Hasta las dependencias de diario El Ovallino se dirijeron la mañana de ayer propietarios y trabajadores de distintos centros de entretenimientos o tragamonedas (como se les conoce popularmente) establecidos en la comuna, quienes hicieron ver su preocupación por el nulo avance en el diálogo con las autoridades para dar solución a la situación que los aqueja.
Los asistentes argumentan que pasado ya un mes de que el Concejo Municipal se reuniera para dirimir la derogación de la ordenanza municipal que los rige, no han recibido ninguna invitación formal para conformar una mesa de diálogo que defina su futuro y que les permita seguir operando en la ciudad.
La derogación de dicho documento fue planteada por la Oficina Jurídica del municipio y la Oficina de Rentas y Patentes de la misma entidad, quienes informaron de esta situación a los concejales de la comuna, bajo el argumento que dada sus características es ilegal y por tanto inaplicable.
En la sesión, celebrada el 12 de noviembre, siete de los ocho concejales se mostraron en contra de derogar la ordenanza y se inclinaron por darle una revisión junto a todos los actores, incluidos los comerciantes que aquel día se hicieron presentes con pancartas para conocer los resultados que definirían su futuro.
Es por este motivo -señalan- que la preocupación ha ido en aumento, pues muchos de ellos creen que esta problemática se está generando por el anuncio de la apertura del Casino de Ovalle en marzo próximo y se conoce la dura lucha que se ha gestado a propósito de esta situación en otras comunas del país.
Desde el municipio, el encargado de la Oficina Jurídica, Carlos Galleguillos, indicó que se tiene contemplado invitar a un par de representantes del rubro a participar de una reunión el próximo 17 de diciembre, así como también precisó que se entablaría una mesa con la presencia de personeros del nuevo Casino de juegos.
Pamela Aguilera, representante de “Tatán entretenimientos” indica que como empresarios formaron una asociación gremial y que se asociaron a otra de carácter nacional. Respecto al hecho en sí, plantea que las patentes están anuladas y que como empresarios están dispuestos a regirse por lo que les ordenen, pero que les permitan trabajar y regulen su actividad.
En tanto, trabajadoras extranjeras y madres solteras empleadas en este comercio, temen por perder sus fuentes laborales.