Autoridades policiales y de la Seremi de Trabajo valoran los esfuerzos y los resultados de las fiscalizaciones que se llevan a cabo en el área rural para garantizar el cumplimiento de las normativas migratorias y laborales, que han dejado un par de decenas de denuncias por diversas infracciones.
En el marco de las fiscalizaciones a predios agrícolas y rurales, para garantizar el cumplimiento de las normativas laborales y migratorias, autoridades de la región valoraron los resultados de las jornadas y destacaron los esfuerzos para evitar el abuso a trabajadores y el incumplimiento de las leyes vigentes.
En ese sentido se han registrado en la región de Coquimbo, con más énfasis en las provincias de Choapa y Limarí, diversas jornadas de controles migratorios y laborales en predios agrícolas, que han arrojado resultados que apuntan a la erradicación de la práctica irregular de contratación y de condiciones injustas para los trabajadores.
Al respecto, el jefe del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de la PDI La Serena, subprefecto Sergio Lara, señaló a Diario El Día los esfuerzos y resultados que han obtenido en los últimos meses en la lucha por garantizar el cumplimiento de la ley.
“Detectives de nuestra unidad, por instrucción de la Región Policial de Coquimbo y la Jefatura Nacional de Migraciones de la PDI, desarrollan una planificación estratégica de fiscalizaciones importantes de realizar durante el año, en coordinación con diversos servicios públicos, autoridades de Orden y Seguridad Pública y, especialmente, con la comunidad organizada a través de nuestras unidades territoriales en Ovalle e Illapel, donde contamos con Secciones de Policía Internacional que complementan nuestra labor en todas las comunas de las provincias de Limarí y Choapa”, señaló.
Precisó Lara que de esa manera se han realizado controles migratorios dirigidos y coordinados en zonas residenciales urbanas y rurales, así como también en comercios, predios agrícolas, caletas, centros de recreación nocturna y barberías, entre otros sectores que son de interés para sus investigaciones, por la ocurrencia de algún delito o irregularidades que sean motivo de denuncia por infringir la Ley de Extranjería y, en caso de requerimientos judiciales, poner a los responsables a disposición de los tribunales o del Ministerio Público.
“Durante este año, específicamente, nuestro equipo de detectives y agentes policiales suma 64 extranjeros fiscalizados en el sector agrícola y 27 denunciados por diversas infracciones a la Ley de Extranjería, entre ellos 19 bolivianos, tres venezolanos, un colombiano y cuatro chilenos que infringen las leyes laborales al darle empleo a migrantes en situación irregular, porque realizar actividades remuneradas sin autorización, lo cual es motivo de denuncia y sanción”, apuntó.
Destacó que la PDI trabaja a través de sus brigadas investigadoras de trata de personas, para abordar los delitos relacionados a la vulneración de derechos, también en las faenas agrícolas, pero sobre lo que les compete desde el punto de vista criminal, sobre todo cuando existen antecedentes o evidencias que se relacionan con estos delitos graves.
“Es fundamental que los testigos también puedan advertir, registrar y denunciar estos hechos, incluso si contratan a migrantes en situación irregular es necesario que puedan denunciarlo de manera confidencial en cualquier unidad de la PDI para investigarlas con el Ministerio Público y terminar con estas prácticas ilegales en cualquier rubro o actividad comercial”, puntualizó Lara.
Laboralmente
En tanto, la Seremi del Trabajo y Previsión Social, Monserrat Castro, resaltó los esfuerzos para garantizar que no existan vulneraciones de derechos de trabajadores y que no se registren contrataciones irregulares de trabajadores agrícolas.
“Desde el Gobierno hemos sido claros: la ley laboral no distingue entre trabajadores nacionales y extranjeros. Todo empleador, sin excepción, tiene la obligación de respetar íntegramente la normativa vigente. Por ello, como Ministerio del Trabajo y a través de la Dirección del Trabajo, reforzamos que ninguna condición migratoria puede justificar la vulneración de derechos. Para garantizar un trabajo agrícola digno y prevenir la contratación irregular, estamos intensificando la formación normativa, fortaleciendo la fiscalización y exigiendo mayor responsabilidad en la gestión interna de los empleadores. Nuestro compromiso es que cada trabajador y trabajadora del campo en la Región de Coquimbo cuente con condiciones seguras y justas”, señaló Castro.
En ese sentido aseguró que el llamado a los productores agrícolas es a cumplir rigurosamente con la normativa laboral, puesto que deben entender que respetar los derechos no solo evita sanciones, sino que además fortalece la sostenibilidad y prestigio del sector agrícola de la región.
“A las y los trabajadores, nuestro llamado es a informarse, exigir el respeto de sus derechos y utilizar los canales de denuncia que la Dirección del Trabajo dispone cuando se enfrenten a situaciones de vulneración”, invitó la jefa de la cartera laboral.
Fiscalizables
Desde el despacho del Trabajo señalaron que en el sector agrícola son diferente las materias fiscalizables que los trabajadores y empleadores deben cumplir, entre ellas las condiciones básicas de higiene y seguridad.
En seguridad y salud se controla principalmente que haya agua potable, baños y comedores; señaléticas y almacenamiento de sustancias peligrosas; trabajo en cámara de frío, exposición a plaguicidas y a radiación UV, manejo de maquinarias y vehículos en faenas, y entrega sin costo de elementos de protección personal.
Otro aspecto a fiscalizar es el que tiene que ver con el transporte, en el que primordialmente se verifica que los minibuses no superen los 18 años de antigüedad, y que los buses no pasen de los 22 años de fabricación; que los trabajadores no viajen de pie y que se porte un letrero identificador de esta función específica, entre otros puntos.