La seremi del Trabajo confirmó que se revisarán contratos y condiciones laborales en establecimientos similares de toda la región, luego de que se detectara que un trabajador vivía sin contrato ni con medidas de seguridad en una bodega incendiada en la capital regional. Los municipios de Coquimbo y Ovalle también están en alerta.
El incendio ocurrido esta semana en una bodega de un mall chino de calle Cordovez, en pleno centro de La Serena, no solo dejó pérdidas millonarias, sino que reveló graves irregularidades laborales y comerciales. Según informó la PDI, el trabajador imputado por originar el fuego vivía en la bodega del recinto y no contaba con contrato formal, mientras que el administrador operaba sin documentación de compraventa del local.
Ante estos antecedentes, la seremi del Trabajo y Previsión Social, Monserrat Castro Cortés, confirmó que se activó una fiscalización inmediata para revisar las condiciones laborales de los trabajadores involucrados. Además, anunció que la medida se extenderá de manera preventiva a otros locales del mismo tipo en toda la región.
“Este tipo de hechos nos preocupa profundamente, ya que evidencian vulneraciones graves a la legislación laboral que no pueden ser toleradas. La Dirección del Trabajo reforzará las fiscalizaciones no solo en este recinto, sino también en otros establecimientos similares, para evitar que trabajadores operen sin contrato o residan en condiciones inseguras”, indicó la autoridad.
En La Serena, la alcaldesa Daniela Norambuena instruyó al municipio a realizar un catastro urgente de bodegas y mall chinos en el centro histórico, advirtiendo que se clausurará cualquier recinto sin autorización o que ponga en riesgo la seguridad.
MUNICIPIOS REFUERZAN
CONTROL INTERNO
En efecto, desde el municipio de La Serena, la alcaldesa Norambuena afirmó que “reforzaremos las fiscalizaciones y aplicaremos clausuras en caso de que no se cumpla la normativa. Es fundamental prevenir riesgos graves como incendios”, sostuvo, llamando también a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad.
En Coquimbo, el municipio informó que fiscaliza de manera constante los comercios en coordinación con la autoridad sanitaria, SII, Inspección del Trabajo y otros organismos, y que estas acciones se desarrollan durante todo el año. “Este trabajo colaborativo permite fortalecer la fiscalización y garantizar la seguridad de los vecinos y vecinas”, comentó Juan Diego García, director de Seguridad Pública. Sin embargo, reconocieron que hasta el momento no se han registrado casos similares al del mall chino de La Serena, dejando abierta la alerta sobre posibles irregularidades no detectadas.
En Ovalle, el alcalde Héctor Vega Campusano indicó que “la municipalidad tiene la responsabilidad de fiscalizar que toda la documentación del establecimiento esté al día. Esto incluye que se posea el permiso de edificación otorgado por el director de obras, así como el cumplimiento de todos los requisitos necesarios para obtener la patente comercial. Esta fiscalización constante la realiza la unidad de inspección de renta y patentes junto a la Dirección de Obras Municipales”, explicó.
“Por otra parte, la revisión de las condiciones en que se encuentran los trabajadores es una facultad derivada a la Dirección del Trabajo, siendo ellos quienes deben llevar a cabo la fiscalización de las condiciones laborales del personal que trabaja dentro del mall.
Adicionalmente, se verifica que los productos que se comercializan, especialmente si son eléctricos, cuenten con la certificación necesaria, ya sea por parte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) o cualquier otro organismo competente para la fiscalización de los artículos al interior del mall chino”, agregó Vega.
Las acciones del gobierno y los municipios se mantendrán activas durante las próximas semanas, mientras la Dirección del Trabajo extenderá operativos en toda la región para detectar eventuales casos de informalidad laboral, residencias clandestinas o vulneraciones a derechos de trabajadores extranjeros.
Y es que este episodio evidencia un modelo informal que opera a la vista de las autoridades, donde se combinan irregularidades laborales, carencias en la titularidad formal de los locales y riesgos de seguridad que podrían repetirse si no hay un seguimiento y control riguroso por parte de los municipios y servicios públicos.