Impacto causó la desvinculación de la institución de siete carabineros de la Tercera Comisaría de Ovalle, hecho que fue confirmado por el propio organismo policial a través de un comunicado difundido este miércoles.
Si bien, en ese instante se desconocían mayores detalles de los motivos de estas bajas, en el comunicado publicado por Carabineros se detalló que los ex uniformados “habrían incurrido en fallas procedimentales y acciones que revisten carácter de delito”, razón por la cual se inició inmediatamente una investigación sumaria y su desvinculación de las filas policiales.
“Carabineros reitera, tajantemente, que no tolerará ninguna acción que se aparte de los principios de legalidad y doctrina institucional. Quienes lo hagan, no tienen cabida en la institución y enfrentarán a la Justicia”, se afirma en el texto.
FORMALIZACIÓN
De esta forma, durante este jueves, se llevó a cabo el respectivo control de detención de los ahora ex policías, ocasión en la que el Ministerio Público dio a conocer mayores detalles sobre los presuntos delitos.
En concreto, el 7 de marzo de este año, seis de los siete involucrados llevaban a cabo un operativo de búsqueda de una persona desaparecida, a raíz de una denuncia por presunta desgracia.
En medio de este operativo, al llegar al sector de Punilla, los uniformados descubrieron 1.850 plantas de marihuana, cuya incineración, fue autorizada por el juez de garantía.
Pese a ello, producto de un accidente, sólo se llevó a cabo la quema de 743 plantas, quedando en el lugar 1.107 que no fueron incineradas, según el parte policial de ese día, procediendo a su quema al día siguiente.
Para ello, cuatro funcionarios se quedaron durante la noche en el lugar, procediendo a su incineración - según se establece en un segundo parte - a la mañana siguiente, junto a otros dos policías.
No obstante, según informó la Fiscalía, si bien, la Sección de Asuntos Internos de Carabineros (Saicar) confirmó la realización de una incineración, también descubrió 142 plantas de marihuana cortadas y sin quemar ocultas en un corral, además de una bolsa de nylon que contenía cogollos en su interior.
A eso se sumaban 67 plantas de marihuana vivas, escondidas en un segundo corral.
Según detalló el Ministerio Público, días más tarde, el 27 de marzo, los siete imputados, en el marco de una denuncia por presunta desgracia, concurrieron al mismo sector en donde se encontraron las plantas de marihuana.
Sin embargo, según se estableció en el parte de ese día, dicho procedimiento terminó con la detención de seis personas que portaban armas y drogas.
No obstante, según la investigación de la Saicar, lo informado en ese parte policial no era efectivo, revelando que dicho operativo se habría originado tras una conversación telefónica entre uno de los carabineros implicados con un lugareño del sector de Punilla, quien le habría alertado que estos individuos habían ingresado al lugar de la plantación para sacar matas de marihuana.
Asimismo, las cámaras de la Tercera Comisaría de Ovalle registraron el momento de la salida de los uniformados, quienes iban con armas, cascos y chalecos antibala, situación que no se condice con un operativo por presunta desgracia.
Por ello, el Ministerio Público formalizó a los ex uniformados por el delito de falsificación de instrumento público.
“El 7 y 8 de marzo no se realizó la quema total como debía hacerse, dejando plantas en el lugar, incluso plantas vivas y cogollos. El 27 de marzo hay un nuevo procedimiento dado que uno de los funcionarios tenía contacto con un lugareño. Concurren al lugar nuevamente, con el origen del nuevo parte policial señalando que van por una presunta desgracia del mismo sujeto que estaban buscando anteriormente, lo que era falso, porque efectivamente, fue por una llamada telefónica”, aseguró el fiscal a cargo de la investigación, Rodrigo Gómez del Pino.
“Sin importar quién sea el que comete el delito, nosotros tenemos que llevar adelante la función de la Fiscalía. En este caso se trató de funcionarios policiales, pero si son civiles, obvia- mente, de la misma forma vamos actuar. Nadie está por sobre la ley, y en esas condiciones estos señores debieron haber actuado a derecho y conforme a la ley, y también con la probidad que les corresponde por ser funcionarios públicos”, agregó.
En ese sentido, el fiscal solicitó 120 días para la investigación, y la medida cautelar de arraigo nacional, lo que fue aceptado por el juez Darío Díaz.
“El tribunal conforme a la petición del fiscal, quien solicitó arraigo nacional y un plazo de investigación de 120 días, y no existiendo oposición de todos los abogados de los imputados, entonces se accedió a la medida cautelar. Los imputados van a quedar con prohibición de salir del país”, declaró el magistrado.
DEFENSA
Los imputados por el caso están representados por distintos abogados defensores.
Uno de ellos es José Mclean, quien aseguró que su representado es inocente. “El fiscal solamente formalizó por una falsificación, en donde erróneamente ellos ponen otros elementos que a lo mejor no fueron los correctos, pero eso es todo, nada más. En estos 120 días de investigación nosotros pretendemos demostrar la inocencia de nuestro representado”, apuntó.
En la misma línea declaró otro de los abogados defensores, Carlo Silva. “El procedimiento puede eventualmente dar cuenta de unas infracciones de tipo administrativas. Todo proceso tiene la posibilidad de que en él haya errores informales, pero en ningún caso estos errores pueden constituir delitos. Entonces creemos que lo que ha traído el Ministerio Público al tribunal son eventualmente infracciones administrativas, pero detrás de esto no existen tipos penales. Nosotros vamos a insistir en la absolución de nuestro defendido”, indicó.
En esa línea, ambos abogados sostienen que sus representados deben ser reincorporados a Carabineros. “Si nosotros probamos en definitiva que aquí no existen delitos, y que puedan existir eventualmente algunas menores infracciones de tipo administrativo, podrían ser objeto de una sanción, pero de ninguna manera la destitución del cargo”, apuntó el abogado Silva.
