Comunas como Ovalle, Monte Patria y Río Hurtado reportan aumento de robos agrícolas por lo que han reforzado la vigilancia, instalado cámaras y coordinado rondas preventivas.
Una sensación de inseguridad se extiende por los caminos y predios del Limarí. Lo que antes eran hechos aislados, hoy se ha transformado en una preocupación constante: robos de transformadores eléctricos, bombas de riego, cableado y herramientas agrícolas que dejan a cientos de productores con pérdidas millonarias y faenas paralizadas.
El fenómeno, que en los últimos meses ha golpeado con fuerza a las zonas agrícolas de Llanos de la Chimba y Nueva Aurora, ha encendido las alarmas de los alcaldes del valle, quienes coinciden en que la delincuencia se ha desplazado hacia el mundo rural, aprovechando la menor presencia policial y la dispersión geográfica de las comunidades.
“EL DELITO SE TRASLADA DONDE HAY MENOS RESGUARDO”
El alcalde de Monte Patria, Cristian Herrera Peña, señaló que su comuna lleva años enfrentando esta realidad.
“Nos hemos reunido en varias ocasiones con los productores agropecuarios porque los robos de bombas, generadores y herramientas se hicieron recurrentes. Implementamos un circuito de cámaras en los accesos principales y coordinamos rondas preventivas con Carabineros, pero los delitos se van adaptando”, señaló.
El jefe comunal advirtió que, mientras se fortalecen los controles en las grandes ciudades, los delincuentes buscan nuevas zonas de operación.
“Cuando se aprieta en las grandes ciudades, el delito no termina, sino que se traslada. Por eso pedimos que, si hay programas de prevención urbana, también vengan acompañados de recursos para las comunas rurales, que muchas veces quedamos al margen”, añadió Herrera, destacando que el municipio ya cuenta con dos vehículos de seguridad pública y espera duplicar la flota el próximo año.
FALTA DE DOTACIÓN Y
TERRITORIOS EXTENSOS
En Río Hurtado, la realidad no es distinta. Los robos a sistemas de Agua Potable Rural (APR) y a huertos particulares se han vuelto frecuentes, afectando tanto a agricultores como a familias que dependen de los servicios básicos.
“Hemos tenido intentos de robo en APR y en predios donde sustraen bombas e implementos de riego. En estos dos años instalamos cámaras con recursos municipales y fondos concursables, pero necesitamos una política de Estado que proteja la ruralidad”, expresó la alcaldesa Carmen Juana Olivares.
OVALLE BUSCA UNA
ESTRATEGIA REGIONAL
La capital provincial tampoco escapa al fenómeno. Con 156 localidades rurales, Ovalle enfrenta un escenario complejo, donde los delitos afectan directamente la cadena productiva agrícola. El alcalde Héctor Vega Campusano afirmó que su administración ha hecho de la seguridad rural una prioridad absoluta.
“Hemos activado un plan de apoyo y coordinación específico, en base a que la seguridad pública en la ruralidad tiene necesidades distintas a la urbana y en ese sentido hemos aumentado la Vigilancia Preventiva, reforzando la presencia de la nuestros inspectores municipales, coordinando rutas y rondas específicas”, comentó.
El municipio ha puesto en marcha un plan especial de coordinación con Carabineros y la PDI, que incluye patrullajes focalizados, refuerzo de inspectores municipales y la instalación de nuevas cámaras de televigilancia en accesos rurales. Vega valoró además los resultados del OS9 de Carabineros, que logró desbaratar recientemente una banda dedicada a delinquir en el campo.
“En las distintas localidades existe una sensación de abandono y miedo, porque los robos no son solo un daño material sino que atentan a la tranquilidad del hogar de nuestras familias rurales”, enfatizó el alcalde.
UNA AMENAZA PARA LA
AGRICULTURA Y LA VIDA RURAL
El aumento de los robos no solo genera pérdidas económicas, sino que también afecta la producción agrícola, el empleo local y la estabilidad de cientos de familias campesinas. El robo de una bomba o un transformador puede paralizar semanas de trabajo y poner en riesgo las cosechas, especialmente en un valle marcado por la sequía.
Los alcaldes coinciden en que la seguridad rural debe dejar de ser un asunto secundario y transformarse en una prioridad estatal, con una mirada integral que combine prevención, vigilancia y apoyo directo a los municipios. Mientras tanto, las comunas del Limarí continúan reforzando sus medidas locales, intentando mantener a raya una delincuencia que ya cruzó los límites de la ciudad.