La ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Dobra Lusic (al centro), acompañada por el ministro de Justicia, Hernán Larraín, acudió este miércoles a exponer al Senado.
Propuesta por el Presidente Sebastián Piñera dentro la quina presentada por la Corte Suprema para ocupar la vacante que quedó en el máximo tribunal, luego de la salida del ex ministro Milton Juica el año pasado, la actual ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Dobra Lusic compareció este miércoles ante la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, para exponer sobre su trayectoria y responder ante las preguntas de los senadores, tal como establece la ley.
En efecto, la legislación exige que tras la presentación de la magistrada, la comisión se pronuncie y recomiende a la Sala del Senado el aprobar o rechazar la candidatura de la magistrada para ingresar al máximo tribunal del país, votación que se daría la próxima semana.
Sin embargo durante su intervención de casi dos horas, la magistrada expresó su molestia por una serie de cuestionamientos que la prensa ha sacado a la luz, ocurridos durante su trayectoria en el Poder Judicial.
Molesta, señaló que “hay que regular la prensa, los medios de prensa, o sea no pueden en este país seguir ocurriendo lo mismo. No puede ser que cuando una persona llega a un momento tan trascendente, importante de su vida, que es la culminación, sea objeto de gestiones de esta clase, con un ensañamiento, con una virulencia despiadada”.
FRASE DESAFORTUNADA
Al finalizar la sesión, Lusic aclaró que cuando se refirió a “regular la prensa”, hablaba de “la propia regulación que la prensa tiene que hacer en cuanto al control ético que tiene que tener”.
Sin embargo, desde los medios de prensa, Colegio de Periodistas y la Federación de Medios de Comunicación Social de Chile criticaron las palabras de la ministra, calificando sus dichos como “desafortunados”.
Este último organismo señaló en un comunicado público que las palabras de la ministra “han sido consecuencia de una reacción a los cuestionamientos públicos por su candidatura y que no ha medido las consecuencias de las mismas, y la invitamos a recurrir a los mecanismos y normativa ya existente para hacer valer sus derechos”.
Al mismo tiempo, se asegura que dichas declaraciones “han generado preocupación en todos quienes defendemos la libertad de prensa, pues un miembro tan importante del Poder Judicial como la ministra, debiera saber que esta materia ya está regulada a través de la Ley 19.733 sobre libertades de opinión y ejercicio del periodismo que establece, entre otras cosas, los mecanismos a través de los cuales quien se sienta afectado por una publicación pueda presentar acciones contra el medio”, subraya la misiva.
“Ello sin considerar la existencia del Consejo de Ética de los Medios de Comunicación, entidad de autorregulación de reconocido prestigio, ante el cual pueden canalizarse las denuncias por infracciones éticas en materia periodística”, cierra.
Desde el ámbito local, el presidente del Colegio de Periodistas Región de Coquimbo, Claudio Torres, recordó que “hace una semana atrás, celebrábamos el Día Internacional de la Libertad de Expresión y la Libertad de Prensa, por lo tanto, es muy contradictorio, lo que es una tendencia mundial, con esta frase de la ministra, mas allá de sus competencias y cualidades profesionales”.
Torres señaló que “todos estamos expuestos a ser investigados. Qué más está decir sobre lo que está pasando en (la Corte de Apelaciones de) Rancagua, donde fue la prensa la que dio a conocer estos antecedentes y la Corte Suprema empezó a tomar medidas sobre probidad y transparencia”.
¿ESTRATEGIA?
El profesional asegura que estas opiniones resultan de todo inentendibles, si no es porque se debieran contextualizar “respecto a que si se hacen para caer bien o quedar en gracia con algunas instituciones” señala Torres.
En efecto, la presidenta nacional del Colegio de Periodistas, Margarita Pastene, en declaraciones a Diario La Segunda, señalaba que la frase de Dobra Lusic “puede ser una estrategia para poder ser elegida y congraciarse con ciertos oídos que quisieran restringir y poner atajos a la prensa”, como algunos senadores que han sido objeto de investigaciones por parte de los medios de comunicación a raíz de situaciones de corrupción o conflictos de interés en los que se han visto envueltos.
Al respecto, el presidente regional del Colegio de Periodistas, Claudio Torres, señaló que “estamos conscientes de nuestro trabajo, de la labor que ejercemos, de la influencia que podemos tener en la ciudadanía, pero nadie nos puede venir a regular”.
Por último, y dado que la magistrada es propuesta por el ejecutivo, desde el gobierno tomaron distancia de las declaraciones de Lusic. A nivel regional, el seremi de Gobierno, Ignacio Pinto, aseguró que "nuestro gobierno es y seguirá siendo partidario de la más absoluta libertad de prensa. Creo que ésta, junto con la libertad de expresión, son derechos importantes y que, en consecuencia, garantizar su libre y pleno ejercicio es una condición esencial de toda democracia”.
“Sin embargo” señaló “claramente, esta libertad debe desarrollarse con responsabilidad y con especial apego a la verdad, a la ética y a la protección de otros derechos, como la honra de las personas” aseguró.
Cuestionamientos
La postulación de la magistrada Dobra Lusic a la Corte Suprema ha estado marcada por diversos cuestionamientos, como su nexo y fallos a favor de las Isapres, su relación con un operador político a nivel de tribunales para lograr supuestamente su nominación al Poder Judicial en septiembre pasado, y su fallo en una causa civil a favor del Banco de Chile, pese a estar inhabilitada desde 2016 por la propia Corte Suprema para participar de dicha instancia por tener vínculos comerciales con la entidad, han sido algunas de las polémicas.
Además, se le cuestiona que en su calidad de presidenta del tribunal de alzada, en noviembre de 2018, agrupara y derivara las causas que involucraban al ex administrador de la campaña de Piñera, Santiago Valdés, y al ex subsecretario Pablo Wagner a la 11° Sala (tributaria), lo que terminó con el sobreseimiento definitivo de quien fuera acusado por emisión de boletas falsas en el marco del caso Penta.
