El tribunal acogió la solicitud de la defensa y en su reemplazo, se le decretaron las medidas cautelares de arresto domiciliario parcial nocturno, arraigo nacional, firma quincenal y la suspensión de la facultad de emitir licencias médicas.
El Juzgado de Garantía de Coquimbo resolvió modificar las medidas cautelares del médico cirujano de origen ecuatoriano, L.R.C.Z., imputado por el Ministerio Público como autor de delitos reiterados de emisión de licencias médicas fraudulentas y fraude de subvenciones, en una causa que investiga millonarios perjuicios al sistema de salud.
En la audiencia realizada este martes, el tribunal acogió la solicitud de la defensa y revocó la prisión preventiva que pesaba sobre el imputado desde el pasado 9 de marzo. En su reemplazo, se decretaron las medidas cautelares de arresto domiciliario parcial nocturno, arraigo nacional, firma quincenal y la suspensión de la facultad de emitir licencias médicas.
El magistrado Gonzalo Martínez Merino fundamentó la decisión señalando que, a diferencia del momento de la formalización, la defensa logró acreditar arraigo en el país, lo que atenúa el riesgo de fuga que había justificado la medida más gravosa. Asimismo, consideró que el imputado mantiene irreprochable conducta anterior y enfrenta cargos por simples delitos.
“El tribunal estimó que otras medidas cautelares de menor intensidad pueden cumplir con los fines del procedimiento”, indicó el juez, subrayando el carácter esencialmente provisorio de estas resoluciones en el marco de la investigación penal.
En la misma instancia, el tribunal autorizó además el alzamiento del secreto bancario del imputado, una medida intrusiva solicitada por el Ministerio Público para profundizar las diligencias investigativas. Según se expuso, esta acción busca esclarecer el flujo de dinero asociado a la emisión de licencias médicas presuntamente fraudulentas.
Casi 12 mil licencias emitidas
De acuerdo con la investigación, entre el 1 de enero de 2023 y el 5 de junio de 2025, el imputado —quien figura como médico general sin especialidad en el registro de la Superintendencia de Salud— habría emitido un total de 11.880 licencias médicas electrónicas a través de plataformas como I-Med y Medipass.
Estas licencias fueron extendidas tanto a afiliados de Fonasa como de isapres, ya sea a título personal o mediante el centro de salud Surmédica SpA, constituido por el propio imputado junto a su madre en la comuna de Coquimbo. Del total, solo 275 se habrían otorgado de manera presencial, mientras que más de 11 mil fueron emitidas en modalidad remota.
El Ministerio Público sostiene que el imputado se convirtió en el mayor emisor de licencias médicas del país durante 2024, concentrando diagnósticos principalmente en patologías de salud mental y enfermedades osteomusculares, pese a no contar con especialidad en dichas áreas.
Asimismo, se indaga la emisión de licencias a funcionarios públicos que, durante sus periodos de reposo, habrían realizado viajes al extranjero o asistido a casinos de juego, lo que refuerza la hipótesis de uso indebido de estos permisos.
En términos económicos, se estima que 10.741 licencias tramitadas por afiliados a Fonasa derivaron en el pago de subsidios por incapacidad laboral improcedentes por más de $4.639 millones.
La causa se mantiene en etapa de investigación, con un plazo vigente de 120 días desde la formalización, periodo en el cual el Ministerio Público continuará recabando antecedentes para sustentar una eventual acusación.