Con una agenda que le llevó primero a reunirse con dirigentes vecinales y sociales, y luego con alcaldes de la provincia, el subsecretario de Transporte, Cristóbal Pineda Andradez, estuvo este martes en Ovalle recogiendo impresiones y planteamientos en cuanto a la movilidad pública, llevándose una gran exigencia casi al unísono: La necesidad de fiscalizar a los transportistas.
Dirigentes de la comuna tuvieron así la oportunidad de plantear algunos de los problemas puntuales y generales con respecto a transporte público, buscando mejorar la calidad del servicio público.
Tras la reunión, efectuada durante la mañana de este martes en la Delegación Presidencial Provincial, la autoridad nacional explicó a El Ovallino algunos de los alcances de la misma.
“Lo que nosotros venimos es primero a escuchar, que es una de las cosas que nos mandata el presidente y con la cual nosotros estamos muy de acuerdo dentro del Ministerio, y de hecho va a ser nuestro sello, pero también venimos a plantear soluciones, y en ese sentido lo que queremos hacer tanto en la conurbación capital como en Ovalle es avanzar en regulación del transporte público mayor, en buses. Hoy día nosotros no tenemos un sistema de transporte regulado en la región, es algo que nos preocupa, y por eso nuestro primer viaje fue precisamente para acá a la región de Coquimbo, porque queremos avanzar en mayor regulación de tal manera que nos permita a nosotros como Ministerio exigir cierto nivel de servicio y cierta calidad a los distintos operadores que trabajan en la zona”, señaló Pineda.
Adelantó que lo que el Ministerio de Transporte puede hacer es habilitar un subsidio buscando tener sistemas de transporte púbico “mucho más amables, inclusivos y que permitan una mejor calidad de vida a todos los habitantes de las localidades de la región”.
-Una de las mayores exigencias de los usuarios es la de las fiscalizaciones. ¿Hacia dónde apuntan las fiscalizaciones en una región y una provincia con sistemas privados de transporte?
“Justo eso lo mencionamos en la reunión con los dirigentes vecinales y sociales. ‘Fiscalización’ fue la palabra que más se repitió en la reunión, y al no tener sistemas regulados de transporte, para nosotros es imposible hacerlo, porque así nos mandata a ley: regular o tratar de exigir cierto nivel de servicio y fiscalizar eso. Hoy día el transporte de pasajeros remunerado está sujeto a un decreto en el cual son los operadores los que declaran su tipo de operación (trazado, frecuencia, flota) pero fuera de eso a nosotros nos mandata la ley a Fiscalizar esos servicios. Para eso también sirve la regularización de los servicios, porque nosotros no podemos fiscalizar cuando ello ocurre. Hoy día nosotros no tenemos esas atribuciones ni las competencias, pero sí as vamos a tener prontamente, en el mediano plazo, cuando tengamos esta regulación del transporte público.
-¿Qué herramienta es necesaria entonces? ¿Un decreto presidencial o una Ley del Congreso?
“Son procesos competitivos, procesos abiertos de tal manera que nosotros ponemos ciertas condiciones de operación, y ponemos un monto de subsidio, tras el cual los operadores que están interesados en poder operar esos servicios se ciñan a esas condiciones de operación y tienen que cumplir esas exigencias. Si no las cumplen, obviamente nosotros podemos fiscalizar, aplicar multas sanciones, según sea el caso. Pero todo eso está en el contexto de la regularización del transporte público, que es una cosa que hoy día no tenemos pero que sí vamos a tener en el mediano plazo”.
-¿Se han planteado alguna fecha para tener esa atribución?
“No nos podemos comprometer con fechas específicas, lo que sí puedo decir es que esto es un esfuerzo que nosotros estamos haciendo como Ministerio, dentro del período de cuatro años. Son procesos que demoran en la parte administrativa y que además dependen mucho de lo que nosotros podamos levantar con otras instituciones, por ejemplo con el Ministerio de Hacienda para la obtención de los recursos, con los municipios y los gobiernos regionales para poder afinar las bases de licitación, así que son procesos que toman tiempo en su maduración. Pero sí estamos avanzando en eso dentro de nuestra gestión en estos cuatro años. Por eso digo que son soluciones de mediano plazo. Sí o sí, las vamos a tener dentro de los próximos cuatro años, pero no quisiera comprometer plazos específicos en esta etapa”, puntualizó el subsecretario.
