Desde las 8 de la mañana de este martes 13 de junio se desarrolló un desalojo en la población Ariztía, en un terreno que desde hace años está en conflicto.
En el lugar ha habitado la familia Araya Gallardo, quienes aseguran ser propietarios del lugar, a través de una herencia. Por otro lado, la Empresa Urbana Río Limarí Limitada declara que el terreno le pertenece a ellos desde el 2010.
En este contexto, la empresa acudió a la Corte Suprema, logrando que en 2018 se ordenara el desalojo del lugar.
“Este es un lanzamiento del lote 3 y 4. Existe un juicio en el primer juzgado de Ovalle, que es la causa 219 del 2014, donde todas las personas de acá tuvieron la oportunidad de reclamar, y a pesar de todo lo que ellos presentaron, aún así les dijeron que ‘no’. El 2018 salió una orden para el lanzamiento que tiene validez. En su tiempo se intentó hacer el lanzamiento, no se pudo hacer por ‘X’ motivo de las autoridades, pero no porque la gente de acá fuese el dueño”, explicó la receptora judicial Carolina Cortés Ormeño.
Asimismo declara que tras el primer intento de desalojo en 2018, no se volvió a proceder durante todos estos años por la pandemia, pero que eso no significa que la orden pierda validez.
“Después vino la pandemia, y esa fue la razón por la que no se pudo hacer el desalojo, porque era imposible ocupar el personal y realizar una diligencia así, y por eso se fue alargando el tema. El tribunal dijo que el oficio está vigente, y eso es lo que estamos haciendo ahora”, sostuvo.
PROCESO SIN INCIDENTES
El procedimiento de desalojo contó con el resguardo de alrededor de 50 carabineros, contando con apoyo de personal COP (Control de Orden Público).
Durante las largas horas no se registraron mayores incidentes, salvo algunos reclamos por parte de algunos integrantes de las familias, acusando que esto sería una injusticia para ellos.
“Personal de Carabineros de la Prefectura de Limarí procedió a prestar la fuerza pública para la receptora, en cumplimiento de un mandato judicial de lanzamiento, por una toma que hay en el sector, lo que consiste en retirar las especies. Nosotros estamos dando la cobertura policial. La diligencia se está realizando con normalidad y tranquilidad, no hay alteraciones graves al orden público”, sostuvo el comandante de Carabineros, Gabriel Riquelme.
“Tenemos un camión lanza agua, pero no ha sido utilizado, porque la gente está de manera tranquila. No ha habido necesidad de disuasivos químicos para ir en contra de algún manifestante o alguien que esté oponiéndose a la acción. Siempre habrán versiones opuestas, a la cual nosotros no podemos pronunciarnos, porque está judicializado. Nosotros solo tenemos que dar cobertura para que la receptora judicial efectúe su trabajo”, complementó.
DESAZÓN FAMILIAR
Más allá de que el procedimiento se haya efectuado sin inconvenientes, los familiares no escondieron su disgusto por lo ocurrido, ya que aseguran son los propietarios del terreno.
“Estamos muy afectados como familia, no tengo palabras para lo que está pasando, hemos peleado por más de 6 años con este mismo tema. Encuentro que es injusto lo que está pasando, a nosotros nos están robando este terreno. Esta empresa se presentó en 2010 y demandaron a mi primo diciendo que esto era un toma, pero él es uno de los herederos del terreno, esto no es un toma”, indicó Jeanette Tello Gallardo, una de las representantes de la familia afectada.
“Están siendo desalojados todos de acá, pero ¿a dónde van a dormir?, no tienen otro lugar donde vivir. Yo en este momento me hago la fuerte, pero por dentro estoy llorando”, agregó.
La familia asegura estar asesorada por abogados, por lo cual esperan seguir tomando cartas en el asunto. En este sentido, parece ser que la problemática aún no será del todo esclarecida.
