A poco más de 40 días que termine el gobierno, las iniciativas en evaluación ambiental en la zona – ligadas a la minería y energía principalmente, además de la desaladora – suman casi 4 mil millones de dólares. Los gremios instaron a acelerar estas obras para fomentar el desarrollo local.
Ad portas del cambio de mando presidencial previsto para el 11 de marzo de 2026, los proyectos que están en evaluación ambiental en Chile suman un total de US$91.111 millones, según datos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Actualmente hay 404 proyectos en trámite en el SEIA, siendo energía y minería las áreas que dominan la cartera de inversión con tres grandes iniciativas relacionadas con hidrógeno verde —como H2 (US$16.000 millones), HNH Energy (US$11.000 millones) e INNA (US$10.000 millones -, aunque actualmente tienen suspensiones temporales tras observaciones técnicas.
En minería, en tanto, hay 56 proyectos evaluándose, sumando un total de aproximadamente US$7.747 millones, incluyendo extensiones y modificaciones de operaciones como la de Minera Los Pelambres y otras iniciativas en Escondida y Radomiro Tomic en el norte.
Además, 14 proyectos están a la espera de ser revisados por el Comité de Ministros, la máxima instancia decisoria del SEIA, aunque no hay aún fecha confirmada para su sesión, si bien se espera que ocurra antes de marzo.
En el caso de la Región de Coquimbo, hay 16 proyectos pendientes de revisión, los que suman 3.742 millones de dólares, figurando en primer lugar, la recién mencionada extensión de vida útil de Minera Los Pelambres, la desaladora de Coquimbo (U$260 millones), además de una serie de sistemas de almacenamiento de energía, plantas fotovoltaicas y parques eólicos, además de iniciativas mineras como la prospección de Santa Gracia y una modificación a la Fase V de la Mina El Romeral.
EXCESOS BUROCRÁTICOS
Según Ricardo Guerrero, gerente de la Corporación Industrial para el Desarrollo Regional de Coquimbo (CIDERE), el sector empresarial ha ha venido insistiendo desde hace años en que Chile tiene un problema objetivo en el ámbito de las autorizaciones de proyectos productivos, “siendo éste uno de los factores que ha estado frenando la concreción de inversiones y, como consecuencia, el crecimiento económico. Excesos burocráticos, atomización de procesos en innumerables servicios públicos y cierta cuota de activismo antiempresarial en algunos funcionarios se mezclan dando como resultado que seamos uno de los países menos ágiles del mundo en la tramitación de proyectos empresariales. Afortunadamente, hoy ese diagnóstico es ampliamente compartido, tanto así que el propio gobierno actual impulsó modificaciones legales para reducir la ‘permisología’”.
En cuanto a la realidad regional, sostuvo que “no es ningún misterio que los últimos años han sido escasos en materia de inversión privada. Tenemos en espera proyectos muy importantes, como la planta desalinizadora, la extensión de vida útil de Minera Los Pelambres, una modificación de la fase 5 de CMP, más diversas iniciativas en energía y minería”.
Por eso, como gremio, esperan que “la actual administración aproveche las semanas que le quedan para reducir la lista de pendientes y que, apenas comience el nuevo gobierno, el Presidente electo y sus ministros cumplan con lo que han anunciado, en términos de hacer de esta materia una prioridad de su gestión. En ese sentido, el equipo económico concita confianza, son profesionales prestigiados que conocen las debilidades del sistema y se han comprometido a resolverlas, partiendo con agilizar la tramitación de los proyectos que, por una u otra razón, se encuentran entrampados en la maraña burocrática”.
Por su parte, Marcos Carrasco, presidente de la Multigremial de la Región de Coquimbo, señaló que “de acuerdo con la importante cantidad de proyectos que hoy se encuentran entrampados en la burocracia asociada a permisos sectoriales y resoluciones ambientales, creemos que este será un tema prioritario para el gobierno que iniciará sus funciones el 11 de marzo de 2026. El futuro gobierno tiene mucho que decir al respecto. Esperamos que estos proyectos de inversión, que hoy se encuentran a la espera de autorización, sean debidamente priorizados, de modo de avanzar en la tan necesaria recuperación económica del país”.
Carrasco agregó que “todos sabemos que el crecimiento de Chile no puede seguir estancado en los próximos años, ya que ello afecta directamente el desarrollo y el dinamismo que nuestra economía requiere. Se necesita un impulso decidido por parte de las nuevas autoridades para retomar tasas de crecimiento que permitan generar más empleo, mejorar la empleabilidad y, además, aportar mayores recursos al Estado a través del royalty minero y de una mayor recaudación tributaria. Por lo tanto, los proyectos que hoy están en cartera y en condición de stand by deben ser priorizados. Por supuesto, siempre cumpliendo plenamente con la normativa vigente, pero siendo capaces de acelerar procesos burocráticos que muchas veces se entrampan en distintas instituciones del Estado. Esto es clave para promover un mayor dinamismo económico”.
En esa línea, afirmó que acelerar estos procesos será fundamental y constituirá una tarea central de las nuevas autoridades. “Debemos ser capaces de atraer inversión a nuestro país, y por eso es tan relevante lo que las nuevas autoridades tengan que decir y, sobre todo, hacer en esta materia. Sin lugar a dudas, Chile ha perdido liderazgo y ha perdido tiempo, y eso es algo que debemos corregir. Este escenario debe ser modificado y requiere un impulso decidido, tanto desde el punto de vista político como desde el funcionamiento de las instituciones, para acelerar y concretar estos importantes proyectos de inversión”.
SESGO IDEOLÓGICO DE LA LEY SBAP
Desde el ambito minero, Ignacio Pinto, gerente del Consejo Regional Minero de Coquimbo (CORMINCO), aseveró que “luego de la incertidumbre que generó la discusión constitucional y el debate sobre el royalty minero, se vio una mejora en la atracción de inversiones e ingresaron nuevos proyectos al sistema, lo que sin duda es una buena noticia, siempre y cuando se cumplan los plazos acordados y la tramitación sea expedita”.
En esa línea, advirtió que el gobierno entrante “va a tener un rol fundamental en conducir ese debate de manera clara y consensuada y no cometer los errores que vimos durante esta administración, por ejemplo con la ley SBAP, donde el evidente sesgo ideológico impuesto por el ministerio de Medio Ambiente sólo generó incertezas y conflictos innecesarios”.