Tras el debate en medios sobre la insuficiente respuesta del gobierno por el alza de combustible, la casa edilicia de la comuna de los Valles Generosos planteó la necesidad de una estrategia con enfoque territorial.
Luego de que se instalara en la agenda pública la crítica situación que atraviesa el mundo rural por el incremento sostenido del valor de los carburantes, diversos sectores han replicado la alerta emitida desde Monte Patria. Si bien representantes del nivel regional manifestaron preocupación ante la problemática, desde la administración municipal calificaron las medidas como insuficientes, toda vez que el plan “Chile Sale Adelante” aún no ofrece soluciones concretas para los pequeños productores y familias de sectores rezagados.
Ante este escenario, desde la municipalidad se plantean propuestas para responder a las necesidades urgentes del territorio, indicando además que cualquier estrategia debe construirse bajo una mirada descentralizada. En términos sencillos, el alza de combustible ya ha llegado a los bolsillos de las familias. Un ejemplo crítico y comentado por la comunidad es el alza de hasta $1.000 en pasajes de recorridos rurales en la zona, lo que impacta directamente en el presupuesto de las familias trabajadoras.
La hoja de ruta propuesta desde Monte Patria se articula en 13 ejes estratégicos, priorizando medidas de impacto inmediato como la entrega de un bono productivo vía INDAP para mitigar costos de riego y la creación de un subsidio específico al transporte rural para frenar el alza de tarifas. Asimismo, se sugiere fortalecer la alimentación escolar (JUNAEB) con colaciones reforzadas y atención los sábados, además de implementar energía fotovoltaica en labores agrícolas y ajustar el Registro Social de Hogares (RSH) integrando el factor de ruralidad en el cálculo del costo de vida.
Al respecto de estas medidas y ante la necesidad de sumarlas a la estrategia global por el alza de combustibles, el alcalde de la comuna, Cristian Herrera Peña, hizo un llamado a la acción y a buscar alternativas, como esta hoja de ruta que se empieza a dibujar desde la comuna limarina.
“Estamos trabajando en diversos frentes para abordar el caos y la crisis que provoca en la comuna el alza de combustible. Como municipio tenemos que hacer caja de 200 millones de pesos más. Hablo de gestiones básicas, movilización y todo lo que nos obliga la ley; estamos en un plan de cuentas, para no tener problemas en ello. Sobre este ajuste, suspenderemos los grandes eventos, ceremonias que incluyan costos extras, serán de forma austera, como lo será la Cuenta Pública de este año”, señaló el edil.
Según Herrera, la gestión de recursos públicos debe ser orientada en la necesidad de la comunidad. Es por ello por lo que la transferencia de fondos establecidos para las iniciativas de salud y educación serán prioridad, lo que incluye servicios, transferencia de becas y programas orientados al apoyo comunitario.
“Estamos evaluando generar medidas de apoyos, pero dependerá de los ajustes que fijemos. Lo primero, es que todos los estudiantes que han postulado a becas del municipio serán financiados. Las postulaciones finalizaron ahora en marzo y todos tendrán su beca. También estamos expectante a los vales de gas que anunció el gobierno, y con el ajuste global que realicemos en el municipio, estamos pensando en hacer un apoyo a las familias. Todo dependerá de lo que logremos ahorrar. Dentro de todo eso, nosotros tenemos un comedor solidario para personas mayores. En Chañaral Alto, Monte Patria y El Palqui, pensamos en aumentar los cupos para abordar esta difícil situación que se está viviendo”, indicó Herrera.
La realidad desde el mundo rural y productivo
Si bien, el origen de este debate surge por el alza del precio de los combustibles a nivel país, la recepción local se enfoca en cómo estas nuevas tarifas y valores de los combustibles afectarán a la producción agrícola y todo lo que ello conlleva.
Desde el valle del río Huatulame, Julio Díaz, presidente e integrante del sindicato de Agricultores de Los Tapia, comentó que “como agricultores nos está afectando demasiado. Además del combustible para elevar aguas, también nos está afectando con la compra de los insumos, fertilizantes y plaguicidas. Se suponía que con esta alza, nosotros seríamos beneficiados con el valor del producto, pero hoy, los que nuevamente estamos siendo afectados somos los productores y los consumidores finales”.
También desde el mundo rural, pero de la comuna de Ovalle, Herman Gutiérrez, agricultor del sector Samo Bajo, hizo énfasis en la necesidad de llevar a cabo un trabajo en conjunto junto a las autoridades, para poder sobrellevar esta realidad en el mundo campesino.
“La pequeña agricultura vive difíciles momentos. A la prolongada sequía se sumó hace poco la mosca de la fruta y ahora un alza importante en el costo de los combustibles, lo que encarece aún más cualquier tipo de producción. Es por eso por lo que se necesita un trabajo coordinado y conjunto de todas las autoridades. Sera una crisis social y económica. Necesitamos acciones concretas pronto”, declaró Gutiérrez.
En ese sentido, el alcalde Cristián Herrera insistió en la idea de reunir a todas las entidades en una mesa conjunta de trabajo. “Vamos a necesitar del apoyo del gobierno, necesitaremos que alguien nos escuche. Ojalá desde el gobierno regional nos puedan ayudar también en eso”.
Las 13 medidas
Apoyo productivo: entrega de un bono a través de INDAP dirigido a productores agropecuarios que utilizan petróleo para sistemas de riego, con el fin de mitigar el aumento de sus costos operacionales
Apoyo alimentario: fortalecer el programa de alimentación escolar de JUNAEB, incorporando colaciones más contundentes en la jornada de la tarde y evaluar la entrega de alimentación los días sábado para estudiantes en situación de vulnerabilidad.
Flexibilización laboral: promover la implementación de modalidades de teletrabajo parcial para trabajadores cuyas funciones lo permitan, reduciendo así los costos de traslado.
Acceso a la salud: implementar estrategias de entrega territorial de medicamentos por parte de hospitales y servicios de salud, evitando traslados innecesarios y costosos para pacientes de sectores rurales.
Acceso a la educación: permitir que estudiantes con dificultades de transporte puedan acceder a modalidades híbridas de educación, sin que esto implique una disminución en la subvención para los establecimientos educacionales.
Implementación de un programa de energía fotovoltaico para labores productivas y familias de comunas rurales.
Acelerar la expansión de internet rural de calidad mediante programas de SUBTEL para promover la realización de trámites online evitando traslados y como soporte para promover la atención de telemedicina.
Protección del ingreso familiar: evaluar transferencias directas o bonos compensatorios por costo de transporte para familias rurales.
Incorporar el factor territorial (ruralidad) en la asignación de beneficios sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y ajustar el cálculo del RSH considerando el mayor costo de vida en zonas aisladas.
Subsidio al transporte rural: crear o fortalecer un subsidio específico para recorridos rurales, similar al que existe en zonas urbanas. Este apoyo permitiría evitar alzas excesivas en las tarifas, asegurando la continuidad del servicio sin trasladar todo el costo a los usuarios.
Puede canalizarse a través del Ministerio de Transportes, focalizado en comunas con alta dispersión territorial
Descentralización de servicios públicos: aumentar la presencia de servicios del Estado en terreno (operativos móviles de Registro Civil, salud, servicios sociales) y reducir la necesidad de traslado hacia centros urbanos para trámites básicos.
Fortalecimiento de ferias y mercados locales: impulsar ferias rurales y circuitos cortos de comercialización.
Programa de mantenimiento de caminos rurales: mejorar el estado de caminos para reducir el consumo de combustible y desgaste de vehículos y promover inversión directa en eficiencia de transporte.