Documentos de mediación familiar quedaron expuestos tras un incendio en la ribera del río Limarí. El Poder Judicial descartó que se trate de antecedentes judiciales, el centro mediador confirmó estar en conocimiento del hecho, Carabineros informó que no existe denuncia formal y la seremi de Justicia activó protocolos de supervisión.
Un incendio registrado cerca del mediodía del sábado en la ribera del río Limarí, a la altura de la costanera de Ovalle, dejó al descubierto una situación que generó preocupación por el resguardo de información sensible. Tras el control de la emergencia, testigos que estuvieron en el lugar advirtieron la presencia de documentación de mediación familiar asociada al Centro de Mediación Familiar Conciliando Ltda., entre los residuos del sector afectado, un punto que es utilizado habitualmente como basural. “Tras el incendio fue posible ver varias carpetas con documentos entre la basura del sector. No eran papeles comunes, se notaba que correspondían a procesos de mediación con datos personales”, relató un testigo que estuvo en el lugar luego de la emergencia.
De acuerdo con los antecedentes recabados por El Ovallino, el material quedó a la vista luego del siniestro, en medio de restos quemados y basura acumulada. Testigos presenciales señalaron que se trataba de antecedentes recientes, correspondientes a los años 2023 y 2024 y que contenían datos personales y familiares, incluyendo referencias a niños, niñas y adolescentes, lo que encendió alertas por una eventual vulneración a la confidencialidad que este tipo de procesos exige.
DESCARTE DEL PODER JUDICIAL
En relación con la documentación encontrada en un sector eriazo de la comuna de Ovalle, el Juzgado de Familia de Ovalle informó que no corresponde a documentación perteneciente al tribunal, precisando que de acuerdo con la Ley de Tramitación Electrónica N°20.886 el tribunal aplica la tramitación digital en todos sus procesos.
Asimismo, confirmaron que, según la información y fotografías revisadas, se trataría de documentos relativos a procesos de mediación familiar, instancia previa y obligatoria antes de iniciar un juicio o demanda. En ese sentido, aclararon que las oficinas de mediación familiar dependen del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y no del Poder Judicial.
Desde el Juzgado de Familia de Ovalle lamentaron la situación y reiteraron su compromiso con la protección de la intimidad y dignidad de las personas, considerando la naturaleza sensible de este tipo de antecedentes.
CENTRO MEDIADOR EN CONOCIMIENTO
El Ovallino además, tomó contacto con el Centro de Mediación Conciliando Ltda., desde donde señalaron que se encuentran en conocimiento de la situación, aunque indicaron que por el momento no pueden referirse al tema. La institución no entregó mayores antecedentes respecto del origen del material ni de eventuales medidas adoptadas.
SIN DENUNCIA POLICIAL
Por su parte, desde Carabineros de Chile confirmaron que no se ha recibido ninguna denuncia formal asociada al hallazgo de documentación tras el incendio registrado en la ribera del río Limarí, por lo que hasta ahora no existe un procedimiento policial en curso por este hecho.
SEREMI DE JUSTICIA ACTIVA PROTOCOLOS DE REVISIÓN
Desde la seremi de Justicia y Derechos Humanos, en tanto, señalaron que, “como ministerio, por nuestro rol de supervisión sobre los centros de mediación familiar licitados, hemos activado de manera inmediata los protocolos institucionales correspondientes para verificar los antecedentes asociados a esta situación”, añadiendo que “este proceso contempla la revisión del cumplimiento de las obligaciones normativas y contractuales del centro involucrado, así como la adopción de medidas orientadas al resguardo de la confidencialidad y a la protección de los derechos de las personas usuarias del sistema de mediación familiar, considerando especialmente el carácter sensible y reservado de este tipo de información”.
Si bien no hay una denuncia policial en curso, el hallazgo ocurrido tras el incendio en la ribera del río Limarí volvió a poner en el centro del debate la necesidad de reforzar los mecanismos de resguardo de información sensible, especialmente cuando se trata de antecedentes vinculados a procesos familiares. La exposición de este tipo de documentos en espacios públicos plantea desafíos que van más allá del hecho puntual.