores que dependen del agua potable mediante camiones aljibe.
Ossandón detalló que mantener el servicio implica un alto costo mensual. “Solo en combustible se gasta cerca de un millón de pesos por camión. A eso se suman sueldos de conductores, mantenciones y reparaciones. Llevar esos gastos acumulados por seis meses es insostenible”, afirmó, indicando que ha debido recurrir a créditos para intentar sostener la operación.
Punitaqui: atraso recurrente y licitaciones cortas
Una situación similar se vive en Punitaqui, donde Víctor Rojas, también prestador del servicio, confirmó que no recibe pagos desde hace seis meses, entrando ya al séptimo. En su caso, la paralización afecta la ruta 8, que cubre sectores como Las Cruces, El Toro de Punitaqui, Pueblo Viejo, Las Ñipas de Punitaqui y el sector Las Lluvias.
Rojas apuntó a un problema que, a su juicio, no es puntual, sino que se repite cada cierto tiempo. “Esto ya es recurrente. Desde hace años siempre se llega a la paralización para que recién se apuren los pagos”, sostuvo.
Según explicó, los mayores atrasos se producen en licitaciones de corto plazo, donde los procesos administrativos, autorizaciones y transferencias de recursos suelen retrasarse. “Para seguir entregando agua hay que pagar sueldos, combustible y mantención. Sin pagos, simplemente no se puede seguir operando”, enfatizó.
Medida extrema y preocupación comunitaria
Ambos prestadores coincidieron en que la paralización es una medida extrema, adoptada luego de meses sin respuestas concretas por parte de la autoridad. Según relataron, los correos enviados y las gestiones realizadas no habrían derivado en una fecha clara de pago ni en una mesa de diálogo efectiva.
Pese a ello, manifestaron comprensión por la preocupación de las comunidades rurales. “La gente del campo es la más afectada, pero en estas condiciones no se puede seguir trabajando”, señaló Ossandón. En tanto, Rojas indicó que, de existir un compromiso concreto con fecha definida, está dispuesto a recuperar las rutas afectadas por la movilización en los días siguientes.
En tanto, desde la delegación presidencial provincial del Limarí indicaron que los retrasos en los pagos a proveedores de camiones aljibe responden a procesos administrativos asociados a la ejecución de recursos bajo figura de emergencia, los que según señalaron, son extensos, burocráticos y requieren una especial rigurosidad normativa y financiera. En ese contexto, afirmaron que los procedimientos no están exentos de dificultades, lo que ha implicado rehacer y reordenar gestiones administrativas, generando retrasos en algunas etapas del proceso. Además señalaron que durante esta jornada se sostuvo una reunión con los dos proveedores que se encontraban movilizados, tras lo cual “han retomado de manera inmediata la prestación del servicio”, agregando que los plazos de pago informados permitirían regularizar la situación antes del término de este mes.
Asimismo, la autoridad precisó que, “de las 51 rutas que se trabajan esta movilización afectó solamente a 5 de ellas. Es importante señalar que la distribución de agua no ha estado en riesgo y que de todas maneras el servicio continúa entregándose con normalidad”, explicaron desde la delegación.
En efecto, los prestadores retomaron el servicio tras la reunión con la autoridad, quedando ahora a la espera de que el compromiso de pago anunciado por la delegación se concrete dentro de los plazos informados, para evitar nuevas suspensiones de un servicio esencial para las comunidades rurales del Limarí.