El caso de Llanos de Tabalí, que dejó a 1.991 clientes sin suministro eléctrico, se suma a una seguidilla de robos de cables que, según CGE, ocurren hasta dos veces por semana en la provincia. Frente a este escenario, autoridades regionales reconocen el aumento del delito, coordinan acciones y evalúan medidas para enfrentar una problemática que se instala como desafío.
Un nuevo episodio de robo de cables registrado durante la madrugada de este lunes en el sector de Llanos de Tabalí, en la comuna de Ovalle, volvió a dejar en evidencia la magnitud y frecuencia que ha alcanzado este delito en la provincia del Limarí.
De acuerdo a información entregada por la empresa eléctrica CGE, desconocidos sustrajeron cerca de 1.500 metros de conductor de cobre, provocando la caída de seis postes y daños en otras cinco estructuras, lo que generó la interrupción del suministro eléctrico para 1.991 clientes en los sectores de Tabalí y Valle del Encanto.
El hecho no se presenta como un caso aislado, por el contrario. Se inserta en una tendencia que comienza a consolidarse en la zona. Según datos de la propia empresa, en la provincia del Limarí se registran actualmente entre uno y dos robos de cables por semana, lo que da cuenta de un fenómeno delictual persistente, particularmente en sectores rurales de la comuna de Ovalle.
A ello se suma el nivel de daño generado en este tipo de hechos, lo que según advierten desde CGE evidenciaría la acción de bandas organizadas con conocimiento técnico del sistema eléctrico y de los equipos necesarios para ejecutar estos robos.
Delitos se desplazan al Limarí
Desde el nivel regional, las autoridades reconocen que el comportamiento de este delito ha cambiado en el último tiempo. El delegado presidencial regional, Víctor Pino, indicó que se ha identificado un “desplazamiento importante del delito desde los sectores norte de la región hacia la provincia del Limarí”, lo que ha encendido alertas en materia de seguridad.
En ese contexto, detalló que se reactivó una mesa de trabajo a nivel regional con participación de Carabineros, la Policía de Investigaciones, la seremi de Seguridad y empresas del sector eléctrico, con el objetivo de analizar el fenómeno y definir acciones.
“Vamos a proponer soluciones tanto a nivel legislativo como normativo, además de medidas estructurales que nos permitan tener un mayor control del territorio”, señaló, agregando que se proyecta una próxima reunión en la comuna de Ovalle junto a autoridades locales y dirigentes.
Seguridad pública como prioridad regional
Por su parte, la seremi de Seguridad Pública, María José Duarte, reconoció que este delito ha cobrado una alta relevancia en la región, indicando que la Región de Coquimbo se encuentra entre las tres con mayor incidencia a nivel nacional en robo de cables.
“Este tipo de delitos afecta transversalmente a la población, especialmente a personas electrodependientes y a quienes dependen del suministro eléctrico para su vida diaria”, sostuvo.
En ese contexto, detalló que se han coordinado acciones con Carabineros y la Policía de Investigaciones, con el objetivo de obtener resultados frente a una problemática que se ha ido intensificando en el territorio.
Delito organizado y falta de control
Desde el Consejo Regional, el consejero Carlos Ramos planteó que estos hechos no responderían a acciones aisladas, sino a una estructura delictual organizada.
“No es un ladrón cualquiera, saben perfectamente qué robar y dónde hacerlo”, afirmó, señalando además que este tipo de robos ha afectado en reiteradas ocasiones a radios y servicios en la comuna.
En esa línea, hizo un llamado a reforzar la presencia policial en horarios nocturnos y a aumentar la fiscalización en los puntos de comercialización de cobre. “Alguien tiene que estar comprando ese material, por lo que ahí también hay que poner el foco”, advirtió.
Por su parte, el consejero regional Max Aguirre advirtió que esta situación se ha transformado en un problema persistente en la comuna de Ovalle, con efectos que impactan la continuidad de servicios esenciales.
“Es una situación crítica que afecta sistemas de agua potable rural, escuelas y centros de salud, además de generar consecuencias en la actividad productiva local”, indicó.
Asimismo, planteó la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto entre autoridades y avanzar en medidas que permitan evitar la reiteración de estos hechos.
Delito que marca la agenda
Con antecedentes que evidencian su recurrencia y el impacto sostenido en el territorio, el robo de cables comienza a posicionarse como uno de los principales desafíos en materia de seguridad pública en la provincia del Limarí.
En ese escenario, la reiteración de estos delitos no solo mantiene en alerta a las comunidades rurales, sino que también pone a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades, en un contexto donde la ciudadanía comienza a demandar medidas concretas frente a una problemática que ya se ha vuelto parte de la contingencia semanal.