Luego de que el día 12 de mayo de 2017, la imagen en que se aprecia la caída de una sección del peralte construido sobre el muro original del embalse Recoleta diez años, diera vuelta por todos los noticiarios a nivel nacional, rápidamente surgieron cuestionamientos en torno a la construcción que se había hecho, y si cumplía con la normativa requerida para estos casos.
De hecho casi inmediatamente, el entonces ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, anunció que ordenaría de forma inmediata una investigación al respecto para encontrar “a los responsables” de esta grave situación.
En efecto, así se hizo, y el mismo día del hecho, la Unidad de Fiscalización de la Dirección General de Aguas, DGA, inició la investigación para tratar de buscar una luz que al final del túnel, entregara las respuestas del por qué esta pared de 80 centímetros de alto, anexa al muro histórico del embalse se vino abajo, generando en su oportunidad, pánico en la población y preocupación en las localidades ubicadas ribera abajo por el fuerte aumento del caudal.
Es así, como hace algunos días, Diario El Ovallino tuvo acceso al informe final de la investigación, cuya resolución está fechada el 6 de octubre del año pasado, y firmada por el entonces director general de Aguas, Carlos Estévez Valencia.
Se trata de la resolución exenta número 2635, expediente FO-04-02-24, investigación que en su oportunidad, se abrió en contra de la Asociación de Canalistas del Embalse Recoleta, la cual fue acusada en primera instancia, de haber construido el peralte sin contar con las autorizaciones respectivas, según establecen los artículos 294 y siguientes del Código de Agua.
LOS DESCARGOS DE LA ASOCIACIÓN
Durante el proceso de investigación, la ACER entregó su visión al respecto.
Entre otros puntos, la asociación explicita que dicha obra hidráulica – el peralte – fue “debidamente informado a la Dirección General de Agua” el 26 de septiembre de 2006, en circular dirigida al propio director nacional de la DGA, y luego, el 12 de diciembre de ese mismo año, ingresado a la oficina provincial de la DGA Limarí.
Un punto a tener en cuenta, según los descargos de la ACER, es que el entonces jefe provincial de la DGA Limarí, Iván Jacob Dubó, realizó “la devolución a la organización de usuarios de los antecedentes del proyecto ya mencionado, sin tramitar la solicitud de aprobación”, pues explican en el informe “según el Manual de Normas y Procedimientos para la Administración de Recursos Hídricos” aquellas obras como la que pretendía realizarse sobre la pared del tranque “no están consideradas en la aprobación de este tipo de proyectos por parte de la Dirección General de Aguas, toda vez que este contempla la modificación de una obra de acumulación ya existente” según se afirma en el escrito.
En ese sentido, desde la asociación relatan que en la construcción del muro –“sin los permisos requeridos” según se expresa en el documento – se atuvieron “de buena fe a la legislación y normativa reglamentaria hasta la fecha”, pues el artículo 294 del Código de Aguas, aseguraban, “no contempla la modificación de obras hidráulicas existentes, sino sólo la construcción de las obras” señaladas.
LAS IMPUGNACIONES
En conformidad a lo anterior, el informe apunta sus dardos en contra del entonces jefe provincial de la DGA, Iván Jacob Dubó, acusando que hubo “un error manifiesto en la interpretación normativa vigente por parte del Sr. Jefe Provincial del Limarí, DGA, Región de Coquimbo”.
Sin embargo, en el informe también se establece que lo señalado por la ACER respecto a “la buena fe” de la normativa vigente, “es del todo improcedente”, pues se señala que, según el artículo 295, inciso 1° del Código de Aguas, la DGA “otorgará la autorización una vez aprobado el proyecto definitivo y siempre que haya comprobado que la obra no afectará la seguridad de terceros (…)”.
Además, se aduce que las condiciones técnicas que las obras deben cumplir para su concreción – según indica el ya nombrado artículo 294 – “abarcan tanto la fase de proyecto, construcción y operación de obras”.
En el documento también se indica que la DGA, a través de su Unidad de Obras Mayores, recibió la presentación técnica del proyecto de peralte realizada por la ACER, la cual sería previa a la ejecución de la obra, y que contendría una serie de observaciones que el organismo plasmó en su investigación.
La conclusión a la que se llega y que se expresa en el informe es que el peralte, que fue construido para aguantar un caudal estimado de 1.757 metros cúbicos de agua por segundo, no dio los resultados esperados, colapsando con un caudal mucho menor.
“La obra peraltada no habría cumplido con el criterio de diseño hidráulico propuesto en el proyecto presentado en el año 2006, vale decir, evacuar un caudal de 1.757 m3/s, por cuanto la falla de la estructura peraltada se habría producido frente a caudales vertidos del orden de 500 m3/s” sentencia el informe.
REPARACIÓN DE LA OBRA
De esta forma y una vez plasmadas las observaciones, en el documento se establece que la Asociación de Canalistas del Embalse Recoleta deberá presentar un proyecto de reparación total del peralte, para el cual se dio un plazo de 90 días para ser entregado a la DGA.
Al respecto, fuentes ligadas a la asociación señalaron que en efecto, este martes parte de la directiva de la ACER viajó a Santiago para presentar el proyecto de reparación, los estudios y el informe técnico correspondiente ante la DGA. Cabe destacar que la asociación había pedido ampliar el plazo original de 90 días, generándose una nueva solicitud para ello.
Dependiendo de la decisión final del organismo, se podría levantar o no, un nuevo muro, o bien solicitar nuevos estudios respecto al proyecto.