Legisladores de oposición presentaron este miércoles en la Cámara de Diputados una Acusación Constitucional o juicio político para destituir al presidente Sebastián Piñera, tras las supuestas irregularidades en la venta de un proyecto minero desveladas en los Papeles de Pandora.
"Las causales de esta acusación constitucional son dos: una, porque el presidente ha infringido abiertamente la Constitución en relación al principio de probidad, y en segundo lugar, por comprometer gravemente el honor de la Nación", anunció el diputado socialista Jaime Naranjo, rodeado de representantes de todas las bancadas opositoras.
Para Tomas Hirsch, del izquierdista Acción Humanista, la acusación constitucional "marca un hito histórico" en Chile y fue presentada por "la oposición completa, unida, con convicción, con certeza, con responsabilidad y con todos los antecedentes en la mano".
"Tenemos que tomar decisiones pensando en Chile y no es soportable tener un presidente acusado de esta manera por delitos de corrupción", agregó el democristiano Gabriel Ascencio.
La acusación constitucional es un procedimiento contemplado en la ley chilena que faculta a los diputados a iniciar un juicio político contra una autoridad y puede desembocar en la destitución o la inhabilitación para ejercer cargos públicos del acusado.
Para que el mecanismo prospere, se requiere la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y el posterior respaldo de dos tercios en el Senado, institución que actúa como jurado y declara si el acusado es culpable o inocente de aquello que se le imputa.
Reacciones locales
Consultada sobre cómo se percibe desde la provincial la Acusación Constitucional al primer mandatario la vocera regional del Partido Humanista, Susana López, señaló que esta acción es una muestra de la “clase política gobernante”
“Esta acusación al presidente Piñera que se enmarca dentro de la investigación del Pandora Papers, donde también está acusado el presidente de Ecuador, devela solamente una clase política que está acostumbrada a ejercer un poder en beneficio personal sin importar traspasar aquello que legalmente está permitido. Esperamos que esta acusación lleve su curso y que de una vez por todas se apique un juicio, y un castigo como se debe y que sea el fin también de una clase política que se ha acostumbrado a la impunidad”, estimó López.
Por su parte el diputado por la Democracia Cristiana Matías Walker, adelantó que apoyara el curso de la acusación.
“Es bueno recordar que lo que hace la cámara de diputados es un examen de admisibilidad de la acusación, para que sea en definitiva el Senado el que resuelva como jurado respecto de la culpabilidad del presidente. En ese sentido, yo voy a apoyar la admisibilidad de la acusación Constitucional porque es evidente que puede haber una transgresión al principio de probidad y a la Ley de Transparencia de la Función Pública que señala expresamente que ninguna autoridad puede intervenir directa o indirectamente en cuestiones que pueden favorecerle económicamente a sí mismos o a un familiar”.
Aseguró que en este caso hubo un fondo de inversión que administraba el patrimonio de la familia del Presidente de la República, que suscribió el traspaso del Proyecto Minero Dominga, vinculado a una cláusula que hacía depender el pago a un acto del gobierno. “Y eso claramente transgrede la Ley de Transparencia y también el principio de probidad que está establecido en la Constitución”.
Destitución
En tanto el parlamentario por el Partido Comunista Daniel Núñez estimó que la acción derivará en la destitución del mandatario.
“Piñera pasará a la historia como el peor presidente electo que ha tenido Chile en toda su vida republicana, Debió haber sido destituido unos años atrás por las brutales violaciones a los Derechos Humanos que él amparó y ordenó como presidente en el marco de la revuelta popular del año 2019. Ahora debe ser destituido por estar involucrado en este escandaloso caso de corrupción que rodea todo lo que es Minera Dominga y por los evidentes intereses familiares y de sus amigos íntimos que tienen en este proyecto minero”.
Destacó que por eso es tan importante que en el país se combata la corrupción. “La corrupción es el cáncer que está enfermando la democracia y justamente necesitamos poner fin a la impunidad que tienen todas aquellas personas que tienen alto poder político económicos y más aún estos súper empresarios que se sienten impunes para hacer y deshacer sin que les pase nada”, puntualizó.
Espectáculo
Mientras tanto, desde la misma vereda del gobierno, el presidente del circuito 8 provincial de Renovación Nacional, Oguer Vicencio, estimó que la acción apunta más a una actividad electoral que a una judicial.
“Tienen que cumplirse los plazos y los requisitos dentro del congreso, pero no le vemos ninguna garantía de que eso vaya a terminar de alguna buena forma, porque el presidente ya ha declarado y ya ha manifestado su versión y que no tiene problemas al respecto y confiamos en la palabra del presidente. Yo creo que va a poner todos los antecedentes sobre la mesa”.
Refirió que la acusación sería parte de un “espectáculo” de izquierda que busca incomodar constantemente al gobierno.
“La izquierda está acostumbrada a presentar un sinnúmero de acusaciones contra el presidente, todas han terminado desvirtuadas. Hay que entender también que el presidente es un empresario y siempre estará bajo la lupa de la gente de izquierda que no está acostumbrada a tener un presidente empresario. Claro que puede haber situaciones que pueden rayar en los conflictos de interés, pero eso es un tema que tiene que resolver los tribunales, que son los encargados de sancionar. Este recurso no va a seguir avanzando, más encima dejaron a cargo a Florcita Motuda, así que no esperamos un buen término del caso”, apuntó Vicencio.
