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La PDI ha detectado un aumento de las plantaciones de cannabis en el sector precordillerano de la provincia, por parte de bandas dedicadas a la producción cada vez mayor de droga para comercializar en la zona centro y sur del país. En los últimos dos años han existido siete grandes operativos

Por: Diego Guerrero

Cada crimen en las zonas más apartadas de los valles de la región, genera una nueva alerta.

El sábado pasado, impactó el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre de 47 años, herido de bala y con quemaduras, a metros del punto en que se encontraba un vehículo, completamente incinerado. El hecho se registró en los alrededores de San Pedro de Quiles, comuna de Punitaqui, donde, al igual que en otros sectores de la región, el crimen se ha recrudecido.

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Si bien el hecho y el móvil del homicidio son materia de investigación, por la forma de comisión del delito y basándose en antecedentes de ilícitos de la Ley 20.000 en los registros de la misma víctima, se ha presumido un asesinato relacionado con el narcotráfico, arista que toma peso también dentro de las indagatorias que realiza la Policía de Investigaciones (PDI) para dar con los autores, que se mantienen a la fuga.

Como este crimen, varios son los casos policiales que han mostrado el alto poder de fuego de las personas involucradas en el negocio ilícito de las drogas, que de vez en cuando dejan fallecidos por quitadas, enfrentamientos e incluso persecuciones policiales. Un caso anterior, recordemos, fue el de un hombre abatido por carabineros en Peña Blanca, en medio de un operativo vinculado al mismo fenómeno en la provincia.

El narcotráfico en Limarí ha ido en aumento, al igual que sucede en Choapa, según los análisis de la PDI. En los últimos dos años, la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado ha ejecutado siete grandes procedimientos, que han cerrado extensas investigaciones y han permitido sacar de circulación importantes cantidades de droga, y han propiciado detenciones.

“En los últimos años, las plantaciones de cannabis y la comercialización de esta droga han ido en un claro aumento. Hemos tenido varias investigaciones, con grandes resultados, algunos históricos para esta brigada”, confirma a El Día el comisario Roberto Sepúlveda, de la Brigada Antinarcóticos de La Serena.

Producción, cada vez más sofisticada

La producción de cannabis en la Región de Coquimbo, así como su comercialización a la zona centro y sur del país, es un hecho. Incluso, está en conocimiento de las autoridades, que han incluido este preocupante antecedente en proyectos de ley que buscan mejorar las herramientas para perseguir a estas bandas (ver recuadro).

Un factor relevante en este escenario, indican desde la PDI, fueron las restricciones de movilidad propias del estallido social y la pandemia, que dificultaron el traslado de sustancias desde países del norte, como Bolivia, como era común hace algunos años. El cierre de fronteras debido a la crisis sanitaria, llevó a traficantes de droga instalados en Chile a poner sus ojos dentro del mismo país, lo que llevó -entre otras razones- a aumentar la cantidad de plantaciones en las zonas más alejadas de la ruralidad de las provincias de Choapa y Limarí.

La región es propicia para la producción de esta droga, por condiciones geográficas y climatológicas, para su cultivo, cuidado y cosecha.

Pero, ¿en qué pie está entonces el narcotráfico en la zona hoy?

El comisario Sepúlveda ejemplifica el escenario con los ajustes a los mismos operativos que realiza la PDI en la materia. “Antiguamente, existía el Plan Cannabis. Se llegaba con un helicóptero y se cortaban las plantas, pero no se determinaban estructuras criminales ni se detenían a los líderes, sino más bien a cuidadores”, indica, cosa que ha cambiado en el último tiempo.

El detective señala que las plantaciones han crecido, pero no en extensión, sino en número. Claro, plantar más hectáreas podría significar ser descubierto con mayor rapidez, por lo que las organizaciones criminales que operan en la región han ido complejizando su estructura y generando cada vez más puntos, apartados unos de otros, para no hacerlos muy “llamativos”. También, han ido subiendo cada vez más a la cordillera.

