El domingo 5 de junio se vivió un trágico accidente en avenida David Perry con Pedro Aguirre Cerda, cuando una camioneta con cinco ocupantes chocó contra un poste del sector, provocando la muerte de dos ocupantes del vehículo, ambos menores de edad.
El conductor de la camioneta (quien también tenía menos de 18 años) fue formalizado por el Ministerio Publico, por el delito de conducción en estado de ebriedad, sin licencia de conducir y con resultado de dos fallecidos.
En ese entonces, el imputado quedó con arresto domiciliario total y arraigo nacional. Posteriormente, el jueves 24 de agosto, se llevó a cabo una audiencia de revisión de medidas cautelares, aunque el panorama no cambió, ya que el juez estimó que faltaban antecedentes para permitir que el estudiante volviese a clases, como lo solicitaba la defensa.
No obstante, este martes 7 de noviembre se desarrolló una nueva audiencia, en donde el abogado defensor reiteró una vez más su solicitud de cambiar las medidas cautelares, apelando a que el menor tenía derecho a retomar su educación.
En esta oportunidad, el juez Luis Muñoz Caamaño sí accedió a la petición, ordenando que el imputado quedase con arresto domiciliario parcial, es decir, se le permitirá salir de su domicilio entre las 06:30 y las 19:00 hrs.
“La ley Emilia acá no se aplica, porque es una ley adulta, acá prima la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que tiene medidas de intervención y que busca reinsertar socialmente a un joven infractor. El encierro es la última de las posibilidades, pero aun estando encerrado se le debe asegurar la educación, porque la educación es el vehículo más importante de reinserción social. Por lo tanto, lo que pide el abogado defensor resulta totalmente razonable y compatible con los fines de la Ley Penal Adolescente”, argumentó el magistrado.
“Esta es la única ley de nuestro país que señala cuáles son sus objetivos, lo dice explícitamente en su artículo 20, la responsabilización y reinserción, y como dije antes, la educación es el principal vehículo de reinserción social”, agregó.
PROTESTA EN CONTRA
Cabe destacar que el fiscal del caso, Jaime Rojas Maluenda, se opuso al cambio de medida cautelar. En paralelo, en las afueras del juzgado se congregó un gran número de familiares y compañeros de las víctimas, quienes con carteles pidieron justicia para los dos menores fallecidos.
Uno de los apoderados del colegio de las víctimas lamentó la determinación del juez de otorgar arresto domiciliario parcial, ya que no le parece justa, “mi hijo se vio bastante afectado física y psicológicamente por este accidente. Me parece que la resolución del magistrado es equivocada. El argumento que dio a conocer en la audiencia es que el niño tiene derecho a la educación, que es lo que estaba solicitando la defensa, por tanto resolvió dar el visto bueno para que el niño tenga esa libertad. Obviamente eso es complicado. Nos parece fuera de lugar lo que otorgó el magistrado”, sostuvo.
Hay que destacar que en medio de la audiencia, Carabineros resguardó el orden y seguridad en la vía pública, y no es para menos, ya que familiares del imputado y las víctimas se enfrascaron en más de alguna discusión que afortunadamente no pasó a mayores.
POSIBLES AMENAZAS
Una situación no menor que fue denunciada por las familias son posibles amenazas hacia los compañeros de las víctimas, y así fue destacado por un apoderado, “hay una tremenda preocupación de los alumnos y apoderados, por cuanto ha habido algunas amenazas dirigidas a algunos alumnos, entonces hay una preocupación por las amenazas que pudiesen seguir sucediendo y pueda afectar la integridad de los niños”.
Al respecto, desde Fiscalía manifestaron estar investigando para verificar la efectividad de esos hechos.
DATO A CONSIDERAR:
La identidad del imputado ha sido reservada, en consideración de que se trata de un menor de edad.
