Ambos servicios locales entran en su fase de transición para el traspaso definitivo en 2028, mientras el Colegio de Profesores, comunal Ovalle, advierte falta de información, eventuales desvinculaciones y dificultades para administrar territorios altamente rurales.
El primero de marzo de 2026 iniciarían sus funciones los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) de Limarí y Choapa, dando paso a un periodo de transición mientras se realizan los trámites administrativos y revisiones necesarias para el traspaso definitivo desde los municipios al nuevo sostenedor estatal el 1 de enero de 2028.
Así lo explican desde la Dirección de Educación Pública en la Región de Coquimbo, organismo que detalla que ya se está trabajando en diversos ámbitos del proceso. Cabe recordar que en la región ya funcionan dos SLEP: Puerto Cordillera —servicio piloto a nivel nacional que incluye a Coquimbo y Andacollo— y, desde 2025, el SLEP Elqui, que administra la educación en La Serena, La Higuera, Vicuña y Paihuano. En tanto, el SLEP Limarí abarcará Ovalle, Monte Patria, Punitaqui, Río Hurtado y Combarbalá; y el SLEP Choapa incluirá a Illapel, Canela, Salamanca y Los Vilos.
TRANSICIÓN CON MESAS TÉCNICAS Y DIÁLOGO
Desde la Dirección de Educación Pública señalaron a El Día que ambos SLEP se encuentran actualmente en etapa de transición, correspondiente al año previo a su entrada en funcionamiento. En esta fase, los municipios —actuales sostenedores— deben levantar información preliminar que servirá como línea de base para la implementación. Según el organismo, los territorios han cumplido con los hitos exigidos por ley, entre ellos la emisión del decreto alcaldicio que detalla el catastro de los bienes inmuebles a traspasar, los contratos y convenios vigentes, además de la nómina de docentes y asistentes de la educación que serán transferidos.
Asimismo, ya se conformaron las comisiones técnicas de cada comuna, encargadas de revisar la información del personal. En paralelo avanza la constitución de los comités directivos locales de cada SLEP, integrados por representantes de los municipios, del Gobierno Regional y de los apoderados, quienes deberán velar por el correcto desarrollo del proceso y elaborar el perfil para el nombramiento de los directores ejecutivos.
De esta manera, se proyecta que el 1 de marzo del próximo año ambos SLEP iniciarán formalmente sus funciones, entrando en la etapa operativa del periodo de transición, que se extenderá hasta el traspaso definitivo del servicio educativo el 1 de enero de 2028. Según la Dirección de Educación Pública, a partir de esa fecha se formaliza el cambio de sostenedor, así como el traspaso de inmuebles y personal. Desde ese momento, las municipalidades dejarán de administrar el sistema, quedando el servicio local como nueva institución responsable.
PREOCUPACIÓN DESDE LOS DOCENTES
Ante este panorama, existe preocupación por parte del profesorado. Así lo expresa Rogelio Pizarro, presidente del Comunal Ovalle del Colegio de Profesores, quien relata que hace algunos meses se enteraron por la prensa de la creación de los SLEP Limarí y Choapa, y de que el traspaso sería en enero de 2028. “DE parte de autoridades del gobierno”, señala, hubo una reunión o actividad en la que participaron alcaldes y jefes DAEM, pero los docentes no fueron invitados.
Entre las inquietudes principales de los docentes del Limarí están las posibles desvinculaciones —particularmente de profesores a contrata— y el eventual no reconocimiento de negociaciones colectivas efectuadas por los gremios con los Departamentos de Educación Municipal de cada comuna.
“Lo veo con mucha preocupación, respecto de la experiencia del SLEP Puerto Cordillera, SLEP Elqui y en otros lugares del país donde se han ido instalando. La verdad es que nos preocupa sobre todo el hecho de los ajustes de las plantas docentes y sobre todo el pago de las remuneraciones, asignaciones y algunos derechos adquiridos que cuando los funcionarios se ven traspasados al nuevo sostenedor, no se reconocen y ha habido varios problemas”, afirma.
Pizarro indica que, aunque a nivel mundial existe déficit de profesores, cuando se instalan los nuevos sostenedores del Servicio Local de Educación Pública y comienzan los análisis de gasto, los primeros en ser desvinculados suelen ser docentes y asistentes de la educación. A su juicio, “Dado el sistema de financiamiento, hay una sobredotación, porque el financiamiento es poco, paupérrimo en realidad, pero si uno lo mira desde las necesidades del sistema educativo, no hay sobredotación, es más, faltan docentes”.
El dirigente agrega que, desde el inicio de la discusión sobre esta nueva institucionalidad, el gremio manifestó sus diferencias. Asegura que, con la experiencia acumulada, “efectivamente no es. Nosotros cuando hacemos los análisis decimos nos conviene quedarnos bajo el municipio, porque hoy traspasa una cantidad de dinero considerable para palear este déficit y el alcalde ha estado bastante comprometido. Nosotros decimos que cuando son traspasados no hay margen de poder negociar con los administradores del SLEP”.
Otro punto de inquietud es la realidad territorial del Limarí, la provincia con mayor porcentaje de escuelas rurales del país. Su amplia dispersión geográfica —todas bajo el futuro SLEP— genera dudas respecto a cómo se administrará un territorio tan extenso y heterogéneo. “Se habla de fusionar establecimientos, fusionar cursos e incluso desaparecer establecimientos”, añade.
Actualmente, los docentes de Ovalle participan en una Comisión Técnica que permitió levantar una radiografía de la realidad y necesidades de cada escuela de la comuna. Con esos datos, esperan subsanar observaciones y facilitar un traspaso transparente y sin complicaciones.
Por último, el gremio docente se mantiene en alerta ante la discusión en el Senado sobre modificaciones a la Ley de Desmunicipalización, entre ellas la obligación de los alcaldes de modificar las plantas antes del traspaso. “Eso es muy preocupante”, advierte.
Recuerda que actualmente los municipios no tienen esa obligación y que los directores de los SLEP tampoco pueden modificar la planta hasta un año después. Si la modificación se aprueba, la planta quedaría ajustada de antemano según el financiamiento del SLEP.
“Entonces uno se pregunta qué quieren las autoridades, destruir la Educación Pública con escaso financiamiento y reduciendo el recurso humano que es tan necesario en los establecimientos. Este cambio de ninguna manera fortalece y tampoco nos queda claro los criterios que usarán los alcaldes para esta reducción, que muchas veces no tienen que ver con el mérito y desempeño”, concluye.