La escasez hídrica que afecta a la región ha sido quizás, la principal condición que ha provocado los numerosos conflictos por el agua que hoy se viven a lo largo y ancho del territorio.
La fuerte sequía que está afectando a la región, sumado a la situación crónica de escasez hídrica existente, ha ido generando una serie de conflictos entre diversos actores del agro que han dificultado el normal desarrollo de la pequeña agricultura familiar campesina especialmente.
Los “conflictos por el agua” son por estos días, una de las situaciones que más agobian a los agricultores, y que quedan más evidentes cuando precisamente se conjugan la falta del vital elemento y las carencias de una infraestructura hídrica adecuada.
Un caso que se podría incluir en dicho escenario es el que está sufriendo la Comunidad Agrícola de Monte Patria que reúne a un total de 324 pequeños campesinos que hoy, además de sufrir por las pérdidas en sus siembras, hoy deben enfrentar un proceso administrativo y judicial en contra de la comunidad por el uso de aguas del río Ponio, el cual carece de una junta de vigilancia y del cual surgen 29 canales.
El problema está entre los dos últimos canales: el canal Viñitas –usado por la comunidad y cuya agua se obtiene por una quebrada que baja hacia el río– y el canal El Peñón – usado por la empresa - y que obtiene sus aguas de dos vertientes ubicadas aguas abajo de la toma del canal Viñitas. No obstante, el cauce del río Ponio se encuentra virtualmente seco y sólo en pequeños trayectos se obtiene agua desde las quebradas y vertientes que utilizan los canales.
En dicho contexto, la empresa Importadora y Exportadora COMPSAP Ltda. – que administra el fundo La Palma – presentó el pasado 20 de noviembre, un “amparo de aguas” en contra de la comunidad, acusando que ésta, debido a la construcción de una serie de obras para dirigir las aguas, impide el suministro normal del vital elemento hacia el canal El Peñón.
EL CONFLICTO
Pablo Barrantes, abogado de la comunidad explica que “ellos nos acusan de haber intervenido el río y haber hecho una especia de represa con piedras para que la agua no pasara para abajo. Pero eso es falso, porque en realidad, el Código de Aguas le permite a todos aquellos que tienen derechos de agua, a poder generar obras que conduzcan sus derechos de agua. Igualmente ellos también tienen obras en el rio para conducir sus aguas” sostiene.
No obstante, Barrantes explica que el problema surge debido a que entre las vertientes de donde la empresa toma su agua y donde se ubica la bocatoma del canal El Peñón, “hay cerca de 3 kilómetros de distancia donde se genera mucha perdida” sostiene el abogado, pues dicha agua “se la roban otras personas, porque se evapora o se absorbe en el lecho del río, más aún cuando el agua no es conducida con un revestimiento por ejemplo, que impida que el agua, que se va dividiendo en pequeños brazos, se infiltre en la tierra”.
Sobre las obras en el río, Barrantes indica que “siempre ha existido. Hay un registro de 1992 de la DGA, que es el órgano público que fiscaliza el uso de aguas, en donde hay un reconocimiento de esta conducción de agua”.
GRAVE SITUACIÓN HÍDRICA
Para el abogado de la comunidad, este caso representa en su opinión personal “una lucha entre David y Goliath”, en donde “los grandes son esta empresa junto a otros agricultores de Flor del Valle contra estos pequeños agricultores. Son empresas grandes que sobreexplotan un área con grandes superficies y que pretenden seguir plantado grandes predios, pero con la escasez hídrica que existe, al final los que terminan siempre perjudicados son los pequeños agricultores”.
En ese sentido, Pía García, presidenta de la Comunidad Agrícola de Monte Patria, que reúne a más de 300 campesinos, explica que estos problemas siempre “se generan cuando hay mucha escasez de agua. Hay empresas o cualquier persona la verdad, que generan estos amparos que son alcances legales para intervenir un río”.
La preocupación de esta dirigenta es que como comunidad no están preparados para que se intervenga el río Ponio, pues “no tenemos revestimiento de canales”.
Sin embargo, aclaró que “no estamos en contra de nadie. Pero sí queremos exponer la grave situación que vivimos, más cuando ahora existe una política de desarrollo rural. Pero se carece todavía de una gestión hídrica integral en toda la región, y por eso, requerimos que la política de desarrollo rural tome en cuenta estas situaciones, porque el tema de la falta de agua es transversal”.
MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS
Desde el ejecutivo, el gobernador Darío Molina explicó que mantuvo reuniones con ambas partes, en donde les reconoció que como gobierno, no tienen participación en los procedimientos judiciales del caso, pero que su preocupación es “el tema global de la escasez hídrica en la zona, y que estábamos trabajando junto a la DOH, la DGA y la Comisión Nacional de Riego, para ir generando soluciones que sean a mediano plazo”.
En ese sentido, la autoridad destacó la aprobación de una inversión de 4 mil millones de pesos, producto de un convenio entre el CORE y la CNR, y que busca invertir en los próximos 2 años “en revestimientos de canales e instalación de geomembranas en la zona. Estos proyectos van a ir especialmente destinados a situaciones como la del rio Ponio”.
Molina señala que “lo que le planteamos (a los agricultores) es que vamos a incorporarlos a estos proyectos que implican financiar el revestimiento y entubamiento de canales para que ellos logren recuperar hasta un 40% del agua que hoy día se pierde por infiltración o evaporación”.
Además, señaló la primera autoridad provincial, es que más allá de este conflicto puntual “nuestra preocupación como gobierno, con la CNR, con la DOH, es buscar nuevas fuentes de agua. Y si bien la prioridad es el agua potable para bebida, tampoco hemos dejado de preocuparnos de los problemas con el riego, pues nuestra gente puede quedarse sin sus cosechas producto de la falta de agua”.
