La Tesorería General de la República (TGR) confirmó que ya se han ejecutado embargos de bienes a más de 1.500 deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE). Esta medida judicial, según detalló el organismo fiscalizador, se concentra principalmente en personas que registran ingresos mensuales iguales o superiores a los $3.500.000, basándose en sus declaraciones de impuestos del Año Tributario 2025.
La ofensiva de cobro surge debido a la compleja situación de morosidad que arrastra el sistema. De acuerdo con el organismo, existen actualmente más de 550 mil personas que no han cumplido con sus compromisos financieros asociados al CAE. Ante este escenario de incumplimiento masivo, el Fisco debió activar las garantías estatales ante las entidades bancarias correspondientes, acumulando a la fecha un millonario desembolso que supera los $4 billones de pesos.
Frente a esta millonaria pérdida de recursos públicos, la TGR se encuentra ejecutando un plan de recuperación de fondos. El tesorero general de la República, Hernán Nobizelli, explicó que existen opciones de regularización previas a la instancia judicial. De hecho, detalló que durante 2026 más de 32 mil deudores han firmado convenios de pago adaptados a sus respectivas realidades socioeconómicas.
“Para ello hemos dispuesto alternativas que incluyen condiciones especiales para quienes tengan menores niveles de ingreso con el propósito de facilitar la regularización de estas obligaciones”, sostuvo la autoridad.
Sin embargo, para quienes no mostraron voluntad de pago tras las facilidades ofrecidas, la TGR endureció sus acciones. El organismo precisó que en aquellos casos sin respuesta por parte del deudor, se procedió a aplicar las medidas de cobro de la normativa vigente, llegando a los embargos de bienes. La institución remarcó que, aunque las primeras retenciones se enfocaron en el 5% de los deudores con ingresos altos, el proceso de cobranza continuará activo y no descarta futuras acciones administrativas y judiciales contra otros deudores que mantengan saldos pendientes.
Para los deudores del CAE que se encuentren cesantes, la TGR recordó que existe un mecanismo de protección. Aquellas personas desempleadas pueden acreditar su situación en la Oficina Virtual del servicio presentando su certificado de cotizaciones previsionales junto a su respectivo finiquito. Este trámite les permitirá acceder de manera excepcional a un pie y cuotas equivalentes a 1 UTM.
Finalmente, la TGR respaldó la legalidad de sus procedimientos al citar un reciente fallo de la Corte de Apelaciones de Arica, tribunal que rechazó un recurso de protección presentado en contra de la Tesorería, validando plenamente las facultades legales del organismo para realizar los cobros y embargos vinculados a esta deudat estudiantil.