El caso de joven punitaquino que fue brutalmente golpeado por Carabineros

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    En el sector conocido como “el gorro”, en la Plaza de Punitaqui, ocurrieron los hechos el 6 de enero de 2013. Crédito. El Ovallino

    Han transcurrido seis años desde un hecho que Felipe Mundaca (26) y su familia no olvidan. Las secuelas están a la vista y son irreversibles.

    “El día 6 de enero del año 2013, en horas de la madrugada, en circunstancias que el ciudadano Felipe Neftaly Mundaca Núñez saltó desde (…) el escenario de la Plaza Pública de la localidad de Punitaqui, desde una altura de aproximadamente 1,15 mts., al posarse en el suelo en cuclillas e intentar pararse para continuar su marcha, fue agredido violentamente en su rodilla derecha por un funcionario de Carabineros de dotación de la Tenencia de Punitaqui, mediante un golpe directo propinado con elemento contundente, cayendo Mundaca Núñez al suelo resultando con lesiones (…)  que dejarían secuelas funcionales y neurológicas en pierna derecha permanentes (…). Inmediatamente ocurrido el hecho, se presentaron otros dos funcionarios de Carabineros, de los cuales, uno vestía de civil con ropa deportiva, quienes agredieron con golpes de pies y puños a Felipe Neftaly Mundaca Núñez, en distintas partes de su cuerpo mientras se encontraba en el suelo”, sostiene la sentencia emitida el pasado 10 de enero por el Segundo Juzgado de Letras de La Serena y que ordena al Fisco y a los carabineros Mauricio Eduardo Tello Miranda y Jorge Enrique Marambio Bolvarán a pagar solidariamente la suma total de 80 millones de pesos por concepto de daño moral, por su responsabilidad en el delito de violencia innecesaria.

    En el fallo (causa rol 2353-2015), la magistrada Ghislaine Landarretche acogió la demanda presentada por la víctima, quien resultó con daño permanente producto de la agresión.

    La resolución agregó que la violencia innecesaria, “ejercida en contra de un individuo desprovisto de arma alguna de defensa, ocasionándole un daño en su pierna derecha de carácter irreparable que se ha mantenido a través de los años y (…) que lo ha dejado con un 55% de discapacidad física y un menoscabo de la capacidad de trabajo igual o mayor a 2/3 ( 60%), son hechos que le recordarán siempre el abuso del que injustamente fue víctima, en consecuencia dados los antecedentes en que el daño moral se produjo, el Tribunal estima procedente avaluarlos en la suma de 80 millones que los demandados serán condenados a pagar a favor del actor”.

    Antecedentes

    Seis semanas después del ataque, la familia de la víctima contó antecedentes de lo ocurrido a diario El Ovallino. Se relataba que el joven venía de una celebración con tres amigos más a eso de las 2.30 de la madrugada, cuando se detuvieron unos minutos en el sector de “el gorro” en la Plaza de Punitaqui. En esos momentos se acercan uniformados al lugar donde estaban los jóvenes.

    Tras un pequeño salto desde un metro de altura en la estructura, se detonó la tragedia. “Al agacharse para amortiguar la caída un carabinero lo golpeó con un palo en las piernas y Felipe no logra ponerse de pie y lo siguió golpeando, primero era uno y después llegaron dos. Uno vestía un buzo color azul y polera negro y los otros dos de uniforme. Le pegaron con el palo, le daban patadas y golpes de puño entre los tres. Era tal la agresividad que Felipe clamaba para que pararan de agredirlo, ya no sentía su pierna”, aseguraba la familia por esos días.

    La víctima fue internada en el servicio de  Traumatología del Hospital San Pablo de Coquimbo con diferentes lesiones, siendo la más grave una luxación traumática en la rodilla derecha, además de la rotura de ambos ligamentos de la misma rodilla. Además había sido sometido a dos intervenciones quirúrgicas, en las cuales había sido imposible reconstruir los ligamentos debido a la gravedad de la lesión.

    Tras el ataque, Carabineros aclaró que el caso estaba siendo investigado por la Fiscalía Militar y se estaba realizando un sumario. El entonces fiscal a cargo, mayor Pablo Aguirre, relató a El Ovallino, “la investigación está en curso con el fin de esclarecer los hechos y para determinar que efectivamente se cometió algún ilícito por parte del personal policial involucrado”.

    Según había comentado el fiscal, “lo fundamental es contar con las declaraciones del personal policial acusado y de los testigos, y es eso lo que justamente se está haciendo. Además la Fiscalía está realizando otras diligencias y así poder concluir al tenor de los medios probativos que se reúnan”.

