Por Diego Guerrero y Omar Aguirre
Persiste la preocupación en la comuna de Ovalle tras conocerse la baja y posterior formalización ante la justicia de siete funcionarios de Carabineros, quienes, según apuntan las indagatorias, habrían mentido en partes policiales relacionados a producción y tráfico de drogas.
Por parte de la institución, el mensaje a la ciudadanía fue categórico en el sentido de remarcar que quienes cometan actos de corrupción “no tienen cabida” en las filas de la policía civil. “Así tengan que irse siete, diez o quince, lo que sea necesario, no vamos a aceptar manzanas podridas en Carabineros”, declaró en esa línea el general director, Ricardo Yáñez.
Las palabras del Alto Mando han encontrado el respaldo de dirigentes comunales y de la autoridad de Ovalle, aunque asumir la baja de siete uniformados, deja en ellos una preocupación no menor: la merma en las ya escasas fuerzas policiales de un territorio extenso y con una realidad delictual compleja, como lo es Limarí.
PIDEN QUE SEAN REEMPLAZADOS
El alcalde de Ovalle, Jonathan Acuña, señaló que reprocha “absolutamente” el proceder de los ahora ex policías, cuya participación en estos delitos está en manos de la justicia. “Esperamos que se actúe con ellos con el máximo rigor de la ley, como debe ocurrir con cualquier persona”, agregó.
Sin embargo, también reconoció que “esto (las bajas) nos genera un problema a nivel comunal, en cuanto a la cantidad de dotación policial”.
El jefe comunal indicó que la escasez de funcionarios en Carabineros “ha sido tema desde hace bastante tiempo”, hecho que llevó a generar un refuerzo en coordinación con el Ministerio del Interior, para disponer de 23 nuevos carabineros.
“Con eso ya se nos hacía insuficiente poder llegar a los diferentes puntos de la comuna, tanto en el sector rural como en los cuatro cuadrantes que tenemos. Con estos siete carabineros dados de baja, la cosa hoy es un poco más difícil”, recalcó.
En ese sentido, Acuña dijo esperar que “dentro de su propia estructura, Carabineros pueda reemplazar a estos funcionarios con nuevo contingente porque nos dejan, de alguna forma, desamparados con ciertas coberturas que pudiésemos tener”.
Consultadas, dos dirigentes vecinales concordaron en que, para la ciudadanía, es una preocupación mayor.
“Es lamentable, con la inseguridad que estamos viviendo y quedarnos con siete carabineros menos. Nadie espera que Carabineros se preste para tal corrupción. Esperamos que repongan los funcionarios dados de baja por la falta de ellos que tenemos”, indicó Patricia Alfaro, presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Ovalle.
Por su parte, Rossana Barrera, dirigente de la Junta de Vecinos de Ovalle Centro, lamentó el retroceso en cuanto al aumento de carabineros que se había conseguido en el último tiempo. “En todos lugares se requiere de carabineros y por eso, realmente, es un ‘problemazo’ que tengamos siete carabineros menos”.
La dirigente indicó que “la ciudadanía tiene que manifestarse y pedir personal suficiente para Ovalle y todos sus alrededores”.
COSA DE CONFIANZAS
Patricia Alfaro, de la Unión Comunal, indicó que “es muy lamentable” lo sucedido en Ovalle e indicó que “se pierden las confianzas en quienes, se supone, nos protegen de la delincuencia y el narcotráfico”. En el mismo sentido, Rossana Barrera, dirigente del centro, afirmó que el actuar de los imputados “desprestigia a esta tan loable institución”.
Por su parte, el alcalde Jonathan Acuña sostuvo que desde que su equipo asumió la gestión municipal “hemos tenido un apoyo muy estrecho por parte de Carabineros”, a través de convenios y colaboración permanente.
Asimismo, si bien agregó que “este tipo de noticias efectivamente nos manchan un poco el actuar de cada uno de los diferentes actores responsables de velar por la calidad de vida de los propios vecinos”, recalcó que no existe, de su parte, un juicio a la institución y tampoco desconfianza.
“Vamos a seguir llevando a cabo un trabajo de colaboración, porque ha dado resultados y la gente lo valora, se siente segura”, indicó.
¿FALTAS O DELITOS?
La investigación del caso recién continúa y si bien la Fiscalía formalizó a los siete involucrados, pidiendo medidas cautelares, los defensores sostienen que se tratan de faltas administrativas y no delitos.
De acuerdo a los antecedentes del caso, los hechos se remontan al mes de marzo, cuando seis de los siete involucrados participaban de unabúsqueda por presunta desgracia.
En el operativo, en el sector de Punilla, descubrieron 1.850 plantas de cannabis, cuya incineración fue autorizada por el Juzgado de Garantía.
Sin embargo, luego se detectaron142 plantas cortadas y sin quemar, ocultas en un corral, además de 67 plantas vivas, escondidas en un segundo corral.
Según detalló el Ministerio Público, los siete imputados concurrieron 20 días después al mismo sector, por una presunta desgracia de la misma persona que buscaban antes, lo que resultó ser falso. Las cámaras de la Tercera Comisaría revelaron que a su salida, los funcionarios iban con armas, cascos y chalecos antibala, lo que no se condice con un operativo por presunta desgracia.
Los hechos están siendo investigados desde la arista de falsificación de instrumento público, para lo que el Juzgado de Garantía fijó un plazo de 120 días para las indagatorias.
