La líder de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública A.G. (COPSA), visitó la región para participar en el lanzamiento del ISIT 2025, herramienta que fue presentada por la Cámara Chilena de la Construcción, oportunidad en que conversó con Diario El Día respecto a los desafíos que enfrenta el sector y cómo abordar las necesidades de la ciudadanía.
La exministra de Transportes, Gloria Hutt, quien es la presidenta de Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública A.G. (COPSA), participó esta semana en el lanzamiento de los resultados del Índice de Soporte a la Infraestructura Territorial (ISIT).
En dicha ocasión protagonizó un interesante panel de conversación respecto a los desafíos del sector, así como también, cómo desde el sector privado se pueden ir abordando distintas aristas en complementación con el Estado.
“Cada vez es más evidente la cobertura de proyectos por concesión en todo el territorio. Uno podría decir que es la descentralización de las concesiones. Estuvimos en Biobío la semana pasada, donde hay grandes proyectos allá y aquí también, como carreteras o hospitales en construcción. Hay un recinto penitenciario, está la planta desaladora próxima a recibir ofertas. Así que está muy activo el ámbito de concesiones aquí en Coquimbo”, destacó.
-¿Cuál es su opinión sobre el proceso de concesión de la desaladora?
“El proceso sigue en las rutas y la estructura de la mayor parte de las concesiones de infraestructura pública. Hay un análisis preliminar, se identifica el valor social y el interés público de la iniciativa. Una vez que eso se define se construyen bases de licitación que tienen que considerar los equilibrios financieros, técnicos, la viabilidad del proyecto en el largo plazo, las restricciones que puede tener, los índices de calidad de servicio y, con eso, las bases entonces reflejan ese diseño y se abren para un concurso”.
-¿Cambia el modelo según cada proyecto?
“Con las bases se llama a presentar primero una precalificación donde las empresas se registran y después se abre el periodo de oferta, donde hacen su propuesta en los términos que las bases especifican. En general, el Estado, en esos casos especifica también los máximos y pone las restricciones financieras. En este caso, hay mecanismos distintos por la naturaleza del proyecto respecto a las exigencias de índice de servicio”.
-En general, sobre el escenario de las concesiones de grandes proyectos, ¿qué análisis han podido hacer?
“Vemos con preocupación algunos temas que consideramos que vale la pena abordar en conjunto con el MOP. Uno de ellos es que los niveles de exigencia están desbalanceando de alguna forma, los contratos entre el Estado y los privados interesados. Si son exigencias financieras muy altas, por ejemplo, se restringe la oferta y menos privados están en condiciones de presentar oferta y eso lo hemos visto en las últimos proyectos de carreteras en que ha habido menos oferentes. Eso va limitando la capacidad de innovar, de competir que nos parece siempre positiva, independientemente de que como el Estado pone las condiciones. No implica necesariamente una ventaja de tarifa, pero tener competencia siempre es muy favorable para el servicio para las personas”.
-¿De qué manera se pueden abordar estas preocupaciones?
“Los grandes proyectos ya están en su mayoría concesionados. Hay una escala de proyectos que se hacen muy atractivos para los cuales es necesario tener también mecanismos que puedan atraer inversión privada. Creemos que hay redes regionales, por ejemplo, o ámbitos distintos para la atención a la ciudadanía en que se podría avanzar con infraestructura que tenga participación privada”.
-¿Qué desafíos actualmente está enfrentando el sector?
“Hay un desafío importante que es revisar los equilibrios de los contratos. Estos son contratos de largo plazo y estamos viviendo en un mundo muy dinámico donde es difícil asumir que durante, por ejemplo, 30 años las condiciones van a ser las mismas que en la fecha de la adjudicación. Entonces, es necesario revisar mecanismos para adaptar los contratos a escenarios cambiantes a lo largo de la vida de los proyectos. Eso es un desafío bien importante”.
-Otro tema tiene relación con la incorporación de nuevas tecnologías a medida que avanza el tiempo.
“Ese es otro desafío importante: el abrir mecanismos para incorporar tecnología y contar con mediciones objetivas de las variables de nivel de servicio que son las que condicionan, por ejemplo, la aplicación de multas o premios. En la medida que esas variables se pueden medir con tecnología y no son discutibles, también se hace mucho más fácil la operación del proyecto y se evita la judicialización, que es el camino que sigue en muchos casos el contrato cuando las interpretaciones son discrepantes”.
-El modelo de concesiones, ¿se podría ir ampliando a otros rubros, y no necesariamente a grandes proyectos como un hospital o una desaladora?
“Efectivamente, y ese es uno de los desafíos. Es ir abordando ámbitos que hasta ahora solo han sido cubiertos en su necesidad de infraestructura con recursos públicos. Pero las demandas de la ciudadanía son mayores que aquellas que puede responder el Estado con sus fondos, y por eso la participación privada empieza a ser también un mecanismo atractivo. Estoy hablando de instalaciones deportivas, por ejemplo, infraestructura de seguridad, algunos elementos de vivienda, espacio público, infraestructura educacional. Hay una serie de ámbitos que en algunos países como en Brasil han mostrado un buen resultado y podría ser una extensión del sistema actual”.
-¿Se podría aplicar a nivel regional?
“Aquí en la región hay tres ejes que he estado revisando que son los que representan las principales necesidades. Uno es la seguridad hídrica, por eso la planta desaladora es una respuesta importante. Otro es el bienestar socioterritorial, que es donde están estas infraestructuras que acabo de mencionar: educación, salud, deporte, seguridad, vivienda o espacios públicos. Lo tercero es conectividad, que puede ser digital y física, y movilidad sostenible. Así que son tres ejes muy contundentes que requieren inversión de alto valor en infraestructura”.