    Daños y sueños truncados para el joven

    Corría el mes de marzo de 2013 y los cercanos a Felipe miraban con preocupación cómo el estado anímico del joven empeoraba. Su tía Delita Nuñez, contó por esos días a este medio, “lo encontré con una condición física un poquito mejor pero lamentablemente psicológicamente está mal, muy mal, está muy flaquito, no quiere comer, no se quiere duchar, no quiere hacer nada. En la noche no se puede dormir, llora mucho. Son todos síntomas de depresión. Ahora el doctor va a pasarlo a un psicólogo para que lo trate mientras se encuentra hospitalizado”.

    Tiempo antes del violento acto, Felipe había egresado del Liceo Politécnico de Ovalle de la carrera de edificación y su práctica profesional la había realizado prestando servicios para el municipio punitaquino. Al término de ese proceso la casa consistorial le había ofrecido trabajo, oportunidad que él quería aprovechar para poder juntar dinero y así estudiar en un instituto la carrera de gastronomía.  “Todo iba muy bien, con la plata que iba a ganar quería ayudar a pagar mis estudios, ya que mi intención era estudiar en Ovalle, Cocina Internacional, pero sucedió y estoy aquí en cama sin poder moverme”, dijo el joven a este medio.

    Su tía, había comentado, “Con esto, es un año totalmente perdido, tendremos que sólo preocuparnos de su salud hasta que se recupere. Esto ha afectado al grupo familiar, estamos todos bajoneados y preocupados por su estado. Su mamá está allá (en el hospital) día y noche”.

    En abril de 2013 el caso fue tomado por la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI. “Hace una semana que nos encontramos realizando diligencias en el sector luego que nuestra institución fuera encomendada por el fiscal Pablo Aguirre (Fiscalía Militar)”, había sostenido el subprefecto Robin Valenzuela.

    Ese mes el joven ya estaba en su casa, “ahora se están realizando sus terapias y está preparándose para una tercera operación que se desarrollará en mayo”, había aclarado, Delita Nuñez.

    Diario El Ovallino había accedido a nuevos resultados de exámenes, los que indicaban que existía ausencia del nervio ciático y que no había respuesta de los nervios de la tibia y el peroné.

    De acuerdo a una demanda de indeminización que presentó el joven el día 26 de junio de 2015, los golpes que recibió le provocaron un daño físico severo diagnosticado como neuropraxia traumática del nervio peroneo lateral derecho, además paresia de la dorsi flexia del pie derecho y también compromiso del nervio tibial posterior derecho post traumática.

    En ese contexto, el documento señalaba que se le ha sometido a diferentes intervenciones tanto quirúrgicas como tratamientos médicos constantes. Como consecuencia de la brutal golpiza recibida tenía, y mantiene, tiene una discapacidad física del 55% según lo acreditado por el Servicio Nacional de Discapacidad.

    La sentencia contra los tres sujetos

    En el año 2017 los funcionarios de Carabineros fueron sentenciados. Después de cuatro años de investigación, el caso judicial había llegado a su fin.

    Según los antecedentes pronunciados por la Corte Marcial en esos días, los tres responsables Mauricio Tello, Jorge Marambio y Gastón San Martín fueron sentenciados, “por el delito de violencia innecesaria causando lesiones graves, cuya pena corresponde a presidio menor en su grado medio a presidio mayor en su grado mínimo”.

    El documento especificaba que, “dispuesto  en el artículo 170 del Código de Justicia Militar, se confirmó la sentencia apelada a Mauricio Tello a una pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo como autor del delito más la suspensión del empleo militar”. En tanto Jorge Marambio y Gastón San Martín quedaron condenados a 60 días de prisión en grado máximo y la suspensión de sus funciones en la institución.

    Tras conocerse la sentencia, la madre de Felipe, Janeth Núñez, había conversado con el diario El Ovallino. “Lo único que esperábamos era la verdad y justicia en esta causa. Esto marcó un antes y un después por la condiciones que quedó mi hijo, el quedó discapacitado y será de por vida. Lo único que esperábamos era que se aclararan los hechos y ahora después de cuatro años llegó sentencia, la hemos pasado muy mal como familia”. 

    Por otro lado, Delita Núñez tía de Felipe, indicó,  “ha sido una larga espera, una situación compleja, con mucho dolor para nosotros porque hemos tenido que acompañar a Felipe en un proceso muy difícil para él, ya que ha quedado con discapacidad”.

    En el caso se realizaron los sumarios y las investigaciones correspondientes a través de la Fiscalía Militar de La Serena, donde tiempo más tarde fue llevada a la Corte Marcial donde se logró el fallo en segunda instancia.

    Esta semana Diario El Ovallino contactó a los familiares para conocer su opinión respecto a la reciente sentencia de indemnización ordenada por parte del  Segundo Juzgado de Letras de La Serena, sin embargo, declinaron a hablar porque sostuvieron que aún no eran notificados al respecto.