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La empresa agrícola Hacienda Manantiales aseguró que la clausura de tres de sus pozos lo habría hecho la DGA de manera irregular, toda vez que esperan una resolución de la Corte de Apelaciones. En tanto, desde la entidad fiscalizadora señalaron que el procedimiento responde a la negativa de la empresa de detener la extracción irregular de agua detectada en una revisión anterior

Tras haber recibido una denuncia desde marzo del año pasado, y efectuado visitas y fiscalizaciones previas, la mañana de este martes funcionarios de la Dirección Regional de Aguas del MOP junto a Carabineros, clausuraron tres pozos en la parcela número 22 que mantenía la Sociedad Agrícola Hacienda Manantiales, presuntamente de manera irregular.

La medida se habría tomado, según resolución de la DGA, por presunta extracción de aguas no autorizadas y obras no autorizadas en cauces, en la localidad de Santa Cristina.

Ante tal situación, el propietario de la Sociedad Agrícola Hacienda Manantiales, Ernesto Ried Undurraga, expuso su versión ante El Ovallino indicando lo que a su juicio habría sido un procedimiento viciado por parte del organismo fiscalizador.

“La acción de la DGA fue irregular, porque teníamos un Recurso de Reconsideración que está en la Corte de Apelaciones de La Serena. Así que mientras este recurso no se falle por parte de la Corte de Apelaciones no se deberían aplicar las medidas como si estuvieran ejecutoriadas. Esto no está ejecutoriado. La corte está estudiando la situación, y va a decidir que sí, que tenemos derecho a tener agua porque yo tengo derechos inscritos desde hace 30 años, en el mismo acuífero”, aseguró Ried.

Aseguró y mostró las solicitudes presentadas a la DGA para que autoricen el cambio del punto de captación del agua, documentos presentados en junio de 2021 y enero de 2022, sin que hasta la fecha, asegura Ried, tengan respuesta de las mismas.

“Los cambios de punto de captación los habíamos solicitado en junio del año pasado y en enero de este año, pero incluso desde antes. Porque tuvimos que regularizar en el Juzgado de Ovalle los derechos de agua que tenemos desde hace 30 años, donde nos revisaron todos los antecedentes y eso va a un catastro que tiene la Dirección General de Aguas. Tenemos derechos de agua vigentes, entonces no estamos haciendo uso irregular al sacar el agua de esa lagunita. Ellos consideran que esta fue una extracción de agua de un pozo, pero estos no son pozos profundos. Pero da lo mismo porque yo tengo derechos de agua, aunque sean pozos profundos, porque puedo pedir el cambio de captación de un lado al otro. Y la DGA debió haber aceptado eso, por la Ley de Aguas. La irregularidad viene de la DGA al no querer otorgar el cambio”, criticó el agricultor.

Ajustado a derecho

En tanto, desde la Dirección General de Aguas, reiteraron que en la fiscalización realizada por sus funcionarios, se encontraron tres pozos utilizados para la extracción de agua subterránea, sin autorización y sin derechos de aprovechamiento de agua en esos puntos en específico, y que por lo tanto esos tres puntos no están autorizados para extraer agua.

Reconocen que la empresa presentó los descargos de que tienen derechos de aprovechamiento de agua, pero de otros puntos que estarían alejados varios kilómetros de la ubicación de los pozos fiscalizados.

Señalaron desde la institución que lo que correspondía era que la empresa fiscalizada iniciara la tramitación de un cambio de punto de captación, el cual se le negó porque no se hizo como corresponde: ya que iniciaron los trámites haciendo la publicación, sin antes haber avisado a la institución.

Según el marco legal vigente, el procedimiento no lo realizó de manera correcta para lograr el cambio en el punto de captación.

Destacaron que tras una fiscalización anterior, el servicio emitió una resolución en la que le aplica una multa a la empresa, y además le ordena detener inmediatamente la extracción no autorizada de agua desde esos tres puntos, y esa orden que sale de la resolución del servicio no tiene otra opción más que detener la extracción de manera inmediata.

Se puede presentar un recurso que de ser aceptado se podría iniciar de nuevo la extracción, pero hasta tanto no se presente ese caso, se debe acatar la resolución de la fiscalización.

Tras un plazo prudencial, se realizó una nueva visita (la del martes) y al verificar que no se había detenido la extracción en esos puntos, es cuando se solicita el auxilio de la fuerza pública para deshabilitar el punto de captación hasta tanto la empresa lo pueda regularizar, señalaron desde la institución adscrita al MOP.

 

 

 

 

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Diario El Ovallino