“Se alejan de los sectores urbanos, con la finalidad de evadir a la policía para que no pueda llegar a esos lugares. Mientras más a la cordillera, más control tienen, porque cualquier vehículo desconocido les genera una alerta”, agrega el comisario Roberto Sepúlveda.

Por otro lado, sostiene el policía, las bandas han ido aumentando el poder de fuego, lo que ya no solo se caracteriza por el uso de armamento de grueso calibre, sino que también por explosivos. Estos son usados en las plantaciones de cannabis tanto para cavar espacios en los que acopiar la droga obtenida, como para instalarlas en los caminos a la plantación, a modo de seguridad.

Todo lo anterior, ha hecho que la PDI también complejice su trabajo. De esta forma, el Plan Cannabis, con el que se erradicaban plantas en temporada de cosecha, se ha debido profundizar en grandes investigaciones, más cuidadas, y cerradas con operativos coordinados y reforzados con personal de otras brigadas de la región y del país, algunas -naturalmente- especializadas en la detección y el manejo de explosivos y otras en la irrupción.

Una de las grandes investigaciones de la PDI en la provincia de Limarí ha sido “Manto Verde”, que se dividió en tres etapas y logró decomisos importantes: Manto Verde III logró decomisar 269 kilos de cannabis, llegando a un total de 750 kilos en toda la investigación, que en el mercado ilícito habría generado ganancias por 3.750 millones de pesos.

La última y más grande fue “Amanecer” investigación que culminó en un operativo en que se incautaron dos toneladas de droga y se detuvo a 11 personas, parte de la estructura delictual.

Las organizaciones criminales, explica el comisario, tienen “roles bien definidos”, lo que, de por sí, es una agravante a la hora de cometer delitos y también una característica ya instalada en el tráfico de drogas en la región en los últimos tres años.

En la estructura común existe un financista; cuidadores, que también se encargan del cultivo; encargados de logística y transporte de la droga; y por último “testaferros”, que inscriben a su nombre las ganancias y propiedades obtenidas del comercio ilícito, para que no figuren a nombre de sus dueños y de esta forma, los “líderes”, que mantienen operativa la estructura, no sean descubiertos y el negocio pueda seguir operando.

Sin enfrentamientos

Con base en este nuevo escenario, el actuar de la PDI ha debido incorporar diversas técnicas de inteligencia, que por razones obvias no se pueden detallar, pero que han logrado -hasta ahora- contener el problema y seguir capturando bandas criminales sin mayores contratiempos. Así, pese al poder de fuego, se ha evitado llegar a enfrentamientos y las capturas han sido sin bajas y con amplios medios de prueba para presentar a la Fiscalía, que sigue la siguiente etapa, de persecución penal.

“Muchas veces se resisten, pero el trabajo de inteligencia previo logra que determinemos cada punto donde ellos pueden repeler y los mantenemos controlados. En la Brigada Antinarcóticos de La Serena, al menos, hasta el momento no ha habido ningún enfrentamiento en los últimos años”, sostiene Sepúlveda.

Las indagatorias en la provincia continúan y se ha logrado en este escenario de crecimiento del narcotráfico, capturar a los miembros de al menos cuatro grandes bandas. Hay en este momento indagatorias que siguen su curso y podrían tener prontos resultados.

 

Hoy en tabla

A raíz del crecimiento del narcotráfico, tanto en la Región de Coquimbo como en otras zonas del país, la Cámara de Diputados presentó un proyecto de ley que modifica diferentes cuerpos legales para mejorar la persecución del narcotráfico y el crimen organizado. La iniciativa busca también regular el destino de los bienes incautados y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción de consumidores.

El proyecto de ley, que figura con “suma urgencia”, se encuentra en tabla para ser revisado por el Senado el día de hoy, con segundo informe de la Comisión de Seguridad Pública e informe complementario de la Comisión de Hacienda.

Cabe indicar que el proyecto se encuentra en segundo trámite constitucional.

 

 

 

 

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